Las Cortes aprueban la ley de Prevención Ambiental con el voto en contra de PSOE e IU

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy con los votos de la mayoría del PP, en contra de PSOE e IU y la abstención de UPL el proyecto de ley de Prevención Ambiental, de la que se podrán beneficiar 1.300 actividades o instalaciones con la reducción a la mitad de los trámites administrativas y la reducción de costes a las empresas, medidas resaltadas por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y por los ponentes del PP, mientras que para PSOE e IU la reducción de trabas “da barra libre” en la exigencia de defensa del medio ambiente.

El Grupo Popular cerró filas en la defensa del texto y rechazó todas las enmiendas de la oposición -91 PSOE, 31 de IU y 8 de UPL-, por entender que es una buena ley para las empresas y los ayuntamientos, como argumentó el procurador Julián Ramos, en línea con lo expresado antes por Antonio Silván, en la presentación del proyecto de ley. “Votar no, es votar en contra del desarrollo económico y no fiarse de los ayuntamientos y las empresas”, advirtieron los procuradores populares a la oposición.

La socialista Ana Muñoz de la Peña, en 91 enmiendas vivas ante el pleno, rechazó que se sustituya la licencia por la comunicación ambiental y estimó que el texto entra en contradicción con el objetivo de reducción administrativa, al pedir una documentación extensa y duplicada. Igualmente, sobre los plazos, reclamó seis meses en vez de los nueve que se prevé para la licencia, que en su opinión entra en contradicción con los tres de la ley de estímulos a la creación de empresas.

“Es una ley mejor en línea con lo pedido por empresas y ayuntamientos”, defendió el ‘popular’ Julián Ramos, que destacó la simplificación administrativa para las nuevas actividades y la reducción de costes para los promotores. “El único fin es ofrecer seguridad jurídica al emprendedor”, afirmó, para añadir que está en “sintonía” con las otras leyes aprobadas para no duplicar trámites y ahorrar costes.

Ramos argumentó que han buscado el acuerdo pero añadió que ha sido difícil por no existir “voluntad” en el Grupo Socialista, que desde el principio “marcó unas líneas rojas”, por lo que rechazó el “rodillo” del PP. “Es una ley especial, esperada por todos y se modifica para solventar problemas con los que nos encontramos en el día a día”, resumió.

El procurador subrayó que alcaldes socialistas no están de acuerdo con los argumentos en contra expresados por la parlamentaria y se refirió a que los ayuntamientos tenga competencia en la autorización ambiental y se puedan agilizar trámites administrativos. “Niegan la confianza a los municipios y a los empresarios”, sostuvo.

El argumento de creación de empleo y dar agilidad se produjo después por el ‘popular’ Jorge Domingo Martínez al dar replica a las enmiendas presentadas por José María González. El parlamentario de IU afirmó que no conoce que ninguna empresa de la Comunidad no se haya instalado por “trabas administrativas” a las que apela Junta y PP como objetivo de la ley. “Si conozco Eurovegas en Madrid”, añadió. “Votar no a esta ley, es votar no al desarrollo económico, no confiar en los ayuntamientos y en los promotores”, advirtió el popular.

Por su parte, Alejandro Valderas (UPL) reclamó la introducción de actividades como el ‘fraking’, igual que antes lo pidió PSOE e IU, y se opuso a que se exima a las comisiones territoriales de algunas competencias, que pasan a los municipios. “Si los controles no sirven, seremos los primeros en pedir la revisión de la ley”, manifestó.

Novedades

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, en su intervención inicial, explicó las novedades y los cambios que se recogen en el proyecto de ley de Prevención Ambiental Silván y subrayó los objetivos de la norma en racionalizar, agilizar y reducir los tiempos de concesión de los permisos y autorizaciones así como en el ahorro económico para las empresas, aunque no concretó ese apartado.

La norma recoge distintos tipos administrativos en función de la afección, como la autorización ambiental, la licencia urbanística, la licencia ambiental y la comunicación ambiental. Las licencias son concedidas por los municipios y en los otros dos casos por la Junta de Castilla y León, si bien el consejero de Fomento garantizó en todos los casos la protección y el respeto al medio ambiente en todas las actividades que se pongan en marcha.

Entre las novedades, está la autorización ambiental, que se refiere a actividades más contaminantes, los trámites requeridos serán simultáneos en los informes que deberán emitir la Junta de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero y los ayuntamientos. En cuanto a la licencia urbanística, se otorgará tras la autorización ambiental y su plazo se reduce de diez a nueve meses.

La licencia ambiental se reserva para instalaciones que no están sujetas a la autorización o comunicación ambiental dado que tienen una afección media en el medio ambiente, de manera que, según explicó el consejero, se evita la duplicidad y la tramitación en la Comisión Territorial de Medio Ambiente. La tramitación será de dos meses en vez de cuatro y el silencio administrativo se considera positivo. Así, 1.300 actividades o instalaciones tendrán un procedimiento simplificado.

También, para actividades menos contaminantes está la comunicación ambiental, que sustituye a la licencia, de manera que 450 nuevas actividades al año podrán presentar esta fórmula sin tener que recurrir a solicitar un permiso.

En el caso de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cambio consiste en la armonización con la norma estatal de manera que 45 actividades actuales que requerían ese trámite en la ley autonómica no estarán sujetas con la aprobación del nuevo texto en las Cortes de Castilla y León. Silván garantizó la protección ambiental aunque algunas de ellas no precisen la EIA.