Diario de Valladolid

Segovia

El Ayuntamiento podría expropiar la parcela de los miniapartamentos ilegales

La alcaldesa, Clara Luquero pretende recuperar los 70.000 euros que le costará ejecutar la sentancia del TSJ que ordena restituir la legalidad en este espacio protegido

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ICAL

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El Ayuntamiento de Segovia baraja expropiar la parcela de los 46 miniapartamentos ilegales que se empezaron a construir en 2005 en una huerta del valle del Eresma (suelo rústico) para tratar de recuperar los 70.000 euros que le costará la ejecución subsidiaria de la sentencia del TSJ de Castilla y León que ordena restituir la legalidad urbanística en este espacio protegido. Para ello, la alcaldesa, Clara Luquero, avanzó que el próximo lunes a las 11 de la mañana comenzará la demolición de todo aquello que no contemplaba la licencia de obras que se concedió, únicamente, para levantar un muro de contención.

De esta manera “se procederá a eliminar todo lo que no constaba en licencia, empezando por esos pilares de ladrillo que están denotando que es una edificación con objeto de ser habitada”, explicó la regidora segoviana en declaraciones recogidas por Ical durante su rueda de prensa semanal tras la Junta Local de Gobierno. La primera parte del derribo será mecánica y, por tanto, menos compleja y costosa que la segunda, que requiere un trabajo manual para eliminar del interior “todos los elementos que no corresponden” y sellar los cubículos; aunque la alcaldesa matizó que será una intervención de “pocos días”.

Preguntada por la sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la promotora del polémico proyecto, Hontanilla de Santo Domingo, Luquero señaló que “de momento” en el Ayuntamiento no se ha vuelto a saber nada. “Nosotros lo que hacemos es actuar de manera subsidiaria para reponer la legalidad y después, con todos los mecanismos que legalmente tiene el Ayuntamiento, ir contra la propiedad, expropiar”, añadió. “Ya veremos cuál es el mecanismo para intentar que quien es el responsable de este delito urbanístico, este atentado contra un espacio protegido, pague las consecuencias y no todos los segovianos”.

La alcaldesa precisó que todavía no ha solicitado una valoración de la finca para medir hasta qué punto se cubriría así el coste de la ejecución subsidiaria, aunque matizó que los técnicos municipales probablemente “están en ello”. Y entretanto, “era necesario reponer la legalidad” y cumplir la sentencia del TSJ que pone fin a un polémico litigio de ocho años que Luquero espera que sirva de ejemplo para “disuadir” a quien pueda creer “que va hacer con la ley lo que le venga en gana porque piense que luego tiene posibilidades de legalizar”.

“No quiero que se olvide que uno de los implicados en esta empresa era un concejal del PP que se vio obligado a dimitir por el escándalo”, incidió en referencia al exedil Ángel Sancho, quien, según la alcaldesa, iba a ser el responsable de Urbanismo en el Consistorio segoviano en caso de que hubiera gobernado este partido.“Por eso eran especialmente alarmantes y graves aquellas declaraciones de algunos de los responsables que venían a decir, o se atrevieron a decir, que lo hicieron con buena intención (la construcción de los miniapartamentos en suelo rústico) por si luego se podía legalizar, así que a ver qué pensamos con eso”, prosiguió.

Más de 300.000 euros en sanciones

El Consistorio ya anticipó en septiembre el próximo derribo de estos miniapartamentos con carácter subsidiario, una vez expirado el plazo de tres meses que había dado el TSJCyL a los promotores para que restituyeran la legalidad; aunque se esperaba para octubre y finalmente será el 1 de diciembre. Fue también Luquero quien anunció en abril la sentencia por la que se multaba con 210.000 euros a Hontanilla de Santo Domingo por “intentar construir una residencia de estudiantes (de la antigua Universidad SEK) en suelo rústico de especial protección”; y al arquitecto Tomás Arranz Sanz, “una multa de 122.500 euros” por la misma causa.

La alcaldesa ya avanzó entonces que el Consistorio asumiría la demolición si la constructora no procedía a ello en el plazo establecido, aunque después tomaría “las medidas oportunas” para reclamar el dinero. Y el próximo lunes asegura que asistirá al inicio del derribo: “Después de ocho años (de litigio) estaré allí la primera pero sólo un rato, lo justo, porque hay que seguir trabajando y una repuesta la legalidad esto ya será pasado”, concluyó.

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