Del Olmo negocia rebajar los 10M€ del fallo a cambio de nuevas ITVs

La oposición parlamentaria tildó de forma unánime como «chapuza» el sistema de concesión administrativa que dejó en manos privadas el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Castilla y León, que llevó a la Comunidad a tener las tarifas más caras de España y triplicar su coste desde 1991. La Junta congeló las tarifas de 2012, 2013 y 2014, decisión recurrida por la Asociación de Empresas Aecyl y por Itevelesa. El TSJ y el Supremo dio la razón a esta asociación en el caso de 2012, mientras que en el resto está pendiente el fallo definitivo. Para 2015 la Junta rebajó las tarifas en una media de 11,1 euros (de 59,52 a 48,4) y modificó el sistema de revisión de precios, hasta entonces automático en función del IPC. Las empresas recurrieron y el TSJ dictó una decisión salomónica: acepta la rebaja de la Consejería pero se opone al sistema de revisión de precios. La Junta ha recurrido éste último y las empresas han hecho lo mismo con la rebaja de 11,1 euros.

En este contexto, el conflicto de las ITV sigue judicializado. Pero la Junta negocia con Itevelesa, que controla la mayoría del servicio, la autorización de nuevas estaciones a cambio de rebajar o retirar las posibles indemnizaciones por el fallo judicial de 2012 y los dos siguientes que cifra en 10 millones de euros.

La Consejera anunció que su departamento trabaja en una nueva redacción del sistema de revisión de las tarifas «con el fin de garantizar que en Castilla y León se continúe prestando un servicio de ITV de calidad por el que los ciudadanos paguen los justo». Al respecto, destacó que es fundamental que los precios «no desincentiven el cumplimiento de la obligación de revisar técnicamente los vehículos y que además evite el efecto frontera que surge con diferencias de precio abultadas».

El procurador del PP, Raúl de la Hoz, aseguró que las ITVde Castilla y León son las mejores de España y la más alejada está más cerca que la de otras regiones.

La oposición calificó de forma unánime de «chapuza» la concesión administrativa al tiempo que aprovechó para denunciar los efectos negativos sobre los ciudadanos de privatizar un servicio público.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, llegó a decir que los ciudadanos se ahorrarán 30 millones de euros con la rebaja y la Junta podrá en el mayor de los casos pagar 10 millones. Esta afirmación provocó uno de los momentos de mayor tensión cuando el procurador socialista, José Francisco Martín, le pidió que retirará esa afirmación y le espetó que esos 30 millones es dinero de los ciudadanos. «Usted no se merece cobrar ni un euro si mantiene eso», sentenció el procurador socialista. Los ciudadanos con coche y sin él van a tener que pagar esa cantidad, añadió.

Del Olmo repasó la evolución del servicio de las ITV, desde que fue transferido por el Gobierno a las comunidades. Reconoció que el sistema de revisión de precios no era adecuado, máxime cuando la concesión estará vigente hasta 2029.

Aseguró que hasta el momento no han tenido que pagar nada, porque el único fallo del Supremo corresponde a la demanda de Aecyl y no a las de las empresas, aunque es previsible que el sentido sea similar cuando se resuelva el contencioso planteado por estas. «Deben ser las propias concesionarias y no la asociación las que realicen las reclamaciones por los perjuicios derivados de la congelación».

Como es previsible que Itevelsa y el resto ganen sus demandas, la cuantía para esta empresa junto a los intereses es de 1.434.652 euros. En conjunto los tres años apuntan a 7,65 millones para esta compañía y 10 para el conjunto de las concesionarias.

Del Olmo reconoció que los beneficios de estas empresas son «muy superiores a los estudios económicos que sirvieron de base al establecimiento de las tarifas iniciales», máxime con el «envejecimiento del parque de vehículos» que eleva las inspecciones.

En cualquier caso, la rebaja de tarifas que rige desde 2015 aún no ha sido ratificada por el Supremo ante el recurso presentado por las concesionarias al fallo del TSJ que la validó.

José Francisco Martín (Grupo Socialista): «La chapuza acaban por pagarla los ciudadanos»

José Francisco Martón recordó que fueron Aznar y Miguel Pérez Villar quienes decidieron privatizar las ITV. Aseguró que Pérez Villar fue fundador de la empresa Itevelesa a la que se le adjudicó. El procurador socialista tildó en varias ocasiones de chapuza el proceso, tanto la concesión como la congelación de tarifas, que calificó de «antecdente inmediato» del Hospital de Burgos. «Se privatiza un s ervicio público buscando el negocio privado», criticó. Martín acusó a la Junta de hacer pagar a los ciudadanos unos «errores electoralistas».

José Sarrión (Izquierda Unida): «Han querido blindar el negocio a las empresas»

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, recordó que la empresa quiso que los trabajadores de la ITV pagaran la rebaja de tarifas con más jornada, menos plantillas y menos sueldos.

Aseguró que se les «maltrató sistemáticamente» en un conflicto que calificó de «dramático», al tiempo que la empresa impuso «tarifas antisociales».

El procurador de IU criticó la privatización del servicio y acusó a la Junta de «blindar los beneficios» a las empresas. A juicio de José Sarrión los servicios públicos de la Comunidad deben ser prestados por entidades públicas para evitar lo que ha ocurrido con las ITV.

Ricardo López (Podemos): «Todos pagamos esta actuación desastrosa»

El procurador de Podemos también apeló a la «desastrosa» gestión de la concesión «que van a pagar todos los ciudadanos». Ricardo López se preguntó quién va a asumir responsabilidades «por esta actuación que pagamos todos». El parlamentario se preguntó cuáles serán las consecuencias definitivas del proceso y no dudó en criticar que en este caso «la cuerda se haya roto por el lado de los trabajadores que son los más débiles». López cuestionó el procedimiento y llegó a sugerir que una vía de competencia sería incluso mejor que un servicio público.

José Ignacio Delgado (Ciudadanos): «Es un fracaso rotundo que pagamos todos»

«Estamos preocupados y mucho. El proceso de las ITV se ha desarrollado mal y siempre pagamos los mismos», dijo el procurador por Ciudadanos, José Ignacio Delgado, quien como portavoz de la formación naranja en la Comisión también utilizó el calificativo de «chapuza» y de «fracaso rotundo» para criticar un proceso que no dudó el tildar de fruto de una «mala gestión».

Delgado considera que en la Junta se han consentido «estas tropelías» y «quien consiente tiene la misma categoría que quien ejecuta».

A su juicio es una «barbaridad» que la concesión dure hasta 2029. «Este procedimiento atenta contra el libre comercio de las empresas», sentenció el representante de Ciudadanos.