Tres de cada diez pensiones necesitan una inyección ‘extra’ para llegar al mínimo legal

Cobran lo mínimo de lo mínimo. Sus ingresos podrían ser incluso inferiores si no fuera porque el Estado completa cada mes su prestación con dinero de los impuestos generales con el objetivo de garantizarles, al menos, que perciban la pensión mínima que se estipula de forma anual para cada modalidad y situación familiar concreta.

175.748 castellanos y leoneses forman esa legión de pensionistas (jubilados, viudos, huérfanos, incapacitados de forma permanente...) que no ‘han cotizado’ lo suficiente como para generar, ni siquiera, el derecho a ganar ese mínimo de pensión y, para compensar, reciben de forma mensual lo que se denomina «complementos a mínimos».

Eso significa que, según los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, prácticamente tres de cada diez pensiones contributivas que se perciben en Castilla y León (el 28,82% para ser exactos en el mes de mayo) son subvencionadas para que lleguen al mínimo legal.

Todos ellos reciben de media al mes un ‘extra’ del Gobierno de 211,39 euros mensuales. Esa cuantía multiplicada por el número de beneficiarios conlleva un desembolso mensual de más de 37,1 millones de euros.

El volumen de perceptores en Castilla y León, cuatro puntos superior al promedio de España, aúpa a la Comunidad hasta la séptima posición en el ranking nacional. La razón, tal y como explica uno de los portavoces de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en Valladolid, Jesús Isabel, está en la gran cantidad de autónomos agrarios que tiene la Comunidad con bajas o inexistentes cotizaciones.

Obedece también al mayor volumen de viudas, a los bajos salarios de Castilla y León –especialmente en el caso de las mujeres y en el sector servicios–, a la destrucción de empleo en los años de crisis y a la prejubilación de mayores de 55 años que conlleva una reducción en sus cotizaciones.

En cualquier caso, la situación de Castilla y León no alcanza los niveles de Extremadura, donde casi la mitad de sus pensiones se tienen que complementar con impuestos. Ni siquiera el 38,90% de Castilla-La Mancha. Pero se aleja mucho de ese 11,97% de vascos que está en la barrera de mínimos, o de ese 16,38% de madrileños.

A ojos estadísticos, el cobro de complementos se ha ido reduciendo. En 2013 se puso fin a una curva ascendente que se intensificaba año a año hasta situarse en los 197.114 pensionistas con pensiones mínimas, mínimas. En ese momento, necesitaban un complemento el 33,33% del total de pensionistas de Castilla y León. Hoy esa cifra se ha rebajado en cuatro puntos y medio.

Sin embargo, Jesús Isabel augura un aumento futuro. «Cada vez se va a necesitar más el complemento». Y se va a necesitar porque la esperanza de vida cada vez es mayor, sobre todo en el caso de las mujeres. «Si la población mayor es mujer, y su trabajo no ha sido visibilizado, si su cotización es un 33% inferior al del hombre y su pensión mínima está 200 euros por debajo de la de ellos.

A esto Justo González, asesor en la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT, añade el hecho de que el aumento de los contratos parciales impedirá a muchos trabajadores llegar a la jubilación habiendo cotizado los 35 años requeridos para cobrar el 100% de su pensión.

Son, sin duda, las mujeres quienes mejor conocen esta fórmula. La mayoría cobran una pensión como beneficiarias de un tercero, tradicionalmente su marido, y son minoría quien tiene reconocida una pensión propia derivada de su carrera profesional, ya que ellas se incorporaron más tarde al mercado laboral. Todo ello tiene un inmediato reflejo en las cuantías de las pensiones finales, hasta el punto de que seis de cada diez perceptores de ese complemento tienen nombre femenino (106.419), frente a 69.326 de ellos.

La brecha de género es evidente. El 36% de mujeres necesitan complementar su pensión, mientras que en el caso de los varones esta circunstancia se limita al 21,92%. Otra prueba. Mientras que en los hombres el importe medio que precisan para ajustar sus ingresos es de 181,89 euros/mes, en las mujeres asciende a 230,6 euros/mes.

Aunque los jubilados conforman el grueso de los pensionistas en la Comunidad, los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señalan que son las pensiones por viudedad las que precisan de más apoyo para conseguir ese mínimo establecido en la ley. Así, el 28,64% de las viudas cobran un complemento que de media se pone en los 258,43 euros mensuales. La nómina global asciende cada mes a 15,5 millones.

Frente a ese porcentaje, un 25,62% de los jubilados también ve cómo su nómina recibe un complemento directo procedente de los impuestos. y no de las cotizaciones, en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Este colectivo percibe un promedio de 194,26 euros al mes, lo que supone un gasto global de 19 millones de euros mensual por parte del Estado.

En los extremos figuran el 51% de los huérfanos que requieren de ese complemento (149 euros) y el 10,59% de las personas que tienen declarada una incapacidad permanente. Ellos ingresan 152 euros de media como complemento.

Las diferencia entre los distintos regímenes son más que notables. Los complementos a mínimos son, sobre todo, habituales entre los autónomos. Ellos, con frecuencia, «han cotizado por la base mínima durante toda su vida activa y eso se ve reflejado en el montante de su pensión final», explica González, quien lamenta que se «haya extendido la cultura de que cuanto menos se pague a la Seguridad Social, mejor».

Así, nada menos que cuatro de cada diez autónomos (el 44,86%) necesitan de esa inyección económica para ‘ajustar’ sus ingresos cuando pasan al ‘retiro’. Son 86.179 en total. La cuantía media que pone el Estado cada mes para pagar estos extras asciende a 18,2 millones de euros. Cada uno de los 86.179 autónomos castellanos y leoneses que están en esta situación cobran de forma mensual 212 euros por parte del Estado.

De todos aquellos que están inscritos en el régimen general, el 23,46% percibe un complemento que, de media, asciende a 210 euros.

Si en España la realidad es muy heterogénea, en la Comunidad. La realidad social y económica de Zamora le convierte en la provincia castellana y leonesa que más necesita el complemento de mínimos. El 44,15% de sus pensiones reciben un balón de oxígeno. Le sigue Ávila. Allí el 41,69% son subvencionadas. Por encima de la media autonómica se sitúan Salamanca y Segovia.

Por el contrario, son Valladolid y Burgos las provincias de la Comunidad con menor proporción de pensiones subvencionadas. La cifra no llega al 22,7%. Muy próximo también se coloca León, con un 23,81%.

La llegada del Gobierno de Pedro Sánchez no permite ser optimista al portavoz de la Coordinadora Estatal, que el próximo 30 de junio se constituirá la coordinadora autonómica, ya que, según asegura «el PSOEya hizo una mala política cuando en 2010 aprobó la reforma laboral». Por eso augura una «continuación de las movilizaciones de los pensionistas» para reclamar la derogación de aquella reforma y de la de 2012, la jubilación a los 65 años, la eliminación del tope de cotizaciones a los salarios más altos, la desaparición del pacto de estabilidad, entre otras reivindicaciones.

Con mejores ojos ve la Federación la llegada del PSOE al Gobierno, máxime cuando, según destaca González, Octavio Granado se vuelve a hacer con las riendas de la Seguridad Social.