La Junta «negociará» con las ITV cómo compensar la congelación ilegal de tarifas
Asegura que no subirá los precios para cumplir con la sentencia del Supremo / Aún está «calculando» el perjuicio ocasionado a las empresas
Los usuarios pasan la revisión de sus vehículos en una estación de ITV.-GONZALO ARROYO
La Junta «negociará» con las concesionarias cómo compensar los ingresos que las empresas que prestan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) dejaron de percibir con la congelación de las tarifas en 2012, una medida que el Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal al confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en 2015 se había pronunciado en el mismo sentido.
El fallo considera que la Dirección General de Industria y Empleo tenía que haber actualizado las tarifas conforme a la variación del IPC al entender que esta revisión es preceptiva y no una «suerte de potestad discrecional» de la Administración autonómica. Eso no significa, matizan desde la Junta, que la sentencia –ya firme– del Alto Tribunal obligue a la Junta a actualizar los precios ahora, cuatro años y medio de aprobarse aquella congelación.
La condena impone a la Junta –además de los 6.000 euros de costas al perder el recurso de casación ante el Supremo– la obligación de compensar aquellas pérdidas a las empresas adjudicatarias de este servicio público, agrupadas en la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecyl-ITV), integrada por Itevelesa, Itevecasa y Atisae. Lo que no especifica el fallo es cómo hacerlo. Y en este punto la Administración autonómica se mostró ayer partidaria de «negociar» directamente con las adjudicatarias la manera de resarcirlas, indicaron fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.
En este contexto, es previsible que esta «negociación» condicione otra vía de diálogo paralela, la abierta con las empresas para estudiar los llamados ‘equilibrios de las prestaciones entre las partes’. Es decir, las conversaciones ya iniciadas entre la Junta y las concesionarias para evaluar la calidad del servicio que prestan las ITV de Castilla y León y que determinará las nuevas tarifas de las inspecciones de vehículos en la Comunidad, que serán actualizadas este año mediante una orden.
La sentencia del Supremo hace alusión a la congelación establecida en 2012 y aún tiene pendiente pronunciarse sobre los precios también estancados en 2013 y 2014.
Fuentes próximas a la asociación de concesionarias cifran en 7,5 millones de euros la indemnización que la Junta debería abonar, sin intereses, sólo para compensar los perjuicios ocasionados en 2012, una cantidad que podría ascender a los 230 millones si los próximos fallos de los dos ejercicios posteriores también le son favorables. Desde la Junta, sin embargo, no dan por válidas esas cifras y aseguran que «están calculando» el montante de esos ingresos no percibidos.
Las mismas fuentes inciden en que la congelación aplicada en ese trienio no tiene nada que ver con la rebaja de tarifas de 2015, cuando se aprobó reducir un 20% el precio de la revisión de vehículos. Esta medida, que acumula tres sentencias del TSJCyL favorables a la Junta contra otros tantos recursos, sirvió para equiparar las desbocadas tarifas de Castilla y León con la media nacional y supuso un ahorro anual de 10 millones en los ejercicios 2015 y 2016 para los castellanos y leoneses, argumentan desde la Consejería.