Delgado pide archivar la causa de la trama eólica contra él por prescripción de los delitos

A tan sólo tres días de la fecha prevista para que declare como principal encausado en la trama eólica, el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, solicita a la jueza que archive la causa contra él por prescripción de los delitos.

Así consta en el escrito de 84 folios presentado ayer por la defensa del ex número dos de la Consejería dirigida por Tomás Villanueva, en el que niega cualquier responsabilidad e implicación en operaciones irregulares y sostiene que «la planificación eólica» le correspondía al propio Villanueva.

El que fuera también secretario general de Economía está citado este viernes para explicar su participación en una trama de supuestos cobros de comisiones en torno a los 80 millones en la instalación y concesión irregular de parques eólicos, por la que Anticorrupción le acusa, junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta y directivos de varias empresas, de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Delgado arguye ahora que la querella de la Fiscalía únicamente sitúa la investigación de los hechos que se le imputan «en el desempeño de sus funciones como viceconsejero y no como secretario», cargo que ocupó después, de 2007 hasta 2011.

Ejerció como viceconsejero de 2003 a 2007 y sostiene que «los delitos que se habrían podido cometer» habrían prescrito teniendo en cuenta también el Código Penal vigente en ese arco de cuatro años.

Esta prescripción, alega su letrado, «se situaría como una barrera» ante cualquier otra indagación, por lo que argumenta que tampoco «podría ser investigado el delito de blanqueo de capitales» porque la legislación de aquel momento «obligaba a investigar el delito antecedente del que habrían provenido los fondos», que en este caso sería el cohecho.

La petición de sobreseimiento y archivo no se sustenta únicamente en los diez años que han pasado desde que Delgado abandonara el cargo de viceconsejero, también se apoya en la negación de cualquier responsabilidad última en la red de mordidas y en el sistema por que varios ex altos cargos habrían exigido a los promotores que permitieran la participación en el proyecto solar de empresas locales a cambio de la autorización, según sostuvo hace dos años la Agencia Tributaria y ahora refrenda Anticorrupción.

Delgado apunta directamente a Tomás Villanueva –que no se encuentra entre las 21 personas investigadas, antes imputadas– y le atribuye toda la carga, la responsabilidad y la competencia en las decisiones relativas a los parques eólicos en su doble condición de consejero y presidente del Ente Público de la Energía de Castilla y León (EREN).

Argumenta su defensa que el acusado de ser el eje de la trama tan sólo «tenía funciones de ayuda y apoyo al consejero» y únicamente «se limitó, con la obediencia debida, a transmitir sus instrucciones y sugerencias a la Dirección General de Energía y Minas (DGEM)» para que si ésta así lo convenía «las incorporara a sus propuestas de actuación».

Remarca que era Villanueva el que, en reuniones privadas de despacho, supervisaba las instrucciones dadas y las autorizaba: «El propio consejero se encargaba de controlar, verificar y cambiar en sus despachos con el director general d y director del EREN».

Y el ex dirigente popular lo hacía, según el relato de Delgado, «no sólo como consejero, sino también en su condición de presidente del EREN», que recuerda, es el órgano «encargado de la planificación eólica».

El documento presentado ayer ante la jueza de Instrucción número 4 adjunta la transcripción de 30 correos electrónicos para reforzar esta tesis. La mayoría proceden de la Dirección de Energía y Minas y del EREN.

El que fuera hombre de confianza de Villanueva mantiene que su implicación se reduce a la firma de resoluciones que previamente habían sido revisadas por el personal especializado pertinente.

Este es uno de los ejes de su defensa. «Mi representado carecía de la competencia y la habilitación necesarias para llevar a cabo los hechos que se le imputan», indica su abogado, Eleuterio Gordaliza, que a modo de conclusión incide en que «el mayor protagonismo recaía en la Consejería de Economía».

Pero no sólo eso, sostiene también que intervenía «toda una serie de entidades y organismos que se encargaban de llevar a cabo la tramitación». Es más, Delgado, a tenor de lo descrito, se limitaba «a firmar la resolución» y sólo firmaba «expedientes que ya habían sido revisados y contaban con el visto bueno de los técnicos competentes».

Asevera el ex viceconsejero que «no intervenía en los acuerdos a los que hubieran podido llegar las empresas con promotores locales». Esas operaciones por las que el Ministerio Público asegura que los ex altos obligaban a los promotores a que aceptaran la participación, nunca menor del 40%, de estas entidades en sus negocios.

Delgado lo cuenta al revés. Precisa que eran las eléctricas «las que le sugerían a la Consejería con qué empresas locales pretendían coordinar sus esfuerzos».

Siguiendo la misma línea argumental, también descarta cualquier tipo de implicación en las operaciones de compraventa de participaciones sociales de las empresas que se intercambiaron las compañías que finalmente recibieron la autorización para la explotación de los parques eólicos en la Comunidad. Califica esta práctica como «acuerdos entre terceros que se regían por el principio de libertad de mercado» sin que, de nuevo, Rafael Delgado, tuviera «nada que ver con ellos».

Y de defensa a acusación. El escrito acusa a Anticorrupción de no haber aportado «prueba alguna» en la querella que la jueza, Verónica María Marcos, admitió a trámite a principios de mes. Alude a las supuestas dádivas que habría recibido el ex viceconsejero en la adjudicación de los parques a empresas afines e indica que «se trata de meras suposiciones o sospechas, carentes de fundamento en el que basarse ni en hechos o pruebas» que lleven a concluir la existencia de esos beneficios económicos.

Una retribución que repercutiría en lo declarado ante la Agencia Tributaria y que, según Hacienda, no corresponde con lo ganado por Delgado. Fija en 1,8 millones la ganancia de 2011 a 2013 a través de un entramado societario, mientras éste sólo declaró 92.000 euros.

Este punto también lo aborda la defensa y lo hace en dos direcciones. Por un lado, aclara que ha justificado «sobradamente» los bienes que conforman su patrimonio y la procedencia de los recursos. Pero, precisa que, en cualquier caso, ha transcurrido «el tiempo establecido al efecto» por lo que vuelve a apuntar que «habría prescrito cualquier hecho imputado» a este asunto.

Sobre las declaraciones de la renta cuestionadas, indice en que «no existe prueba que determine ningún delito fiscal».

La solicitud de archivo responde una por una las premisas de Anticorrupción. De este modo, niega que los señalados como sus testaferros –Marc Nadelar y su amigo Jesús Rodríguez Recio– ejercieran como tal.

Tras pasar de los pormenores de reuniones entre directivos de las empresas a cuestiones más generales, en estos más de 80 folios, Rafael Delgado reafirma que «no dictó ningún tipo de resolución administrativa injusta a sabiendas». Todo lo contrario, afirma. Se limitó «a cumplir con la más estricta legalidad».

Su declaración, programada para este 2 de junio, abre el calendario de citaciones que se extiende hasta el 27 de septiembre y que incluye a investigados como los hermanos Llorente, de Collosa, a varios ex directivos de Iberdrola, y al ex director de Excal, Alberto Esgueva, entre otros.