La Junta autorizó la mina de uranio sin evaluar su radiactividad

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autorizó la mina de uranio de Retortillo, en Salamanca, sin evaluar la radiactividad de los residuos almacenados tras la extracción. Así lo denuncia el procurador de IU-Equo, José Sarrión, quien ayer criticó «las prisas» de la Junta de Castilla y León para sacar adelante, en septiembre de 2013, un proyecto que cuenta con la fuerte contestación de los vecinos de la comarca.

Aunque esa autorización fue dictada mucho antes de que la minera Berkeley fichara en diciembre de 2014 al lobista Manuel Lamela presuntamente para influir en el visto bueno dependiente de la Comisión Europea, las «sospechas» se ciernen ahora también aquí sobre la escrupulosa legalidad de los permisos concedidos por la Administración autonómica.

Tal y como ya denunció Sarrión el pasado mes de julio, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dictada por Medio Ambiente fue favorable pero no tuvo en cuenta la radiactividad de los residuos generados y almacenados en el polémico proyecto que la empresa quiere implantar en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes. De ahí que el portavoz propusiera entonces revisar esa autorización, mediante una proposición no de ley votada en octubre, que contó con el respaldo de todos los grupos de la oposición pero que que fue rechazada con los votos del PP.

La reivindicación nace de la plataforma Stop Uranio. Su portavoz, José Ramón Barrueco, indicó ayer que «la Junta se creyó a pies juntillas el proyecto planteado por la empresa», pero el Consejo de Seguridad Nuclear alertó de la radiactividad de esos residuos. En su opinión, el hecho de no haber evaluado esa radiactividad «invalida» la DIA.

Esa declaración ambiental sí recoge los volúmenes de residuos oxidados, sulfurosos, estériles planta y procedentes de radiactividad natural (los llamados NORM, sin tratamiento previo), pero no evalúa el impacto de los restos radiactivos resultantes de la actividad minera y que serán almacenados en la planta de concentrado.

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente defienden que no hubo premura porque el expediente estuvo dos años tramitándose. Además, argumentan que la evaluación ambiental «contempló los aspectos establecidos en los informes del Consejo de Seguridad Nuclear» y que ésta determinó, «a los solos efectos ambientales, la conveniencia de ejecutar el proyecto, y fijando las condiciones en que debe realizarse».

La vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, también incidió ayer en que el expediente es «exquisito y riguroso» y aseguró que en la Junta «no se conoce» a Manuel Lamela. «Puedo decir tajantemente que el señor Lamela en esta Comunidad Autónoma y en la Junta no ha estado para nada», aseguró.

Valdeón insistió en que se trata de una instalación «compleja» cuya tramitación es «supranacional» y cuyo expediente todavía no ha concluido, ya que falta la autorización de suelo rústico, proceso que ha sido recurrido por la empresa después de que la Junta haya solicitado más información sobre este paso, informa E. Press.

Tras obtener la DIA, la tramitación de la mina a cielo abierto salmantina continuó con la autorización del proyecto de explotación de la Consejería de Economía (abril de 2014), el parecer de la ComisiónEuropa (mayo de 2015) y el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (julio de 2015), que establece varias limitaciones sobre seguridad nuclear y protección radiológica. Por último, el Ministerio de Industria (septiembre de 2015) otorgó a Berkeley la autorización previa como instalación radiactiva, decisión última que engloba la tramitación precedente y que Stop Uranio ya ha recurrido.

Convencido de que ganarán la batalla en los tribunales, José Ramón Barrueco mantiene abierta otro frente legal contra el proyecto, en este caso por afectar a dos lugares protegidos como Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario.