«Si se confirma la denuncia de Anticorrupción, son hechos de enorme gravedad e ilegales»

Había expectación por ver y escuchar la versión de Herrera sobre la trama eólica en las Cortes regionales. Se presagiaba un debate duro e intenso con la oposición en el caso más relevante de presunta corrupción en la Comunidad en los 16 años del presidente de la Junta. Sus cuatro horas en la comisión de Economía no defraudaron. Juan Vicente Herrera pidió perdón «por anticipado» y lo reiteró hasta en cinco ocasiones, dando por hecho que así asumía ya responsabilidades políticas por la querella de la Fiscalía Anticorrupción que implica al exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, en delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, así como otros contra la Hacienda Pública.

No obstante, su inculpación política se debe a que Delgado fue alto cargo durante su mandato y a que Alberto Esgueva, que según Anticorrupción se benefició con 47 millones de euros de la trama, dirigió Excal, empresa participada y controlada por la Junta. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo regional, advirtió en varias ocasiones que en este proceso judicial no hay corrupción administrativa o institucional y sólo personal o particular, en referencia a Delgado y Esgueva y al resto de los 19 investigados ya por el Juzgado de Instrucción nº 4.

Herrera se escudó en un escrito de la Fiscalía de Valladolid que niega a la Junta la personación como acusación particular para descartar la existencia de corrupción pública o malversación de fondos públicos. Sin embargo, no intentó atenuar los hechos, lamentó lo ocurrido, reconoció que causaban alarma social y los condenó sin ambigüedad. Eso sí, dejando claro que no se puede hablar de corrupción en la Junta. No obstante, admitió que «si se confirma en los juzgados la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, son hechos de enorme gravedad, ilícitos e ilegales», sostuvo en su primera intervención.

El presidente de la Junta compareció en la comisión de Economía de las Cortes un mes después de que, el 29 de abril, se publicara la denuncia del fiscal Anticorrupción y tras dos años de investigación una vez que la Agencia Tributaria reveló en un informe-denuncia el cobro de cerca de 80 millones en comisiones por la autorización de parques eólicos. Como él subrayó, es la primera vez en sus dieciséis años de presidente que una querella de Annticorrupción imputa «delitos graves a un alto cargo», en este caso al exalto cargo Rafael Delgado.

Herrera justificó su personación ahora en las Cortes por la publicación de las informaciones de la querella en los medios de comunicación y aseguró que no dispone de su contenido, que tampoco conoció en 2015 el informe-denuncia de Hacienda y que preparó sus explicaciones para ayer en las Cortes a través de las publicaciones periodísticas, lo que calificó de paradójico.

La oposición y Ciudadanos fueron contundentes y beligerantes con el presidente, aunque sólo el PSOE pidió su dimisión. Esa contundencia y algunas manifestaciones sobre casos ajenos a la trama eólica llevaron a Herrera a recriminar a los grupos que pretendieran hacer «un juicio sumarísimo» contra él, contra el PP y contra la Junta. «Algunos acusan, sentencian y ejecutan», lamentó para aseverar que estaban convirtiendo su comparecencia en un juicio político global.

Tranquilo, firme y seguro, dividió su primera intervención en tres planos diferentes: «los presuntos hechos delictivos», los procedimientos administrativos y la política de la Junta con la energía eólica.

Herrera se quejó de no tener ningún documento oficial, ni la querella de Anticorrupción ni el informe-denuncia de Hacienda. Sólo el auto judicial del 16 de mayo donde la jueza rechaza la personación de la Junta porque, según dijo, no se ven perjudicados los fondos públicos.

A diferencia del exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, que el 27 de abril ni siquiera citó por su nombre a Rafael Delgado, Herrera reconoció su papel decisivo en la autorización de parques eólicos. Y admitido la gravedad de la denuncia que le acusa de favorecer a empresas con las que mantenía especial relación.

También citó a Alberto Esgueva, es gerente de Excal, y a quien Anticorrupción le imputa haberse enriquecido con 47 millones por la trama.«Nunca fue alto cargo, pero sí consejero delegado de una empresa participada por la ADE», dijo.

Eso sí, no dudó en dos ocasiones en manifestar su apoyo y «confianza» hacia el exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, pese a que tanto él como la mayoría de los grupos reconocieron que todo el caso está en fase de investigación y pueden salir nuevos hechos. .

En ningún momento Herrera aportó nuevos datos del comportamiento de Delgado y de Esgueva, aunque sugirió que ambos se aprovecharon del proceso de autorización de los parques para «sus intereses personales».

Herrera sostuvo en su intervención que ni la Junta ni la Fiscalía podían llegar a conocer la trama de enriquecimiento que denuncia Anticorrupción y en la que imputa a ambos altos cargos y a otros 19 directivos y empresarios y cifra en 80 millones los pagos de comisiones. Según reiteró, sólo Hacienda pudo detectar esas presuntas irregularidades al descubrir «en el ámbito tributario movimientos de dinero sin justificación aparente.

Incluso negó que pudiera haber conocido los hechos con la queja de la empresa alemana Ibervento en marzo de 2006, con quien evitó reunirse y a quien desautorizó en las Cortes por ocultarle en un escrito que el juzgado había archivado una denuncia.

Herrera defendió la legalidad del procedimiento de autorización de los parques eólicos, un proceso «complejo y muy garantista». Incluso subrayó que la normativa autonómica ponía más dificultades que la nacional a la venta de permisos de parques eólicos. «Ninguna de las fases permitían detectar posibles actos ilícitos y el movimiento de dinero que ha dado lugar a la investigación judicial. Sólo la Agencia Tributaria tenía medios y capacidad para detectarlos», reiteró.

En reiteradas ocasiones mostró su confianza en la Justicia y en concreto en la Fiscalía, a quien atribuyó la defensa de los intereses públicos una vez que el juez ha impedido la personación de la Junta.

Muy diferente se mostró con la decisión del exconsejero de Economía de retirar la competencia de la autorización de parques eólicos a los servicios territoriales de la Junta y asumirlos él. Ese cambio, conocido por avocación, fue defendido por Herrera en contra del fiscal Anticorrupción y de la Intervención General del Estado que vienen a atribuir las irregularidades en la autorización de parques a esa cambio. Incluso ambos lo consideran irregular. De hecho, el fiscal Anticorrupción dice literalmente en relación a la avocación de competencias en el exviceconsejero: «La ilegalidad de esta Instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (en adelante IGAE) de 16 de enero de 2017 emitido a petición de esta Fiscalía».

Herrera mostró su discrepancia con la Intervención, aunque admitió que no tenía el informe. Ni siquiera se pronunció sobre la manifestación de Anticorrupción, reiterada por los grupos de oposición, que viene a decir que esa avocación permitió «al Viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques cólicos desde la DGEYM al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa».

Herrera es consciente de que la acusación de prevaricación contra Delgado, que declara mañana en el Juzgado, es la que más daño puede hacerle, porque implica a la administración. Y sobre la avocación, precisó que la querella sólo encuentra ilegalidad en 35 de los 197 expedientes donde la Junta utilizó este sistema de centralización de competencias de autorización.

Hay que tener en cuenta que Anticorrupción acusa a Delgado de favorecer la presencia de empresas locales afines a él con al menos el 40% bajo amenaza de no concederlas la autorización.

La tercera pata de la intervención de Herrera fue la política de la Junta sobre parques eólicos, que asumió con entusiasmo, pese a que la mayoría de los grupos no lo cuestionaba. «Castilla y León ha sabido aprovecharse de de esta implantación», que ha supuesto 5.600 megawatios hasta diciembre de 2016, 233 parques, 6.700 millones de inversión y casi 3.000 empleos. «Fue un acierto implantarlo y favorecer esta industria», añadió.

Ante las acusaciones de José Sarrión (IU) de favorecer con fondos públicos al sector privado y las insinuaciones de Javier Izquierdo (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos) de trato privilegiado con empresas como Iberdrola, algunos de cuyos directivos están imputados, el presidente de la Junta subió el tono y dijo que en sus dieciséis años al frente del Gobierno regional nunca se había reunido con responsables de parques eólicos. «Jamás me he reunido con ninguna persona fisica o jurídica interesada en los parques eólicos. He sido prudente, soso o antipático y tampoco he vistado ningún parque». Lo que sí admitió es haber vistado empresas industriales de componentes.

El presidente tuvo que soportar indigando referencias a sus creencias religiosas, sobre todo cuando el procurador de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, le pidió que dijera la verdad «usted que es bastante religioso». «¡Qué coño tendrá que ver eso»!, le contestó airado.