Castilla y León eleva su sobresaliente y afianza su liderazgo en Dependencia

La gestión de la Dependencia en Castilla y León logra de nuevo un sobresaliente (9,29) en la valoración anual de 2017 del último dictamen del Observatorio de Dependencia, informe que cuantifica en un 4,62 la nota media española.

Esta mejoría se produce después del leve incremento del año pasado, cuando la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales otorgó un 8,9 a la Comunidad, un 0,3 más que en 2015.

Un año más, la región obtiene la mejor nota de gestión de la situación de las personas dependientes, con el mayor número de personas atendidas, 88.709 personas. Esta cifra también ha aumentado, en esta ocasión, un 4% respecto a 2016, es decir, 3.408 atendidos.

Sin embargo, el número de solicitudes ha crecido un 4,29% hasta los 122.121 requerimientos, incremento superior al 3,45% de las personas valoradas, que en 2017 fueron 113.914 usuarios.

De todas las personas valoradas, 89.981 tuvieron derecho a prestación económica (un 4,84% más que el año anterior) y 88.709 fueron atendidas, un 4% más que en 2016.

La cifra de personas atendidas comenzó a aumentar en 2015 y ahora «se ha recuperado en parte el diferencial de la tasa de atención situado en el 1,03% de su población frente al 1,58% de la media nacional, más de un tercio por debajo».

Además, la tasa de desatención, las listas de espera, el llamado «limbo de Dependencia», sigue siendo «residual», con 1.272 personas, lo que apenas supone el 1,4%, frente al 24,55% de media estatal.

El informe también reconoce a Castilla y León como la Comunidad con el «mayor porcentaje de beneficiados sobre su población potencialmente dependiente», el 13,03%, frente al 9,25% de la media española.

El séptimo artículo de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal yAtención a las Personas en situación de Dependencia establece la existencia de tres niveles de protección: uno mínimo, establecido y financiado por la Administración General del Estado; un nivel de protección acordado con las Comunidades Autónomas y un nivel de protección adicional que pueden implantar aquellas autonomías que lo consideren oportuno.

Sin embargo, en 2012 el Gobierno suprimió por Real Decreto el nivel acordado con las autonomías y recortó el mínimo estatal un 13%. Según el dictamen, esto ha supuesto un quebranto acumulado para las arcas autonómicas de 240 millones de euros en los últimos seis años. La cifra se ha incrementado de forma progresiva desde los 29,82 millones de euros de 2012 hasta los 45,85 millones de euros. Con la cantidad que la Junta de Castilla y León no ha recibido este año, podría haber atendido, según las estimaciones de la asociación, a 8.827 personas más, y haber proporcionado 2.312 empleos directos de nueva creación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad) a los 26.000 trabajos que actualmente existen. De hecho, la entidad calcula que la capacidad de generación de empleo de la región es la más elevada de España, de 50 empleos por cada millón invertido.

En otras palabras, si no se hubieran derogado determinados aspectos de la ley de Dependencia en 2012, Castilla y León hubiera podido recibir 240 millones de euros en los últimos seis años.

Además, «se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían las personas con Cuidados familiares», lo que habría supuesto una reducción del gasto autonómico de 116,5 millones.

A pesar de la financiación que tampoco ha recibido la Consejería este año como consecuencia de los recortes, la asociación asegura que se ha producido un «importante» incremento del 25% de las prestaciones vinculadas al servicio, un crecimiento de un 12% como prevención y promoción de la autonomía personal y un 8% de la teleasistencia.

Sin embargo, el incremento entre las plazas residenciales (441) y estancias en centros de día (65) son menores. Los servicios directos de Ayuda a Domicilio se redujeron en 506, según el informe.

gasto público y medio

La Junta aportó 398.228.254 euros al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el 77% de la inversión pública destinada al Sistema en 2017.

El Estado, por su parte, destinó el 23% del gasto público, 117.163.436 euros a pesar de que «obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 214 millones de euros». El sistema es capaz de generar unos retornos en la región de 29 millones, «provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados», con una tasa de recuperación del gasto público del 29,21% del gasto generado.

Además, estos 117 millones que destina el Ejecutivo de Rajoy a Dependencia suponen el 23% del gasto público. No solo eso, sino que el copago privado instalado en Castilla y León supone un 1% más que la aportación del Gobierno central, 112.588.709 euros.

Sin embargo, el gasto público por persona dependiente atendida en la región es inferior a la media estatal en casi 1.500 euros al año «posiblemente como consecuencia de la combinación de un sistema de copago realmente operativo y del elevado uso de las prestaciones económicas vinculadas al servicio (Pevs). De media, en Castilla y león se gasta 5.195 euros por persona dependiente, mientras que la media española es de 6.655 euros por dependiente.

Sin embargo, el diferencial de gasto público por habitante en la comunidad es 52 euros superior a la media estatal, «como es lógico considerando el mayor envejecimiento y la alta atención que presenta».