Herrera apuesta por corregir el déficit «pero sin que nadie salga perdiendo»

«Somos comunidades diversas con gobiernos de distinto signo pero con fuertes vínculos históricos y unas intensas relaciones de vecindad que fundamentan unos intereses comunes». Con estas palabras describió Juan Vicente Herrera la razón de ser de la cumbre de presidentes que tuvo lugar ayer en León.

El líder regional fue el encargado de desgranar ante los medios de comunicación la declaración institucional que firmó junto a sus homólogos en Galicia, Asturias y Aragón. «Solicitamos al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la última Conferencia de Presidentes como paso previo a la celebración de la próxima», sentenció el presidente castellano y leonés.

En cuanto a la reforma de la financiación autonómica, Herrera hizo hincapié en que «es necesario corregir el déficit pero sin que ninguna comunidad salga perdiendo». Para ello, apostó por una dotación de recursos suficiente que parta de unas «necesidades de gasto reales» y que tenga en consideración las características determinantes de las cuatro comunidades que suman 7,5 millones de habitantes y el 36% del territorio. La orografía, la superficie, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento son algunos de los ejemplos que mencionó.

Herrera dibujó el nuevo modelo como «prioritario y urgente» para quienes gestionan «el día a día» de los servicios públicos. Una estrategia que, a su juicio, debe buscar «el imprescindible consenso multinacional», reconociendo su temor a que la «proximidad de tiempos electorales no lo facilite».

El objetivo principal de este plan es, según concisó el líder regional, garantizar la «prestación en niveles similares de unos servicios contenidos en un catálogo común» y, consecuentemente, «el acceso de todos los ciudadanos en las mismas condiciones» con independencia de su lugar de residencia.

Otros puntos que debe tener en consideración la nueva financiación autonómica son el reequilibrio entre las zonas más pobladas y las que tienen mayor declive, un desarrollo económico y sostenible o políticas de conciliación, como mecanismos de apoyo a la liquidez. Sin embargo, Herrera aclaró que las diferencias en el volumen de deuda acumulada «no son consecuencia de un eventual mejor o peor trato del modelo, sino de la gestión realizada y el esfuerzo dedicado», concretó, añadiendo que las medidas que puedan adoptarse deben respetar «la igualdad de trato entre todas las comunidades».

El presidente de la Junta de Castilla y León retrocedió en el tiempo hasta 2013, año en el que las cuatro autonomías fueron «protagonistas» de la «primera declaración en materia demográfica». Hace cinco años, abordaron ya «una grave crisis que se manifiesta en el despoblamiento territorial, el envejecimiento o la baja tasa de natalidad; es un problema de Estado». Motivo que llevó a Herrera, en representación de sus homólogos, a urgir al Gobierno central «a presentar el proyecto de esa estrategia nacional» en la que cobra «gran importancia» la actuación contra la brecha digital.

Por último, Herrera explicó que la declaración en materia energética vino motivada por «una modificación del sector del carbón que está produciendo unas consecuencias económicas y demográficas tremendamente graves». Así, defendió una transición energética «ordenada y justa» que considere los impactos socioeconómicos y favorezca la innovación.

En nombre de sus compañeros, trasladó el apoyo de Castilla y León, Asturias y Aragón al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el endurecimiento de la normativa de cierre. «No podemos entender ni tolerar decisiones de ceses anticipados unilaterales por parte de algunas empresas; podrán tener autonomía para tomar decisiones, pero en política energética tienen que hablar los poderes públicos y, por tanto, la última palabra la debe tener el Gobierno», apuntó.

Herrera apostó por defender unos intereses comunes «más intensamente» con una «política de cooperación horizontal y de cohesión».