CORTES / DEBATE DE PRESUPUESTOS
La Junta promete «buenos resultados» para la región con los Presupuestos de 2018
Del Olmo reprocha a PSOE y Podemos su «mínimo interés» en llegar a acuerdos / Ambos partidos cuestionan el endeudamiento

Del Olmo conversa en el hemiciclo con Fuentes, Mitadiel y Delgado, de Ciudadanos, y el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo.-ICAL
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, prometió ayer que los Presupuestos de la Comunidad para 2018, que hoy aprobará el Legislativo regional, ofrecerán «buenos resultados» frente a los «desafíos importantes» del próximo año. En su intervención para defender las cuentas regionales, durante la primera sesión de debate en las Cortes, Del Olmo reprochó a los dos principales partidos de la oposición –PSOE y Podemos– su «mínimo interés» en buscar acuerdos, y anunció la convocatoria de una reunión en enero para abordar los «escasos avances» en la reforma de la financiación autonómica.
Según la consejera, 2018 presenta «desafíos» importantes que es preciso «resolver de forma positiva», como son el cambio del modelo de financiación autonómica, la adaptación «a buen ritmo» a la economía 4.0, de la mano de la I+D+i, además de la mejora de los servicios públicos esenciales. Ante todo ello, se mostró convencida de que los Presupuestos, «con la colaboración de agentes sociales y económicos y otras administraciones públicas» ofrecerán «buenos resultados» y permitirán «más empleo» y «una mejor respuesta» a las necesidades de los castellanos y leoneses «vivan en el medio urbano o rural», apostilló.
Del Olmo intercaló en su intervención la defensa de las cuentas públicas y las críticas a los dos grupos mayoritarios de la oposición. Según dijo, PSOE y Podemos no han mostrado «el mínimo interés» en alcanzar acuerdos y mantienen unas demandas «claramente contrapuestas» con los compromisos adquiridos por el Gobierno regional con los ciudadanos.
Como ejemplo de esta diferencia de criterios, cuestionó que estos grupos propongan aumentar los ingresos mediante la subida de impuestos, frente a la «fiscalidad contenida» que aplica la Junta. En opinión de la consejera, la subida de impuestos, «sin ningún fundamento realista», podría ocasionar una caída de la actividad económica y del empleo, «deslocalizaciones en otros territorios vecinos» con una fiscalidad más ventajosa y, «por último, una pérdida de ingresos».
Por el contrario, añadió, el modelo fiscal del Ejecutivo autonómico se adapta «a las características poblacionales» de Castilla y León, «garantiza los recursos públicos imprescindibles» y contribuye a «dinamizar la economía», incrementando la demanda interna.
La responsable de Hacienda aseguró que la demanda interna –consumo e inversión– aportará la mayor contribución al crecimiento de la economía en el 2,7% del PIB que prevén los Presupuestos, a partir de unas previsiones macroeconómicas realizadas «con rigor».
No obstante, advirtió de que el año próximo persisten «factores de riesgo» que pueden afectar a la evolución de la economía regional. Entre ellos, destacó la tensión política en Cataluña, la incertidumbre sobre el resultado final del proceso de negociación del Brexit, las dudas sobre la normalización de la política monetaria y la subida del precio del petróleo. En el otro lado de la balanza, apuntó como elementos favorables la baja inflación de la Zona Euro y el mayor crecimiento de los socios comerciales europeos.
Pilar del Olmo destacó de los Presupuestos, cifrados en 10.859,2 millones de euros, que el conjunto de recursos públicos dirigidos a actuaciones de las Consejerías crece en 300 millones, lo que permitirá «mejores servicios públicos y más empleo», y constituirá la «mejor contribución» de la Junta al «cambio de la dinámica poblacional».
También puso el acento en los 315 millones más para inversiones públicas que ha permitido el objetivo de déficit del 0,4% del PIB. Recordó al respecto que estos recurso se obtienen por la vía del endeudamiento público y explican que tras 10 años de déficits consecutivos, haya crecido «de forma importante» la deuda de la Comunidad. «Y no dejará de hacerlo hasta que comencemos a renunciar al déficit público y dirijamos parte de los recursos a amortizar deuda», advirtió.
Pero, frente al «alarmismo interesado» de «parte de la oposición», la titular de Hacienda subrayó que Castilla y León es la octava comunidad menos endeudada y mantiene ratios por debajo de la media de las comunidades autonómas, tanto en términos de PIB como por habitante.
La titular de Economía y Hacienda aprovechó su exposición para emplazar a la oposición a una reunión, en el mes de enero, en la que abordar, los «escasos» avances en la reforma del sistema de financiación. «Nos jugamos nuestro progreso social y económico advirtió, y eso bien exige seguir dejando esta cuestión al margen de disputas puramente partidistas».
El presidente del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, salió al paso de las críticas de la consejera en una dura intervención, en la que acusó al PP de favorecer con su modelo fiscal «a los más ricos», con la ayuda «de los amigos naranja», en referencia al incremento a 400.000 euros del límite exento en el impuesto de Sucesiones, pactado con Ciudadanos.
El procurador socialista consideró «intolerable» esta medida, «mientras se consolidan los recortes brutales» que la Junta aplicó «con la excusa de la crisis».
Izquierdo también denunció deuda galopante» y el calendario de vencimientos «endiablado», además de cuestionar el rigor del que presumió Del Olmo en los ingresos presupuestados cuando, según apuntó, la Junta pierde fondos europeos y transferencias del Estado por no ejecutar lo que presupuesta.
Para Natalia del Barrio, de Podemos, la deuda «es la tercera Consejería de la Junta», por delante de la de Familia e Igualdad de Oportunidades. La procuradora precisó que su formación no es contraria a asumir deuda , «pero para que se ayude a las familias y no a las grandes empresas».
Del Barrio denunció además el «chantaje» de la Junta al vincular la aplicación del Plan de Convergencia Interior a la aprobación de los mapas de unidades básicas rurales, exigió más transparencia a la Administración autonómica y planteó un mayor control sobre las fundaciones y las empresas públicas.