Castilla y León promueve la participación de las organizaciones sociales en política

«Las democracias tienen que ampliar el espacio y la participación de la sociedad civil y reducir el espacio de la política», afirmó ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago–Juárez.

Por este motivo, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Ley del Diálogo Civil. Una norma que pretende fomentar la participación de las asociaciones y de los ciudadanos a través de tres pilares: la participación de la sociedad civil en la elaboración de normas, estrategias, planes y programas; las iniciativas ciudadanas y las consultas populares no refrendarias.

Así, esta norma «responde» a uno de los compromisos del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera: regular el diálogo civil –que pretende ser «ágil y dinámico»–, que se suma, concretó el vicepresidente, al diálogo político, al diálogo institucional y al Diálogo Social. «Estos cuatro son los pilares que sujetan a la democracia y una seña de identidad del presidente», expresó De Santiago–Juárez, quien también aseguró que el diálogo está «en el ADN» de Juan Vicente Herrera.

«Es un diálogo para la acción, para la resolución de problemas», sentenció el vicepresidente. Este Proyecto de Ley supone «un paso más» para «ampliar el espacio» de la sociedad civil desde el comienzo de la elaboración de una norma hasta el final y la evaluación de la ejecución de la ley.

De Santiago-Juárez afirmó después del Consejo de Gobierno que únicamente existe una ley similar a esta en el País Vasco, aunque solo atañe a las organizaciones sociales, mientras que el Proyecto de Ley de la Junta de Castilla y León abarca a todo tipo de asociaciones.

DIÁLOGO CIVIL.

El diálogo civil existe ya, puesto que las asociaciones ciudadanas colaboran con el Ejecutivo autonómico a través de Gobierno Abierto. Pero este Proyecto de Ley contempla «reforzar» el diálogo con la sociedad civil.

De esta forma, las 240 organizaciones sociales presentes en los 30 órganos de participación de la Junta de Castilla y León recibirán un impulso en estas instituciones, puesto que hasta ahora «solían intervenir solo al final de los procesos y de forma un tanto rígida».

Además, será obligatorio contar con la participación de las asociaciones para la elaboración de normas de rango de ley, estrategias, planes, programas de la Junta y en la evaluación de las políticas públicas, especificó el vicepresidente.

En el marco del diálogo civil también está previsto que se alcancen acuerdos, aunque no es el objetivo de este Proyecto de Ley. «Un proceso de diálogo civil sobre la elaboración de una norma no acabará con un acuerdo, sino con una norma elaborada en la que han participado, desde el principio y de forma muy dinámica, las organizaciones de la sociedad civil», asegura la Junta.

De Santiago–Juárez afirmó que, a pesar de no estar regulado, sí ha habido pactos civiles en Castilla y León en asuntos como la violencia machista o el carácter público del Sistema de Salud. La Junta también creará una Plataforma del diálogo civil «que supondrá un aumento de la transparencia», donde estará toda la información relativa al trabajo de los órganos de participación y diálogo civil.

INICIATIVAS CIUDADANAS .

Esta es una iniciativa que nunca se ha planteado en España, la figura de la iniciativa ciudadana. Un mínimo de tres personas físicas –mayores de 18 años y residentes en Castilla y León, independientemente de su nacionalidad– o una organización podrán presentar un texto completo de la norma reglamentaria o del plan que propongan y una memoria justificativa. Un texto que la consejería correspondiente admitirá a trámite y remitirá a las organizaciones sociales. Si recibe el apoyo de 4/5 partes de las asociaciones, la norma continuará su trámite. «No es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP )», sentenció el vicepresidente de la Junta, puesto que el filtro serán las organizaciones de la sociedad civil en lugar de las 25.000 firmas que se necesita elevar proposiciones de ley a las Cortes de Castilla y León a través de ILP autonómica.

A pesar de que la iniciativa puede ser promovida por un mínimo de tres ciudadanos –mientras no sean procuradores, miembros de Ayuntamientos o altos cargos de la Administración– o una organización de ese ámbito, la Junta «podrá introducir las modificaciones necesarias».

CONSULTAS POPULARES .

El vicepresidente insistió en que estas consultas populares no se parecen «en nada» a un referéndum. Primero, porque las autonomías no tienen estas competencias y segundo, porque estas consultas estarán dirigidas a un determinado colectivo.

No se realizará una votación, sino que las consultas se desarrollarán de forma telemática. «Los técnicos me han garantizad que es muy fácil tenerlo controlado», afirmó poco antes de ejemplificar estas consultas con una votación de las ampas sobre si debe haber deberes en casa. La Junta «tendrá en cuenta» el resultado de la consulta.

MÁS ACUERDOS DEL CONSEJO

Enoturismo.

Subvenciones de 150.00 euros a las Rutas del vino de Toro, Arlanza y Enoturismo en El Bierzo para que consigan la certificación como ruta del vino de España en el caso de Toro y para mantenerla en Arlanza y El Bierzo.

IES José Luis López Aranguren de Ávila.

241.836 euros para contratar los servicios de portería y control de acceso en el IES José Luis López Aranguren de Ávila.

Transporte de viajeros desde Ávila y Segovia a Madrid.

Concesión directa de subvenciones a La Sepulvedana, R. J. Autocares y La Veloz S. A. por valor de 803.795 euros.