pleno de las cortes
Villanueva garantiza todos los controles sobre el fracking
El consejero de Economía y Empleo asegura que no se pondrá en peligro a los ciudadanos o al medio ambiente
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, insistió en que el permiso de investigación concedido a la empresa canadiense BNK para estudiar el suelo de la zona de Las Merindades, en Burgos, para extraer gas mediante la técnica de fractura hidráulica o 'fracking' es de obligado cumplimiento por ley y no supone más que una investigación del suelo.
Así lo señaló Tomás Villanueva durante una respuesta oral formulada por el procurador de Izquierda Unida, José María González, quien aseguró que esta técnica de pozos explotarios para la extracción de gas “envenena las aguas freáticas y provoca enfermedades a la población afectada”. Afirmaciones que calificó de “falsas, exageradas e injustas” el consejero, quien insistió, en todo caso, en que se trata de estudios técnicos que llevarán a cabo funcionarios de la Administración para garantizar la seguridad.
En este sentido, el consejero sostuvo que estos proyectos se han sometido a información pública y son un trámite de obligado cumplimiento que “no suponen nada” y dan la posibilidad a los ciudadanos para que presenten las alegaciones que consideren, al tiempo que incluyen una declaración de impacto medioambiental que se va a basar “en realidades técnicas realizadas de manera rigurosa y seria” y, afirmó, “no se pondrá en marcha ningún proyecto que ponga en peligro a los ciudadanos o el medio ambiente”, remarcó Villanueva.
Sin embargo, José María González le reprochó que detrás de esta decisión está un argumento “político” y no técnico, sino que pretende favorecer los intereses de la empresa. Para González, los ciudadanos de Las Merindades “tienen miedo” en base a lo que ha ocurrido en países como Canadá y Estados Unidos donde se han envenenado las aguas. Por ello, exigió “encarecidamente” a la Junta que reconsidere esta decisión y no lo justifique con argumentos técnicos.
“No es una decisión política, el gobierno tiene la obligación de tramitar las solicitudes de permiso de investigación de cualquier empresa”, reiteró el consejero de Economía y Empleo, durante el último pleno de la legislatura.
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agencias