Diario de Valladolid

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La Unión de Guardias Civiles ve "complicado" ejercer su labor en la Comunidad

El secretario nacional de la asociación asegura que ocho de los 35 representantes de Castilla y León tienen abiertos expedientes disciplinarios

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ICAL

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La Unión de Guardias Civiles denunció este jueves en Valladolid que sus delegados en la Comunidad están siendo sometidos a una persecución orquestada por parte de los mandos del Instituto Armado. El secretario nacional de este colectivo, Ramón Rodríguez Prendes, aseguró que “ser representante de nuestro colectivo en Castilla y León es complicado y peligroso, ya que muchos mandos se resisten a aceptar la existencia de las asociaciones profesionales haciendo la vida imposible a nuestros delegados”.

Así, destacó que Castilla y León es la comunidad autónoma donde más sanciones se tramitan contra delegados de la Unión de Guardias Civiles, ya que la actualidad están abiertos una docena de expedientes disciplinarios a ocho de los 35 representantes que tiene la asociación repartidos por las nueve provincias.

Rodríguez Prendes también explicó que desde hace dos años llevan denunciado esta persecución a la Dirección General de la Guardia Civil y criticó la negativa del delegado del Gobierno a recibirlos. “Ahora mismo confiamos más en los tribunales que en la propia Dirección General nuestra y que en cualquier institución política”, aseveró.

A su vez, aseguró que a pesar de la discriminación que vienen sufriendo, “vamos a seguir trabajando por la defensa de los derechos de todos los guardias civiles y proponiendo mejores y, en el caso de los expedientes disciplinarios que consideramos injustos vamos a llegar hasta el final en los procesos judiciales”.

Rodríguez Prendes realizó estas declaraciones en una comparecencia en la que se denunció el caso de un cabo primero destinado en una localidad de Valladolid y representante de la Unión de Guardias Civiles, al que se le quiere imponer una sanción por haber incumplido una normativa interna de la Guardia Civil que impide a los agentes subirse a una ambulancia.

Según explicó el asesor jurídico del colectivo, Daniel Muñoz, el agente incumplió esta norma en una situación muy especial y siguiendo la petición de un médico. El incidente ocurrió cuando un equipo sanitario solicitó la ayuda a la Guardia Civil para poder trasladar en ambulancia a un enfermo metal muy violento al que la medicación no le hacía efecto. Así, el médico, conocedor que al paciente sólo le calmaba la presencia de los agentes del Instituto Armado, reclamó en repetidas ocasiones la presencia de este cabo primero en la ambulancia, hasta que finalmente accedió.

Tras esta actuación, al agente le fue impuesta una sanción grave que suponía la pérdida de salario durante doce días, aunque tras un recurso inicial y la carta enviada por el propio equipo sanitario a la Dirección General de la Guardia Civil, en la que aseguraba que la intervención del agente fue clave para preservar la salud del enfermo, se le rebajó a dos días.

Además, también denunciaron que este mismo cabo primero ha presentado una denuncia contra el sargento de su cuartel por incumplir órdenes de un superior, que reclamó más equidad entre todos los agentes allí destinados, y de la propia Dirección General, al impedir su presencia en una reunión del Consejo de la Guardia Civil para la que estaba autorizado. A su vez, también aseguraron que “estamos ante un caso evidente de acoso laboral, ya que a este cabo primero se le ha llegado a ordenar cometidos tan ridículos como ordenar el tráfico en determinadas zonas peatonales”.

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