El portavoz desautoriza a Merayo al romper la disciplina de voto del PP
Mientras los ‘populares’ de Ponferrada apoyan pedir un informe a los técnicos para saber qué hacer con el contrato de las basuras, Roberto Mendo se alía con la oposición para abstenerse
El portavoz Roberto Mendo.-EL MUNDO
La crisis en el gobierno municipal de Ponferrada vivió ayer un nuevo y sorprendente capítulo. Otro más. En el pleno extraordinaro dedicado a decidir si se debía solicitar un informe interno de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento sobre la posible readjudicación del contrato de basuras –que el TSJ tumbó en 2016– hubo sorpresa en las votaciones.
El portavoz Roberto Mendo, también concejal de Medio Ambiente, desautorizó a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, y rompió la disciplina de voto del partido.
Mientras el PP votó a favor de pedir un nuevo informe a los técnicos, esta vez interno –a la vista del documento externo que recomendaba «la renuncia del contrato» en vez de la readjudicación del servicio que pretende llevar a cabo la regidora–, Mendo se alió con la oposición, desobedeció a su partido y se abstuvo. Por lo que la situación sobre el contrato que agrupa los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimientos queda bloqueada.
Así, la propuesta de un nuevo análisis de los técnicos contó únicamente con el apoyo de los populares y del portavoz del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo.
El asunto volverá a tratarse en una sesión ordinaria programada para la próxima semana.
Sin embargo, estos retrasos provocados por la votación de ayer obligan a la alcaldesa a pagar una multa de 150 euros al día a partir del jueves, a tenor de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El TSJ obligó a la administración, en un fallo datado el 22 de junio de 2016, «a retrotraer el procedimiento al momento de la valoración de las ofertas presentadas», que en su día fueron FCC, a quien se adjudicó, y Urbaser, quien recurrió y a quien ahora quiere readjudicar la alcaldesa ponferradina, tras la sentencia que exige volver al punto de partida de la adjudicación del contrato de basuras y conservación de parques y jardines de Ponferrada.
Merayo pretende readjudicarla a pesar de que el informe externo concluye que lo menos oneroso para las arcas municipales sería renunciar al contrato. El perjuicio económico de esa readjudicación rondaría, según publicó este diario, a decir de algunas fuentes, los 10 millones en concepto de indemnización a las empresas que se encuentran en el proceso.
Durante el turno de intervenciones del plenno extraordinario, los grupos políticos señalaron la «urgencia» con la que los responsables del Consistorio abordan un asunto que ha estado prácticamente paralizado durante dos años.
En ese sentido, varios portavoces relacionaron esas urgencias con la multa de 150 euros diarios que la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, deberá empezar a pagar por no dar cumplimiento a la sentencia del TSJ, informa Ical.
En la misma línea, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, acusó a la regidora de querer «socializar la responsabilidad», mientras que la portavoz accidental de Ciudadanos (Cs), Ruth Santín, le afeó que con esta solicitud pretenda «jugar al escondite».
Desde Ponferrada en Común (PeC), el portavoz, Miguel Ángel Fernández, insistió en la conveniencia de municipalizar el servicio, mientras que el portavoz de Coalición por el Bierzo (CB), Pedro Muñoz, se mostró partidario de readjudicar el contrato a Urbaser, como persigue la alcaldesa.
El portavoz de USE Bierzo y alcalde de la ciudad cuando se firmó el polémico contrato, Samuel Folgueral, no hizo uso de su turno de palabra en ninguna de las dos ocasiones, pero fue la alcaldesa quien cerró las intervenciones. «No estamos a favor ni en contra de ninguna empresa, estamos en contra de este contrato que no es bueno para Ponferrada, para la ciudadanía ni para los trabajadores», señaló Fernández Merayo.