Acuerdo de Comunidad contra el impuesto al azúcar de Rajoy
La Junta ultima un pacto social y político en defensa del sector remolachero y azucarero para revertir la intención del Gobierno / Las Opas alertan del «delicado» momento ante el fin de cuotas
Castilla y León abandera la lucha contra la propuesta del Gobierno de Rajoy de aplicar el denominado ‘impuesto dulce’, una tasa sobre las bebidas azucaradas para regular su consumo, y con la que se pretende recaudar 200 millones de euros en 2017. La Comunidad abre así un nuevo frente ante lo que considera un «disparate», en palabras del propio Juan Vicente Herrera.
La Junta trabaja ya en un acuerdo social y político en defensa del sector remolachero y azucarero, como anunció ayer la Consejería de Agricultura y Ganadería. De esta forma, el equipo de Milagros Marcos se hace eco de la frontal oposición a este gravamen expresada por todo el sector, y aboga por un pacto de Comunidad en torno a un sector estratégico que da empleo a más de 6.000 personas en Castilla y León. De ellas, 4.000 son agricultores que han apostado por este cultivo «al límite de la rentabilidad», según el sector, con rendimientos récord de 110 toneladas/ hectárea, y con menos superficie esta campaña.
El objetivo de la Consejería es cerrar un acuerdo con la industria y las organizaciones profesionales agrarias, que derive también en un «consenso» político para intentar «revertir» la intención del Gobierno. Una operación similar a la llevada a cabo en torno al sector de vacuno de leche. La Mesa de la Leche aprobó entonces un decálogo de propuestas que fue ratificado después en las Cortes.
En este caso, el Grupo Parlamentario Popular ya ha anunciado la presentación de una Proposición no de Ley que quiere llevar al Pleno de la próxima semana. Este miércoles se presentará a la Mesa de las Cortes para su tramitación. Una iniciativa que parte de los ‘populares’ y que pretende lograr el rechazo de la Cámara a la propuesta del Gobierno. En ella se insta a la Junta a que solicite al Ejecutivo que «desista» de tal propuesta y que sea «sustituida» por campañas informativas y educativas dirigidas a «reducir consumos abusivos de estos productos».
La opinión general del sector es que se trata de un impuesto meramente «recaudatorio». En este sen-tido, desde la Consejería de Agricultura cuestionan que se pretenda «corregir» hábitos alimentarios «subiendo impuestos», o lo que es lo mismo, que se quieran erradicar estos problemas «desde el Ministerio de Hacienda y no desde el de Sanidad».
La Junta está ultimando un manifiesto que enviará al Gobierno explicando la «importancia» que el sector remolachero y azucarero tiene para la Comunidad. Castilla y León moltura el 85% de la cuota de azúcar de España, con 421.000 toneladas.Todo ello sin olvidar el escenario a partir de octubre de 2017, con la desaparición del sistema de cuotas.
Un escenario al que se han referido las organizaciones agrarias. El presidente de ASAJA, Donaciano Dujo, valora positivamente el paso dado por la Junta. «La consejera cumple con su obligación, asegura, hay que luchar para que Rajoy no meta mano al sector vía impuestos». Y es que Dujo insiste en que el nuevo gravamen es «perjudicial», por eso, apuesta por «pelear el acuerdo». En este sentido, recuerda que «el PP no tiene mayoría y la tasa se puede echar atrás».
El Gobierno ha anunciado la creación de este nuevo impuesto como proyecto de ley que tendrá que ser negociado en las Cámaras parlamentarias.
La Consejería de Agricultura ha convocado a las Opas el próximo 13 de diciembre, fecha en la que está previsto que se presente el manifiesto de apoyo al sector ya consensuado. Estos días, industria y organizaciones estudiarán el borrador y aportarán, si es necesario, sus apreciaciones.
Para el coordinador regional de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, la medida «no beneficia al sector azucarero ni a los consumidores». González muestra su preocupación ante la liberalización del sector y advierte de los efectos de la nueva tasa. Opinión que comparten desde la UCCL. Jesús Manuel González Palacín insiste en que esta medida llega en «el peor momento». Para la Unión de Campesinos de Castilla y León , el escenario es «delicado» para un sector «con la más baja rentabilidad y el mayor riesgo». Por eso, creen que ahora se debe hablar de «futuro y estabilidad» .