León tendrá que enviar sus cuentas a Hacienda para no ser intervenido
El Ministerio exige al Ayuntamiento que remita las del pasado año y el anteproyecto de 2018
El Ayuntamiento de León tendrá que enviar sus cuentas al Ministerio de Hacienda si no quiere ser intervenido, según reconoció ayer el concejal de este área en el Consistorio, Agustín Rajoy. En la comisión municipal de Hacienda, Rajoy informó de la existencia de un requerimiento de la Secretaría de Estado de Hacienda recordando al Ayuntamiento su obligación de remitir, con carácter previo a su aprobación, las cuentas para 2018, así como las correspondientes al pasado año que, a fecha 13 de noviembre, no habían sido enviadas al departamento que dirige Cristóbal Montoro.
El concejal de Hacienda aclaró que «en ningún caso el Ayuntamiento de León está intervenido», sino que está obligado a someter a informe del Ministerio de Hacienda el presupuesto municipal como consecuencia del Plan de Ajuste de 2012, y remarcó que el Consistorio cumple con sus obligaciones de pago «con absoluta normalidad», informa Ical.
Agustín Rajoy insistió en que el Ayuntamiento «cumple con los indicadores de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera» y subrayó que en estos últimos ejercicios la deuda se redujo en 53 millones de euros, con lo que para cuando acabe 2018 y desde 2015 «la losa heredada se reduce de 229 a 180 millones de euros en dos años y medio».
En ese sentido, el responsable municipal de Hacienda recordó que al cierre del año 2010 el Ayuntamiento tenía una deuda de 434 millones de euros. «Todas las condiciones indicadas por el Ministerio de Hacienda para hacer frente al plan de ajuste son cumplidas por el Ayuntamiento», reiteró el edil.
En la misma línea, explicó Rajoy, en el año 2012 el Consistorio consiguió aumentar el plazo de amortización de los créditos y gracias a ello, el presupuesto para amortizar el préstamo pasó de 20,6 millones de euros a la mitad, 10,3 millones, lo que permite al Ayuntamiento «garantizar la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos».
En ese sentido, Rajoy remarcó que «la propuesta de presupuesto con superávit y cumplimiento de la regla de gasto y con probada capacidad para pagar la deuda incluso con amortizaciones anticipadas», sumada a los «remanentes de tesorería positivos, ahorro neto positivo y superávit constantes a lo largo de los últimos cuatro años» prueban la diligencia del Consistorio a la hora de cumplir las obligaciones exigidas por el Ministerio de Hacienda con arreglo al plan de ajuste.
EL PSOE PIDE UN INFORME
Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a la oposición municipal. El Grupo Socialista solicitó hoy un informe a los servicios económicos y jurídicos del Consistorio sobre las consecuencias que puede tener para la ciudad que el Ayuntamiento no cumpla la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda el anteproyecto de presupuesto municipal para este año.
El portavoz del PSOE en la ciudad, José Antonio Díez, lamentó que se haya «ocultado información importante a la oposición a la hora de tramitar y aprobar los presupuestos», y aseguró que los socialistas reclamaron la presencia del interventor municipal para explicar estas consecuencias legales que pudieran derivarse del incumplimiento, algo que fue rechazado por el equipo de Gobierno.
«Es preciso que los equipos jurídicos y económicos del Ayuntamiento nos expliquen qué consecuencias puede tener, si el presupuesto municipal puede ser anulado o si, como deja entrever el Ministerio, se pueden establecer medidas coercitivas contra el Consistorio que pudieran, incluso, llevar al bloqueo de las cuentas municipales y a la intervención del Ayuntamiento por falta de cumplimiento de la normativa y por incurrir en una grave daño», explicó el portavoz socialista.
En esa línea, Díez lamentó que no se cumplieran los plazos legales y lo consideró como «una muestra más de pésima gestión y de inobservancia de las obligaciones de tramitación correcta de las cuentas municipales».
«Esta situación va mucho más allá cuando aparecen requerimientos del Ministerio de Hacienda exigiendo el cumplimiento de obligaciones legales obviadas sistemáticamente y de forma consciente», recalcó.