Las infracciones laborales muy graves repuntan un 25%

Las empresas cometen menos infracciones laborales, pero más graves. Es la tendencia detectada en las oficinas territoriales de Trabajo de la Junta en el primer semestre del año. En las 181 actas ratificadas, los inspectores han anotado 219 irregularidades. Son 76 menos que en el mismo periodo de hace un año, un 25,8% a la baja. Sin embargo, las tipificadas como ‘muy graves’ han aumentado en idéntico porcentaje.

Son las estadísticas del fraude laboral menos publicitadas, puesto que la tipología más habitual y penada es la vinculada al engaño a la Seguridad Social, es decir, los casos de economía sumergida, cuya vigilancia compete al Ministerio.

A la Junta le corresponde velar por la legalidad de las relaciones laborales, tanto a instancias de terceros –por denuncias de trabajadores o de los sindicatos–, como por iniciativa propia –fundamentalmente, a través de las campañas dirigidas a supervisar las contrataciones–.

De las 219 infracciones imputadas, 154 (el 70%) son ‘graves’. Las causas más comunes son la transgresión de la normativa sobre las modalidades de contrato –por ejemplo, mantener a un empleado a tiempo parcial sobrepasando los límites recogidos en el convenio colectivo– y la relativa a jornada, horas extraordinarias y nocturnidad, descansos, vacaciones y permisos, así como la modificación de las condiciones sustanciales del contrato.

Este tipo de infracciones, sancionadas con multas que oscilan entre los 626 y 1.250 euros en su grado mínimo, y entre 311 y 6.250 euros en el máximo, se han reducido casi un 34% en la primera mitad del año.

Todo lo contrario ha ocurrido con las muy graves. La Junta ha detectado 40 infracciones de este tipo –el 18% del total–, un 25,8% más que hace un año. Aunque en términos absolutos el aumento se limita a ocho casos, es la primera vez desde hace tres años que repunta este tipo de fraude. Así, de las 96 detectadas en 2012, bajaron a 64 al año siguiente y a 52 al cierre de 2014. Un aumento constatado al inicio del año, que contrasta con el descenso general de las infracciones laborales.

Con multas que van desde los 6.251 euros a los 187.515 en su grado máximo, la ley tipifica como ‘muy grave’ los impagos y retrasos reiterados del salario; el despido colectivo o la suspensión de contratos y reducción de jornada sin acudir a los procedimientos regulados en el Estatuto del trabajador; vulnerar derechos de huelga y representación sindical; o la discriminación y acoso.

Por último, los inspectores autonómicos detectaron 25 infracciones leves (el 11% del total), cinco menos que en el primer semestre de 2014. Las sanciones oscilan entre 60 y 625 euros.

Para el secretario de Empleo y Formación de CCOO, Saturnino Fernández, las causas de la rebaja en las infracciones detectadas –también en las actas ratificadas, 64 menos en el primer semestre– hay que buscarlas no tanto en que las empresas hayan mejorado su conducta, como en las restricciones en la tasa de reposición durante la crisis, que ha menguado las plantillas de inspectores y, por tanto, las probabilidades de destapar más fraudes.

Fernández explica que, al amparo de una «normativa laxa» y de las elevadas tasas de paro, muchas empresas han flexibilizado hasta los extremos las condiciones de su plantilla, con «contratos de dos horas, trabajando cuatro». «Se aprovechan porque, si uno no acepta, hay 50 trabajadores a la cola», afirma el responsable de Empleo de CCOO, convencido de que muchas de las infracciones ‘muy graves’ obedecen a la «reincidencia» de las empresas.

La Junta ha recaudado hasta junio 474.700 euros en multas, un 156% más, aunque parte de esos ingresos proceden de sanciones impuestas en meses anteriores.