Diario de Valladolid

Salvar el Archivo de Salamanca cree que la decisión del TSJC "acerca más que nunca los documentos"

El tribunal ha rechazado que la Generalitat deba devolver los papeles

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Europa Press

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El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha señalado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pese a haber rechazado éste que la Generalitat deba devolver los 'papeles de Salamanca', "acerca más que nunca los documentos al Archivo".

El TSJC ha rechazado que la Generalitat deba devolver los 'papeles de Salamanca' llegados a Catalunya y pendientes de ser restituidos a sus propietarios que reclamaba Sánchez, desestimando su recurso contra una resolución del conseller de Cultura con fecha del 10 de enero de 2014.

Según ha manifestado Sánchez en declaraciones a Europa Press, la resolución del TSJC especifica que "no es a la Generalitat a quien hay que presentar" esa petición del regreso de legajos que él hizo, "sino al Gobierno de España, que es el competente", pues fue la Administración estatal la que "entregó mal los documentos".

Por ello, tras conocer la decisión, Policarpo Sánchez ha mostrado su convencimiento de que la nueva situación llevará al Gobierno de España a "dar orden inmediata para la devolución", pues cuenta también con el respaldo del Senado, del Ayuntamiento de Salamanca, de las Cortes de Castilla y León y de distintas asociaciones, según ha dicho.

Esa "novedad", de que es el Gobierno el que tiene que "proceder", supone una noticia "extraordinaria" para la postura defendida durante los últimos años por la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, ha añadido.

Asimismo, el investigador y demandante ha anunciado que adjuntará la sentencia a la carta ya remitida la pasada semana, en este misma línea de pedir la devolución, a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Respecto a las medidas a tomar, en el caso de que el Gobierno no proceda a ello "de manera inmediata", ha anunciado que pondrá en marcha un procedimiento administrativo para que así sea, y de mantenerse la documentación en Catalunya, "enviaría a los tribunales de justicia al Gobierno", una posibilidad que cree que no tendrá que efectuar cuando fue el Estado quien pidió lo mismo que él a la Generalitat.

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