Un profesor de Economía de la Universidad de Granada asegura que “no es negocio” una concesión de equipamiento a 30 años
José Jesús Martín Martín argumenta que la sanidad es uno de los sectores más influenciado por la revolución tecnológica y denuncia la rigidez del modelo
El profesor de Economía de la Universidad de Granada José Jesús Martín, interviene en la Comisión de Investigación sobre el HUBU-RUBÉN CACHO/ ICAL
El profesor de Economía de la Universidad de Granada José Jesús Martín Martín criticó hoy la rigidez del modelo de gestión empleado en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y aseguró que “no es negocio” para la Consejería de Sanidad que la concesión del equipamiento también se haya fijado a por un periodo de 30 años, cuando la sanidad es uno de los sectores más influenciados por la revolución tecnológica.
Martín Martín, que esta tarde compareció en la Cortes de Castilla y León ante Comisión de Investigación sobre los repetidos sobrecostes, el estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final del HUBU, aseguró que, a priori, modelo empleado en el HUBU “no es ni bueno ni malo”, y argumentó que el principal problema del sistema sanitario español es la falta de “ética pública, tanto en el ámbito político como fuera del él”.
Así, criticó que a pesar de los casos de corrupción que salpican a los principales partidos en los últimos 30 años no se han realizado avances para acabar con unos modelos de gestión demasiado opacos y para profesionalizar la gestión de los centros con la puesta en marcha de una escuela centralizada para todo el país. “Es necesario trazar una línea entre la política y la gestión hospitalaria y que los directores de hospitales no se designen por cuestiones de clientelismo político”, aseveró.
Martín Martín reconoció que la gestión de un hospital a treinta años es un “jugoso” negocio y más cuando el riesgo para la concesionaria en este tipo contratos es mínimo, “ya que ningún gobierno autonómico va a dejar caer un hospital”.
Entre las ventajas de los denominados modelos de concesión PFI, el utilizado en el caso de Burgos, el profesor de la Universidad de Granada destacó la necesidad de atender una necesidad sin contar con los fondos presupuestarios necesarios, dado que la utilización de esta fórmula no computa como gasto, y la rentabilidad electoral pero “no en sentido peyorativo”, a la vez que aseguró que en determinadas circunstancias las administraciones no han tenido otro camino que recurrir a este tipo de concesiones.
Por el contrario, entre los inconvenientes, aseguró que el coste financiero es mayor, que no existen unos mecanismos eficaces de control y “muchas veces ocurre que el regulador pasa a ser controlado por el regulado” y que en ocasiones, detrás de las empresas concesionarias se encuentran grupos de inversión americanos o británicos, como ocurre en el caso del hospital de Alzira (Valencia).
No obstante, Martín Martín insistió en que no hay estudios fiables que determinen con claridad si el modelo PFI es más rentable que la gestión tradicional, aunque si apuntó que la capacidad de gestión suele más eficaz al tener los trabajadores unas peores condiciones laborales que en el caso de personal estatutario.
Impuestos
En este sentido, y refiriéndose a la sostenibilidad del sistema público de sanidad en el conjunto de España, planteó la necesidad llevar a cabo una reforma fiscal para que “nuestra élite económica también pague impuestos” y para que España deje de ser segundo país con más fraude fiscal de la Unión Europea sólo por detrás de Bulgaria y de esta forma poder destinar más recursos.
Al mismo tiempo, también reclamó un cambio en las relaciones laborales y afirmó que no es posible el sostenimiento del sanidad pública a base de personal estatutario, “ya que hay personas que cuando aprueban una oposición se piensan que ya están jubiladas”.
El portavoz del Grupo Socialista en la comisión, Luis Briones, centró sus críticas en la falta de control de la empresa concesionaria y en la falta de transparencia con el “único objetivo de primar a la sanidad privada. En la misma línea se pronunciaron el resto de los grupos de la oposición.
Para José Sarrión (Izquierda Unida), a la opacidad hay que sumarle las “complejas fórmulas” utilizadas y la falta de riesgo para la concesionaria. Por su parte, Manuel Mitadiel (Ciudadanos) argumentó que el modelo no ofrece ninguna ventaja, ya que la concesionaria mantiene una posición de fuerza sobre la Junta. Mientra tanto, Laura Domínguez (Podemos) también se refirió al monopolio que supone que sólo un puñado de empresas puedan acceder a este tipo de contratos y a la corrupción que genera esta situación.
Por último, el portavoz 'popular' Ángel Ibáñez, resaltó que en caso del HUBU no se puede hablar de rentabilidad electoral y que en el contrato se establecer un sinfín de indicadores para conocer el funcionamiento del hospital.