El Estado aporta el 18% del coste del sistema de dependencia en la Comunidad

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servios Sociales recoge en el XIV Dictamen del Observatorio Dependencia que el Estado financia el 18 por ciento del coste de la Ley de la Dependencia, lo que sitúa a la Comunidad en el octavo lugar a nivel nacional. Murcia, con el 30 por ciento, es la región que recibe más dinero para prestar la dependencia, seguida de Canarias (22,1%), Baleares (21,3%), Extremadura (20,8), Andalucía (20,4), Galicia (19,1) y Aragón (19%).

Unos datos que la asociación aprovecha para denunciar que, por primera vez, la aportación de los propios usuarios de la dependencia supera a lo que costea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para financiar el sistema. El estudio elaborado por los directores y gerentes del sector constata las diferencias existentes entre unas comunidades y otras en relación a la aportación estatal. Algo que explica por el “tipo de atenciones de diferente coste” que se prestan en cada territorio.

El informe pone como ejemplo a Murcia, donde la Administración regional costea la prestación económica para cuidados en el entorno familiar al 87% de las personas atendidas con lo que el gasto público del sistema se reduce mucho, con una media de 5.100 euros por dependiente al año. Mientras que el País Vasco reduce ese porcentaje al 50% pero tiene un elevado gasto en residencias, por lo que el desembolso público por dependiente atendido supera los 8.300 euros anuales. De ahí que el aporte estatal baje mucho, hasta situarse en el 11,4% y ser la más baja de todo el país.

Copago "discriminatorio"

Con estas cifras, la asociación precisa que la aportación pública autonómica neta difiere en función del modo de aplicación del copago. Un copago que, precisamente, es otro de los “elementos más discriminatorios” que rompen con la “mínima uniformidad exigible” al sistema.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, siempre ha criticado la mala financiación de la Ley de la Dependencia, desde su creación en 2007, puesto que la Junta costea el 81 por ciento de la atención y el Estado, un 19 por ciento. Pese a ese déficit de financiación, Marcos asegura que la Junta destina, anualmente, al sistema de dependencia en torno a 500 millones de euros. Además, recientemente, criticó que el modelo de financiación autonómica del año 2009 no establece ninguna partida finalista para los servicios vinculados a la atención de la dependencia, aunque el número de usuarios sea una de las variables que determine el reparto de fondos entre las comunidades.

Asimismo, Marcos señaló, entonces, que el Estado aporta el 19% y el resto corresponde a la Comunidad. La consejera expuso que el sistema de financiación utiliza diferentes variables para aplicar la distribución de fondos, como el envejecimiento o la dispersión, al que se suma el número de personas dependientes. Esto no implica que esa cantidad tenga que ser destinada a los servicios y cuidados a las personas dependientes, como a su juicio establece un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Un órgano que determinó que Castilla y León recibió 249,3 millones en 2013, frente a los 235 de 2012, a través del Imserso (83,6 millones) y el sistema de financiación (165,7 millones).