Un testigo declara que el director de Minas le entregó un «listado cerrado» de socios

Parece que el círculo de la trama eólica comienza a tomar formar casi dos meses después de iniciarse las citaciones.

Investigados y testigos pasan por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Valladolid señalando en la misma dirección.

Ayer fue el turno del consejero de la promotora eólica Ider, Miguel Francisco de Asis Álvarez de Toledo. En calidad de testigo, apuntó al director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, como el alto cargo de la Consejería de Economía que le entregó «personalmente un listado cerrado con los posibles socios».

El consejero de Ider reconoció que la sociedad se vio obligada a vender parte del accionario por presiones de la Dirección General de Minas, para así permitir la entrada de un grupo local.

Hay que recordar que en la diana de González Mantero había otro nombre: Tomás Villanueva. El director general de Energía y Minas admitió, durante su declaración el pasado 21 de junio, que la planificación y existencia de empresas locales en las autorizaciones de parques eólicos es una decisión «política» que partía de quien fuera el consejero de Economía.

González Mantero, que entonces era responsable de las eólicas en Ente Regional de Energía de Castilla y León (EREN), ratificó que hubo un parón en la tramitación de parques eólicos para permitir la entrada de socios locales. De este modo, se otorgaban «preferencias en el proceso en beneficio de quienes aun no estaban».

Reconoció que había una «exigencia, instrucciones y orden expresas políticas» de «no tramitarhasta que hubiese socios locales». González Mantero abría así la veda al asumir la existencia de clientelismo en la adjudicación de los parques eólicos.

La comparecencia de Ricardo Bravo, quien fuera miembro del Consejo de Administración de Ibercyl -filial de la multinacional Iberdrola Renovable-, también siguió este miércoles el mismo sendero. Pues, en su declaración de más de dos horas como investigado por la causa, reconoció que todos los niveles de la Consejería de Economía eran conocedores de que la Junta de Castilla y León «sugería» la existencia de «socios locales» para que la tramitación de los parques eólicos fuese «más rápida».

Bravo también definió esta «sugerencia» como «condición necesaria» y concretó que se trataba de una práctica habitual que se producía en la mayoría de las comunidades y en muchos países, ya que la intención de los ejecutivos autonómicos era que parte del beneficio retornara al punto de origen.

Testigos

En la sesión de ayer, y también en calidad de testigos, pasaron por los juzgados de la calle Angustias los hermanos Álvaro y Ricardo Fuster, responsables de Cannon Power España, sociedad que vendió proyectos ya autorizados para la construcción de parques eólicos en Castilla y León.

Ambos coincidieron con Bravo al reconocer que la entrada de socios locales en el capital de las promotoras eólicas era «una práctica habitual en otras comunidades autónomas».

Los hermanos también apuntaron a González Mantero; este y el responsable del área eólica, Tomas Ciria, fueron «sus interlocutores en la Junta».

A pesar de que otros imputados y testigos señalaron que la entrada de socios locales era una «recomendación no escrita», el abogado de Ecologistas en Acción -colectivo que ejerce la acusación popular-, Emilio Martínez, aseguró en declaraciones recogidas por Ical que se trata de una práctica que no está amparada ni por la legislación nacional ni por la normativa de la Comunidad. «Estamos ante una clara manipulación de la libertad de mercado que no se puede justificar alegando el retorno de beneficios a la región», explicó.

Martínez remarcó en que los testigos de ayer dejaron claro que la Consejería de Economía disponía de una «lista cerrada de socios locales» sin los que las promotoras no tenían posibilidades de que sus solicitudes fueran aprobadas.

Por su parte, el responsable del área de energía eólica de la Junta y mano derecha de González Mantero, Tomás Ciria, contradijo la versión ofrecida por los hermanos Fuster.

Reconoció que «no se sentía incómodo» recomendando a las promotoras que abrieran su accionarado a empresas locales, ya que en todo momento «obedecía órdenes de sus superiores».

Durante la media hora que prestó declaración, Ciria también recuperó unas palabras del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, en las que argumentaba la conveniencia de que las empresas de la Comunidad también participaran en el desarrollo del negocio de la energía eólica.

Trama

La instrucción de la trama eólica arrancaba el pasado 2 de junio con la citación del principal imputado, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado.

El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Valladolid admitía a trámite la querella presentada el 28 de abril por la Fiscalía Anticorrupción contra ex altos cargos de la Junta de Castilla y León así como directivos de varias empresas por el supuesto cobro de comisiones en torno a los 80 millones en la instalación y concesión irregular de parques eólicos.

La causa despegaba dos años después de que el Servicio Territorial de Valladolid de la Agencia Tributaria presentara una denuncia «al haberse detectado en este organismo hechos que presentan indicios de posibles delitos de prevaricación y cohecho en la concesión de autorizaciones administrativas para la instalación de parques de energía eólica en la Comunidad de Castilla y León».

Hasta el próximo 27 de septiembre, un total de 21 acusados y diez testigos pasarán por la sala de vistas de los juzgados vallisoletanos.

Tras las comparecencias de ayer, se establecía una pausa hasta después del verano, cuando se retomarán las declaraciones.

El 20 de septiembre está previsto que acudan como investigados Rafael Icaza de la Soca, Pedro Barriuso y Xabier Viteri. Una semana después será el turno de Eduardo Merigó, José Pérez y Andrés Martín Paz, también en calidad de imputados.