Podemos no logra que el PP declare a Castilla y León libre de paraísos fiscales

El Grupo Popular desestimó hoy en el pleno de las Cortes la proposición no de ley de Podemos, que sí contó con el voto favorable del resto de la oposición, para que Castilla y León sea declarado territorio libre de paraísos fiscales y se exija a empresas que concurren a la licitación de contratos públicos 'tolerancia cero' con esos países.

El procurador de Podemos Félix Díez manifestó que tras el “escándalo” de los papeles de Panamá se ha visto que los países no quieren luchar contra el fraude fiscal, pero añadió que su partido sí y en esa dirección defendió la proposición no de ley. Así, señaló que del conjunto de compañías del Ibex 35 tenían 810 empresas con residencia fiscal en paraísos donde los “tributos son una quimera”.

Díez reclamó que Castilla y León se declare comunidad autónoma libre de paraísos fiscales y se exija a las empresas que concurran a un proceso de licitación que acrediten que no tienen vínculos con paraísos fiscales, mediante la implantación de unas medidas de transparencia pública. Además de solicitar la sensibilización a la ciudadanía para que se declare 'tolerancia cero' con las empresas con presencia en paraísos fiscales.

La proposición no de ley recibió dos enmiendas del Grupo Socialista, presentadas por Laura Pelegrina, aceptadas por el ponente, en las que planteó la regulación en la legislación estatal y la exclusión de la contratación pública a empresas que estén radicadas o cuenten con una amplia presencia en paraísos fiscales sin actividad económica que lo justifique, favoreciendo a las empresas que presenten un mayor nivel de responsabilidad fiscal.

De “terrorismo económico y financiero” calificó José Sarrión (IU) que grandes empresas se instalen en países considerados paraísos fiscales para pagar menos impuestos, lo que recordó que redunda en menores ingresos en la caja del Estado y en recortes sociales. Sarrión tachó de “drama y verguenza” que las empresas del Ibex tenga residencias en paraísos fiscales y pidió que las administraciones actúen con contundencia, por lo que apoyó que no se contrate desde lo público con ellas.

Aunque dudó del encaje legal de algunos puntos, Luis Mariano Santos (UPL) dio el apoyo a la propuesta para reforzar los mecanismos de control y para que en los contratos públicos se beneficie a empresas sin un “escape fiscal”. Manuel Mitadiel (C's) compartió el espíritu de la PNL pero también expresó dudas legales.

El Grupo Popular no dio su apoyo a la iniciativa y apeló a una serie de leyes, como la de contratos del Estado que prohíbe contratar con personas físicas o jurídicas inmersos en episodios de corrupción, que no están al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Seguridad Social o la nulidad por la falsedad en la declaración de la renta, como explicó Irene Cortés.

Concluyó Félix Díez que le habría sorprendido el apoyo del PP cuando el exvicepresidente Rodrigo Rato está acusado de fraude fiscal, cuando la sede del PP se ha reformado con dinero en B o cuando José Manuel Soria dejó el cargo de ministro de Industria al conocerse que su relación en los papeles de Panamá, a la vez que se refirió a los casos de corrupción de Púnica o Gürtel. “Cuando se nos llama radicales, son medidas que están en la Constitución”, finalizó.