La Junta primará sólo a las mancomunidades urbanas para relanzar la Ordenación

Críticas contundentes al PSOE y llamadas continuas al diálogo y al consenso para cerrar la ordenación territorial. El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, imploró ayer a la oposición en las Cortes para que ayude a culminar ya el modelo de ordenación. De no hacerlo, advirtió de que «dejaría en peor situación a los habitantes del medio rural que a los que están en zonas urbanas y sus alfoces».

De Santiago compareció en la comisión de Economía para explicar los presupuestos de su departamento para 2018 que suben un 2,7% hasta 125,2 millones. El grueso de sus cuentas va a parar a la Ordenación del Territorio y a la financiación local.

La ordenación territorial está ahora bloqueada al negarse la oposición a aprobar el mapa de las unidades básicas (UBOST) y delimitar los territorios con desequilibrios económicos y demográficos. «Nos estamos jugando el futuro del medio rural», advirtió el consejero.

Sin embargo, para desbloquear esta situación, De Santiago anunció una nueva línea de ayudas para incentivar la constitución de mancomunidades de interés general urbanas, que se convocará en 2018 y cuyas cuantías «serán generosas» pero no las precisó. Tampoco dio plazos. Pero dio un ultimátum a la oposición: «la espera en la ejecución de la ley llega a su fin».

Esos nuevos recursos que recibirán las mancomunidades urbanas procederán de una parte de los ingresos tributarios, de acuerdo con la ley aprobada en 2014. Para ello, la Consejería de la Presidencia estudia la posibilidad de que con una declaración responsable del municipio mayor de 20.000 habitantes y al menos un tercio del resto del área funcional estable (alfoces) pueda ponerse en marcha la mancomunidad y recibir esa financiación. «Ese será el test para ver si los municipios aceptan esta ordenación o no y se asocian», advirtió el consejero, quien añadió: «Veremos a ver si se avanza primándolas».

De Santiago recordó que la Ley de Financiación de las Entidades Locales establece que tendrán derecho a financiación los municipios, las provincias y las mancomunidades de interés general que se constituyan. Los presupuestos de 2018 prevén 64,7 millones para las entidades locales: 51,4 para el fondo de cooperación económica vinculado a los impuestos cedidos y 13,3 para el fondo de participación en tributos propios.

Parte de estos fondos podrían recibirlos los grandes ayuntamientos urbanos, pero no los pequeños. El PSOE ha anunciado una enmienda a la totalidad de la norma. Pese a todo, el consejero advirtió de que aún «estamos a tiempo de hacer posible entre todos que a estos fondos puedan concurrir en igualdad de condiciones las mancomunidades de interés general urbanas y rurales».

De Santiago-Juárez dio un amplio repaso histórico a los intentos de ordenar el territorio de Castilla y León.

Dijo el comienzo en la época del socialista Constantino Nalda al frente de la Comunidad (1986-1987). «Fue el primero que intentó abordarla», precisó y repasó en detalle el impulso recibido desde 2011 con la implicación de todos los grupos parlamentarios menos IU y más de 150 entidades. «Ha habido mucha pedagogía. La participación ha sido la nota dominante en el diseño», advirtió.

Recordó al PSOE que han recorrido juntos «el largo camino» de siete años, para recriminarle que «engañan a los ciudadanos» y confunden a los ciudadanos porque «no es momento ahora ni de decidir dónde se pone un centro de salud o si ampliamos o no un colegio».

«Si ustedes no sabían entonces lo que firmaban, habrá que decírselo a los ciudadanos para que no les voten más», sentenció de forma vehemente el consejero.

Al respecto, recordó que en julio de 2015 los cuatro grupos de las Cortes manifestaron su voluntad de avanzar en el modelo de ordenación iniciado con la Ley de 2013. Y aseguró que está en juego declarar por ley el derecho a que se mantengan los actuales centros de salud y los colegios con un mínimo de alumnos. Por eso reiteró que «esta espera toca a su fin». Esta incertidumbre provoca tres previsiones de contenido económico que se resumen en una: habrá 25 millones para el plan de convergencia interior si el PSOE aprueba el mapa de las UBOST.

 FUNCIÓN PÚBLICA . El consejero de la Presidencia presumió de los acuerdos firmados con los sindicatos para recuperar los derechos perdidos durante la crisis. Reiteró que la primavera de 2018 será un hecho el primer concurso abierto y permanente para funcionarios, al tiempo que anunció una nueva regulación para el teletrabajo y las bolsas de empleo para personal temporal.

 LEY DE DIÁLOGO CIVIL . En «breve» presentará el anteproyecto de ley del Diálogo Civil, que estará expuesto durante varios meses para recoger el mayor número de aportaciones posibles.

Antes de finalizar el año se iniciará el trámite de cuatro decretos que desarrollen la Ley de Reducción de Cargas Administrativas, «que tienen gran impacto económico y poco reflejo presupuestario». Y es que, según José Antonio de Santiago-Juárez, «para hacer política no es necesario dinero».