Hacienda denuncia el pago de 110M€ en comisiones por dar autorizaciones

Un informe de 94 páginas elaborador por la Agencia Tributaria determina la «existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo» que podrían haber cobrado de empresas eléctricas más de 110 millones de euros en «comisiones ilegales» para agilizar, y en algunos casos desbloquear –encallados desde hace más de seis años–, la autorización de parques eólicos en Castilla y León.

Con ese documento, Hacienda denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción «multitud de pagos» que tienen una respuesta inmediata en concesiones administrativas o decisiones de la Junta para poner en marcha parques eólicos, como informaba este lunes El País.

«Los hechos descritos parecen indicar que, para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos, fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la Comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías», como señala el informe de Hacienda.

Dos son los nombres que aparecen en esos documentos, ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción: Rafael Delgado y Alberto Esgueva. El primero fue una de las manos derechas de Tomás Villanueva. Ocupó los cargos de viceconsejero y secretario general de la Consejería de Economía y era él, como concluye el informe, el que firmaba las autorizaciones administrativas «en virtud de acuerdo de avocación específicos».

Apunta, además, que «desempeñó un puesto muy importante en dos consejería de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería, también lo hacía Rafael [Delgado], ya fuera como vicepresidente o secretario general».

Esgueva, el principal señalado en la denuncia, fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa de la Junta dedicada a fomentar las exportaciones. Su empresa –San Cayetano Winds– podría haber sido uno de los más beneficiados por estas operaciones. La sociedad eólica Preneal, dirigida por el ex presidente de Visa España y ex secretario de Estado con la UCD, Eduardo Marigó, llegó a pagarle 13 millones de euros.

Al parecer, según recoge el informe, las eléctricas que querían instalarse en Castilla y León formaban empresas mixtas vehículo junto con cargos de la Consejería o empresarios locales «relacionados con el poder autonómico» y conseguían agilizar los trámites. Tras obtener el permiso para instalar el parque eólico, las eléctricas recompraban las acciones a su socio local por un precio que multiplicaba el capital que habían puesto. «Todas las actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León», observa el inspector de Hacienda.

Es por este motivo, que concluye que no se trata del «supuesto coloquialmente conocido como conseguidores» debido a que los importes transferidos, «por lo exorbitante de los mismos», que llevan a multiplicar «por decenas de veces» las cantidades, sino de «comisiones ilegales».

Iberdrola es una de esas eléctricas que aparece en el informe y ayer salió al paso para asegurar que ha desarrollado sus proyectos eólicos en la Comunidad «siempre» en el marco de la «más estricta legalidad». «Todas las operaciones de compraventa llevadas a cabo por Iberdrola Renovables Castilla y León (Ibercyl) se materializaron en base a las valoraciones de mercado», concluye.