La Junta recuerda que la supervisión sobre Caja España correspondía al Banco de España

La Junta de Castilla y León no tuvo comunicación por parte de Caja España de que su presidente, Santos Llamas, incurría en morosidad en las operaciones que sus empresas mantenían con la entidad de ahorro, hasta que se produjo su salida, en octubre de 2012. Por este motivo, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, sostuvo que el Ejecutivo autonómico no pudo tomar “otras medidas” diferentes a las conocidas y recalcó que no tenían “capacidad de veto” sobre estos créditos.

Villanueva se refirió durante la presentación de su balance del mandato en la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid a la imputación de los miembros del Consejo de Administración de Caja España en el año 2009 por el Juzgado de Instrucción número 5 de León, que lleva la investigación para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad, por los créditos concedidos a directivos de empresas constructoras, entre ellos el expresidente Santos Llamas.

El titular de Economía, que ha comunicado que deja la política tras dos décadas en la administración autonómica, dijo: “Nadie de la entidad nos comunicó que incurriera en morosidad. Nos llegó por primera vez al gobierno en el momento que lógicamente se produjo su salida, que creo que fue octubre de 2012, pero hasta entonces a la Junta de Castilla y León, oficialmente la entidad nunca le informó de que estaba en morosidad esta persona”.

Villanueva explicó que las competencias de “supervisión” sobre la solvencia y el riesgo de operaciones de crédito correspondían al Banco de España, si bien señaló que la Junta tenía la “obligación” de de resolver los expedientes sobre los préstamos que afectaban a miembros de los consejos de administración de las antiguas cajas de ahorro. El consejero recalcó que eran autorizaciones de “carácter administrativo”, “reglado” y que no admitían discrecionalidad sobre el pronunciamiento de la operación. Afirmó que se dictaban para constatar que contaban con la aprobación formal del órgano de gobierno y que no superaban los porcentajes de concentración de riesgo de la legislación estatal.

“Nunca, nunca hemos recibido ninguna advertencia o comunicación del Banco de España alertando, en su condición de supervisor, o cuestionando las operaciones de Caja España con su presidente, ni tampoco tenemos constancia de que el Banco de España haya abierto ninguna investigación o procedimiento porque lo habríamos llegado a conocer”, agregó Villanueva.

Finalmente, el consejero de Economía recalcó en el acto organizado por el Partido Popular de Valladolid que la Junta aprobó en septiembre de 2010 un decreto ley que fijó un nuevo régimen de incompatibilidades de los miembros de la dirección de las cajas de ahorro, que impedía suscribir operaciones con las entidades en las que ostentaban cargos.