El Ejecutivo es partidario de abrir Garoña pero «con seguridad»

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, recordó ayer que quien solicitó el informe al Consejo de Seguridad Nuclear fue la empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Así lo señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde insistió en que la Junta es partidaria de que se reabra la central pero que se haga «con seguridad».

En el análisis de esta situación, recordó Marcos, hay que tener en cuenta que, más allá de quién pidió el informe, de él se sustrae el trabajo de tres años con estudios de 167 técnicos, más de 30.000 horas y 23 actas de reuniones. Un rigor en los datos, dijo, que ha hecho que el Consejo de Seguridad Nuclear plantee la reapertura siempre y cuando se realicen las inversiones necesarias valoradas entre 150 y 200 millones de euros. Una reapertura que, recordó, «no va vinculada a ningún capricho, ni decisión políticas, sino a criterios rigurosos».

Además, sostuvo, hay que tener en cuenta el debate sobre el mix energético del país y plantear si España está en condiciones de «prescindir o no» de esta fuente de energía. También, incidió en los 1.000 puestos de trabajo que van ligados a este proyecto y que, de no abrir, habrá que llevar a cabo un plan «claro» de reestructuración de la zona. Éstas, dijo, son variables que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión que cuenta con un plazo de seis meses.

«Es bueno que el informe sea positivo y, a partir de aquí, hay que seguir trabajando porque se ha demostrado que cuando se cerró hubo más connotaciones políticas que técnicas».

El comisario de Acción por el Clima y Energía de la Unión Europa, Miguel Arias Cañete, por su parte, aseguró que Garoña debe ser tratada «como cualquier otra central». Afirmó que los estados miembros de la UE son «soberanos para elegir su mix energético» y consideró que el debate se está produciendo «en toda la Unión Europa donde los reguladores nacionales son autónomos, analizan y obligan a inversiones para garantizar la seguridad».

En el caso concreto de Garoña, Cañete no ve mayor inconveniente en el hecho de que la central lleve tres años parada y recuerda que «Bélgica paró sus centrales nucleares, luego tomó la decisión de ponerlas operativas otra vez, se notificaron los proyectos a la Comisión Europea y los analizamos en sus justos términos», informa Ical.

Según afirmó, los países toman las decisiones sobre sus centrales y «pueden elegir entre desmantelarlas, pararlas o prolongar su vida útil, siempre en las condiciones de máxima seguridad». A este respecto recordó que la Unión Europea «lo que ha hecho es endurecer las condiciones de seguridad para las decisiones de prórroga de acuerdo con los nuevos requerimientos y con las lecciones aprendidas después de Fukushima».

Así, Cañete explicó que la Comisión Europea, después de ese accidente nuclear en Japón, decidió «poner en marcha los stress test, las pruebas necesarias para ver las condiciones de seguridad adicionales que tendrían que tener las centrales nucleares cuando se prorroga su vida útil». En todo caso, recordó que cuando los estados deciden una reapertura de una central y siempre que haya «un nuevo proyecto de inversión» tiene que ser notificado a la Comisión Europea que lo analiza «para ver si cumple las condiciones de seguridad de acuerdo con los reguladores nacionales que son los que tienen la última palabra en esta materia».

Cecale duda de la rentabilidad de la inversión y de sus garantías

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, expresó las dudas de la patronal sobre si la inversión que realizaran las eléctricas en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sería rentable y si además se garantizaría totalmente la seguridad.

Aparicio, tras la firma de un convenio para inserción laboral con personas con Síndrome de Down, aclaró que es un «tema complejo y difícil, sobre todo por seguridad» y añadió que «por mucha inversión que se hiciera» no sabe si se cubriría el riesgo y se recuperarían las inversiones.

Aún así, el presidente de la patronal castellana y leonesa expresó su respeto a lo que decidan Endesa e Iberdrola porque cada empresa sabe lo que debe hacer y en qué momento. En este sentido, cree que si hay un riesgo económico no se hará, más aún después de que las empresas eléctricas han invertido mucho en energías limpias que en los últimos años han compensado la parada de Garoña.

Santiago Aparicio recordó que Cecale se mostró partidiaria de la energía nuclear porque es «limpia» y «barata» pero que debe tener una «seguridad a prueba de bombas», por lo que ha pedido que si se pone en marcha de nuevo la central «sea con todas las garantías».

A este respecto, incidió en que no es una central nueva y hay que hacer muchas inversiones en un edificio viejo, que supera los 40 años de media de vida de las centrales y «a lo mejor no es rentable» cuando las eléctricas han hecho inversiones en energías como la eólica, reiteró, informa Ical.

Además, insistió en que en los últimos años no ha sido necesario el funcionamiento de la central, que se ha suplido con otras fuentes, e incluso cree que abarataría los precios de la electricidad pero «tiene un riesgo que no tienen el resto de energías y se tiene que garantizar la seguridad al cien por cien».