La atención a la dependencia crece en la Comunidad un 37,8%

La atención a la dependencia sigue una senda de crecimiento constante en Castilla y León, que mantiene la lista de espera más reducida de España para lograr esta prestación. Así se recoge en el último Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, donde se precisa que el número de personas atendidas en la Comunidad, creció entre junio de 2015 y el mismo mes de este año, un 37,8%, la tercera mayor subida en España, solo por detrás de Aragón (41,9%) y Asturias (38,9%).

Este datos supone que el número de personas dependientes atendidas en la Comunidad, se elevó 16 puntos por encima de la media del conjunto de las autonomías, que se situó en el 21,8%. El documento, que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, indica que el saldo positivo de incremento de personas atendidas en el periodo de estudio se dio en todos los territorios, si bien con resultados “muy desiguales”. En este sentido, el informe contrasta el aumento del 41,9% en la autonomías aragonesa, con el exiguo 6% en Cataluña.

El documento recogido por Ical, también refleja que Castilla y León sigue siendo la autonomía española con un menor porcentaje de personas en lista de espera para beneficiarse de la ley de dependencia, 1.183, que suponen el 1,4 por ciento del total; una cifra que contrasta con autonomías como Canarias, la de peor comportamiento, donde no están atendidas 12.500 personas, el 41,8% del global de potenciales beneficiarios.

En este sentido, el informe explica que desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015 se produjo un dramático parón del servicio de atención a la dependencia; a partir de esa fecha se retoma un cierto crecimiento en cuanto a personas atendidas que, a 30 de junio de 2017, son 898.243, siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355.

La incorporación el 1 de julio de 2015 de todas las personas con Grado I, supuso un importante incremento de la lista de espera. Los esfuerzos de las comunidades autónomas -ya que no se ha incrementado la financiación estatal en este periodo- logró aumentar en los dos últimos años el número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema.

320.000 personas en espera

A pesar de ello, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales explica que tras dos años del cierre de calendario de aplicación de la ley hay casi 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una “desesperante lista de espera”. Por otra parte, la lista de espera no está compuesta solo por las personas que más tarde se han incorporado al derecho a atención (Grado I) sino que hay “un importantísimo número” de dependientes con Grados III y II (gran dependencia y dependencia severa) cuyo número se mantiene “casi invariable en el último año”

El informe advierte de que la consecuencia “más cruel” del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que “muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley”. En este sentido, los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

 34.000 pueden fallecer

Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, los directores y gerentes en Servicios Sociales estiman que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en el primer semestre del año asciende a 18.000, con la proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio.

En conclusión, para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales resulta “preocupante” que, aun reconociendo el cambio de tendencia, “de seguir así las cosas se tardaría entre cuatro y cinco años en acabar con la lista de espera y cumplir con la ciudadanía y ello con grandes diferencias entre territorios”.

Así, concluyen que estas proyecciones “pueden alargarse considerando el número de personas dependientes con Grados III y II (cuya atención puede ser más costosa) y las 100.000 personas pendientes de dictamen de las que un buen número acabará siendo consideradas como dependientes”.