Las Cortes urgen un plan de reindustrialización para el entorno de Garoña
Respaldo a la proposición ‘popular’ a pesar del cruce de reproches entre el grupo mayoritario y la oposición sobre el cierre de la central
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ayer en el pasillo de las Cortes .-ICAL
El cierre de Garoña sigue enfrentando al PP y a la oposición, aunque esto no fue obstáculo para que el Parlamento autonómico acordara ayer urgir al Gobierno un plan de reindustrialización para el entorno de la central nuclear burgalesa. Tras un intenso debate en pleno de las proposiciones no de ley presentadas respectivamente por socialistas y populares, encaminadas ambas al mismo objetivo de buscar alternativas para la zona, la Cámara aprobó el texto presentado por el grupo mayoritario, con la única abstención del procurador de Izquierda Unida.
De este modo, a instancias del Legislativo, la Junta requerirá al Gobierno que elabore y presente, «de manera inmediata», un plan de reindustrialización para la comarca en la que se ubica Garoña «que compense la pérdida de actividad económica y empleo». El Ejecutivo regional, de acuerdo con el texto aprobado, deberá colaborar activamente en este plan.
Esta medida deberá ir acompañada de «fórmulas de compensación económica» para los municipios del entorno de la central, como las que han venido recibiendo, «al menos hasta el total desmantelamiento» de las instalaciones. Además, las Cortes quieren que el Gobierno inste a la empresa Nuclenor a integrar en este proceso al mayor número de trabajadores de la propia central.
Por último, el Legislativo urge la elaboración de la documentación preceptiva para la solicitud de desmantelamiento, labor que corresponde a la empresa pública Enresa. El Grupo Popular sacó adelante en solitario, gracias a la abstención de PSOE, Podemos y Mixto, y con el voto en contra de Ciudadanos, la encomienda a la Junta para que estudie la implantación de un tributo medioambiental. Lo recaudado por este impuesto, que ya anunció el propio Ejecutivo regional, se destinará a la reindustrialización y a inversiones en la zona.
En la defensa de la proposición popular, Ángel Ibáñez sostuvo que el PP de Castilla yLeón siempre ha sido coherente en su posición a favor de Garoña, que ha mantenido hasta llegar a sufrir «la clamorosa soledad a la que se le ha condenado». Una línea que contrapuso con la seguida por el PSOE y que centró en el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Recordó al respecto la posición favorable a la nuclear manifestada por los socialistas en las Cortes en 2008, hasta que Rodríguez Zapatero, «en una decisión caprichosa y puramente ideológica», optó por el cierre de la nuclear. Entonces, continuó Ibáñez, los socialistas de Castilla y León «se bajaron los pantalones y dieron la espalda a los trabajadores de Garoña, a la comarca y a la provincia».
El portavoz socialista, Luis Tudanca, tampoco se quedó corto en su diatriba contra el PP. En la presentación de la proposición de su grupo, acusó a este partido de «mentir», de «mercadear con las eléctricas» y de «someterse a su chantaje».
«Han socavado la independencia y el prestigio del Consejo de Seguridad Nuclear, han jugado con las esperanzas y los sueños de miles de familias solo por un puñado de votos, y han batido todos los récords de hipocresía política, dejando a tres comarcas sin plan de reindustrialización y sin central», recriminó a los populares.
El portavoz socialista comparó al PP en Castilla y León con un «rey Midas a la inversa», porque «todo lo que tocan lo estropean». «Cuanto más defienden Castilla y León, más la hunden en la más profunda de la miserias», dijo.
La proposición socialista, que no prosperó al producirse empate de votos a favor y en contra, además de plantear un plan de desarrollo y dinamización socioeconómica del entorno de Garoña, reclamaba la recuperación del ‘plan Reindus’ para la zona.
Tudanca recordó que el Gobierno Zapatero aprobó este plan de reindustrialización cuatro meses después de decidir el cierre de la central, en 2009. ¡Lo que tuvimos que aguantar!, dijo en referencia a la lluvia de críticas que recibieron entonces por parte del PP, mientras que ahora, añadió, este partido ha cerrado la central «sin la más mínima vergüenza».
El plan del Gobierno Zapatero para el entorno de Garoña fue denostado por el popular Ángel Ibáñez. Según dijo, para tratar de justificar el cierre, los socialistas «llevaron a Burgos» a Manuel Chaves, de quien el procurador subrayó su condición de «imputado por graves delitos», y que entonces era titular del Ministerio de Política Territorial. «Lo pasearon por Burgos para que contara una serie de mentiras, hablando de 950 millones de los cuales apenas llegaron una migajas, 20 empleos, y ahí quedó todo», afirmó.
Ibáñez elevó aún más el tono contra el PSOE acusándole de «desfachatez, cinismo e hipocresía», antes de rematar su intervención con una contundente declaración. «Quieren llamarse alternativa decente y en Burgos, con Garoña, con el fracking, con el Hospital, no ha habido actos tan indecentes desde que los franceses volaron el Castillo en 1813», concluyó.
Si los socialistas no pudieron sacar adelante su proposición, igual suerte corrieron las aportaciones del resto de los grupos de la oposición. El PP rechazó la enmienda de Podemos para la conversión en autovía de la CL-629, desde El Cruceso a El Berrón, y la construcción de la terminal logística de Ircio. En nombre de la formación morada, Félix Díez consideró «fundamentales» estas infraestructuras para el desarrollo de cualquier tipo de plan de reindustrialización. Abogó también por consensuar este plan durante el tiempo que falta para el desmantelamiento de la central nuclear.
David Castaño, procurador de Ciudadanos, cuestionó la legalidad del tributo medioambiental que quiere implantar el PP , razón por la que su grupo votó en contra de este punto de la proposición. A juicio de Castaño, dado que la empresa pública Enresa ya cuenta con una provisión de fondos para desmantelar las instalaciones, crear el citado tributo supondría una doble imposición que, según pronosticó, terminará en los tribunales.
El procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, único que se abstuvo en la votación, argumentó que el desmantelamiento de Garoña no debe correr a cargo de los ciudadanos, sino de la empresa Nuclenor con el beneficio que ha obtenido por la explotación de la central.