El juzgado cita en el caso del Mundial de Ciclismo a dos ediles que no estaban

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, atribuyó ayer a un «desafortunado error de transcripción» la citación como investigados de los concejales de Deportes, Roberto Mendo, y de Cultura y Turismo, María Antonia Gancedo, dictada por una providencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada que se ocupa del caso relacionado con el Mundial de Ciclismo celebrado en septiembre de 2014 en la capital berciana, informa Ical.

La regidora avanzó que los servicios jurídicos del Consistorio presentarán «hoy mismo» -por ayer- un recurso de reforma para evitar la comparecencia de los ediles en sede judicial.

Al respecto, la providencia del juzgado llama a declarar como investigados a Mendo y Gancedo, además de a tres miembros del anterior equipo de Gobierno bipartito -Sergio Gallardo, Emilio Cubelos y Fernando Álvarez-.

La actuación es consecuencia de la denuncia presentada por la plataforma Cuentas Claras por presunta prevaricación y malversación de fondos en la organización de la prueba deportiva. Las citaciones, previstas para el próximo 17 de julio, también alcanzan a otra decena de personas que declararán como testigos.

En ese sentido, Fernández Merayo subrayó, en referencia a los dos ediles llamados a declarar, que «estas personas nunca estuvieron en la gestión del Mundial». «Tiene que tratarse necesariamente de un error clarísimo por parte del juzgado en cuanto a la identificación de las personas responsables en la gestión del Mundial», abundó la regidora, que remarcó que «de todos es conocido que ellos dos entran a formar parte del Ayuntamiento en junio de 2015 y de la Fundación en septiembre de ese año». «Espero y confío que ni siquiera tengan que ir a declarar», avanzó la regidora, que lamentó que «esto es el mundo al revés».

En la misma línea, la alcaldesa recalcó que la prueba deportiva se empezó a preparar en 2011 y se celebró en 2014, por lo que los dos concejales no pudieron tener «ninguna intervención» en la gestión de un Mundial que trajo «muchos quebraderos de cabeza a la ciudad», remarcó Fernández Merayo, que destacó que la primera denuncia por la gestión «irregular» de la pruba se registró en mayo de 2015, «antes de que fueran concejales». Según la tesis del equipo de Gobierno, ese «error de identificación» se debe a que en el ejercicio de 2015, donde aún se registraron pagos correspondientes al Mundial, hubo en el Ayuntamiento de Ponferrada dos corporaciones distintas.

En cuanto a los argumentos por los que considera que la providencia es «nula de pleno derecho», Fernández Merayo remarcó que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «alguien tiene que pedir que se investigue a estas personas y nadie lo ha hecho jamás, ni figuran en ninguno de los múltiples escritos relacionados con el asunto que obran en poder de la autoridad judicial».

Igualmente, la regidora subrayó que la providencia «no se ajusta a la legalidad» y está «dictada de forma irregular», ya que «la consideración de investigado se tiene que resolver con un auto y aquí no hay auto que lo sustente diciendo por qué tienen que ir». En esa línea, la alcaldesa de la ciudad consideró que la citación puede provocar la vulneración de derechos recogidos en la Constitución, así como una situación de «indefensión» para los concejales afectados, «contra los que nunca se ha formulado acusación ninguna», remarcó. En el mismo sentido, Fernández Merayo se preguntó «cómo puede el juez citarles a declarar sin que haya motivos, si nadie les acusa» y defendió la «honradez fuera de toda duda» de los dos ediles afectados.