Luz verde para la consulta de los documentos sobre la Guerra Civil

«Más que un despropósito es una desvergüenza». Las redes sociales se hacían eco desde hace días de la exacerbación que invadía el ámbito de la investigación tras caer bajo llave documentación que durante décadas había sido de libre consulta. Desde principios de abril, cuando el Ejército de Tierra tomó el testigo de la gestión del Archivo General Militar de Ávila, el acceso a los fondos relacionados con la Guerra Civil Española estaba limitado, con veto para documentos con la marca de ‘secretos’ o ‘reservados’.

La repercusión mediática en contra de esta decisión lograba ayer su efecto y el Ejército de Tierra hizo pública su rectificación. «En consecuencia, los fondos documentales seguirán disponibles para su consulta en las mismas condiciones que hasta la fecha», informaron en una nota de prensa.

Los interrogantes que planeaban sobre esta decisión llevaron a Izquierda Unida a poner sobre la mesa del Congreso de los Diputados una serie de preguntas. «La documentación de este período (1936-1939) que tiene marcas de ‘secreto’ o ‘reservado’, hasta ahora de libre acceso, no podrá ser consultada ni reproducida, según ordena el Instituto de Historia y Cultura Militar en contra del criterio de los profesionales archiveros», rezaba el escrito enviado al Ejecutivo central.

La diputada que lo suscribe, Eva García Sempere, explicó ayer a EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN que el motivo de su iniciativa parlamentaria residía en «la incorporación de manera retroactiva de la Ley de Secretos Oficiales, que sobre todo ha afectado al Archivo General de Ávila».

Desde Izquierda Unida advierten un «problema general» en estos organismos dado que la «falta de recursos humanos» hace que se vean obligados a «cerrar o limitar sus horarios» de apertura. «Han empezado a restringir muchísimo, e incluso vetar, el acceso a determinada información», concretó la diputada, añadiendo que en el caso abulense les sorprendía «la clasificación como secretos de archivos que hasta ahora no lo eran».

García Sempere matizó que algunos de esos documentos se podían consultar desde 1939. «Si en aquel momento y durante toda la dictadura no han estado sujetos a ningún tipo de veto, no entendemos los motivos por los que ahora se aplica la Ley de Secretos», sentenció antes de conocer la rectificación. Así, Izquierda Unida quiso poner sobre la mesa «lo absurdo de una medida de este cariz» cuando se lleva «tantísimos años pudiendo acceder» a este tipo de documentos históricos.

La primera duda que planteó la formación al Gobierno era si pensaba «levantar el secreto y permitir que la gente siga con sus investigaciones». Un interrogante que se disipó con el comunicado del Ejército de Tierra. Asimismo, García Sempere aprovechó para instar a «regular mucho más el acceso a la información puesto que es un derecho universal».

ARCHIVEROS

Tras conocer la nueva decisión tomada por el Instituto de Historia y Cultura Militar –con quien este diario intentó ayer contactar sin éxito–, la Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal) mostró su satisfacción con «una medida que echa por tierra una decisión arbitraria, injusta, de dudosa legalidad y que venía a menoscabar el acceso de los ciudadanos a la información, a la cultura y a la esencia misma de un archivo público».

Acal quiso «ensalzar» la «valentía y el compromiso ético» de los profesionales de los archivos militares que «alzaron la voz desde un primer momento» contra una decisión que no compartían. «Podría decirse que la victoria es suya, pero como seguramente convendrán, la victoria es verdaderamente de toda la ciudadanía que podrá de nuevo acceder sin absurdas limitaciones», apremiaron.