La Fiscalía y la acusación ratifican la solicitud de 19 años de cárcel para el empresario agredeño y su familia
La defensa de esta familia pide la libre absolución al considerar que algunos delitos han prescrito
El Ministerio Fiscal y la acusación particular (la Tesorería de la Seguridad Social) se ratificaron en la solicitud de 19 años de cárcel y una multa de más de cinco millones de euros para un empresario agredeño y su familia (mujer y dos hijas), en el juicio que quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Soria.
Por su parte, la defensa del empresario y su familia requirió la absolución de estas cuatro personas, que dirigieron, desde 1976, las empresas Embutidos Sorianos y Embutidos San Miguel del Moncayo en Ágreda, por considerar que algunos delitos de los que se les acusa, como el de defraudación a la Seguridad Social, habían prescrito, además “de que no supera el límite de 120.000 euros contemplado en el Código Penal”.
La Fiscalía y la Tesorería de la Seguridad Social, sin embargo, requieren una condena de once años de prisión y una multa de tres millones de euros para el empresario agredeño, cuyos datos de filiación son P.R.R., al que le acusan de ser el presunto autor de delitos continuados de defraudación a la Seguridad Social, de falsedad documental y de disfrute indebido de prestaciones del sistema de Seguridad Social.
Para su mujer, M.T.M.M., que sustituyó como administradora única a su marido en dos empresas del sector chacinero ubicadas en la localidad soriana, también mantiene una pena de cuatro años y cinco meses de prisión y una multa de 2,3 millones de euros como presunta autora de un delito continuado de defraudación a la Seguridad Social y otro de estafa en grado de tentativa.
Además, corroboraron la reclamación para cada una de las dos hijas del matrimonio, que responden a las iniciales de A. I. R. M., concejal en el Ayuntamiento de Ágreda, y M. T. R. M., sendas penas de dos años de prisión y multas de 5.400 euros como presuntas autores de un delito de insolvencia punible.
La Fiscalía consideró que los acusados P. R. R. y su mujer, M. T. M. M., llevaron la dirección y la gerencia única del grupo de empresas chacineras a cuyos trabajadores retenían de las nóminas la ‘cuota obrera’ para ingresar en la Tesorería de la Seguridad Social, si bien incumplieron dicha obligación. La deuda según el fiscal, asciende a 397.309 euros de tres ejercicios. Además, las hijas crearon una tercera sociedad para eludir el embargo de la Tesorería de facturas.
Reiteró en su argumentación, durante el juicio, que la Sociedad Cooperativa San Miguel del Moncayo y la empresa Embutidos Sorianos constituyeron un grupo empresarial con un “mismo objetivo social” y cuya creación “tuvo la finalidad de eludir el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades ante la Seguridad Social”.
La acusación particular aseguró que los imputados “burlaron y se mofaron del Sistema de Seguridad Social” durante 17 años por valor de 1,3 millones de euros. Además, les acusó de apropiación indebida, ya que lo que debían ingresar por la “cuota obrera” en la Administración de la Seguridad Social se lo quedaban en su propio beneficio. Asimismo, les acusó de defraudar 108.138 euros al sistema, ya que el acusado, a pesar de no estar al corriente de las cotas, logró a través del INSS una pensión, que calificó de “defraudadora”.
Asimismo, significó la actitud tendente a defraudar de los imputados, y por ello, “los acusados constituyeron varias empresas con las que ocultaban bienes y evitaban embargos”.