El exdirector de Riesgos declara que Bankia "impuso" la decisión de hipotecar el torreón de Lozoya

El exdirector de Riesgos de Caja Segovia Óscar Varas declaró ante el juez, en calidad de testigo dentro del caso Navicoas, que Bankia “impuso de alguna manera” a la extinta entidad la decisión de asumir la deuda tributaria de una sociedad de la que participaba con un préstamo, concertado precisamente con Bankia, en el que se incluyeron como avales el torreón de Lozoya (siglo XV) y otros inmuebles. Así lo aseguró hoy el abogado Joaquín Rodríguez Ramos, defensor del expresidente Atilano Soto y de algunos de los exconsejeros que aprobaron que Caja Segovia pagara 6,8 millones que correspondían a Navicoas Asturias S.L., pese a que Hacienda no le reclamaba responsabilidad subsidiaria alguna, de ahí que el juez considere que “indiciariamiente” pudieron incurrir en un delito societario.

Para el abogado de la acusación popular de Izquierda Unida, Alberto López Villa, el objetivo final de Bankia era quedarse con los inmuebles hipotecados a la vez que evitaba asumir esta deuda (6,8 millones de euros) como una carga dentro de la operación de integración de Caja Segovia en la nueva entidad resultante. Además, tanto este letrado como el de la acusación popular de UPyD, Jorge Alexandre, destacaron que el exdirector de Riesgos vino a reafirmar la tesis de que Caja Segovia no asumió la carga para preservar los intereses de la entidad, sino los de las personas físicas que ejercieron como administradores de hecho de Navicoas, como el propio Varas o el exvicepresidente Manuel Agudíez (PSOE).

También prestó declaración ante el juez, en este caso como imputada, la exconsejera de Caja Segovia y alcaldesa de Sepúlveda entre 2007 y 2011, María Concepción Monte de la Cruz (PP), quien se sumó a la decena de miembros del consejo que ya ratificaron ante el juez su versión de que no fueron debidamente informados de lo que aprobaban. Y como testigo estaba citada una tercera persona, el administrador concursal de Navicoas, Rafael Pedro Marras, que no acudió por causas que no han trascendido y desconocían los abogados.

Tras las comparecencias, el abogado Rodríguez Ramos fue el primero en atender a la prensa: “A nuestro juicio lo más importante es que (Varas) ha confirmado lo que veníamos manteniendo desde un principio, que esto fue una decisión de Bankia que de alguna manera vino a imponer a Caja Segovia”, resumió en declaraciones recogidas por Ical. “Quien llevó la voz cantante y decidió lo que había que hacer fue Bankia”, según insistió, porque Caja Segovia carecía de otra asesoría fiscal o jurídica alternativa al encontrarse en pleno proceso de integración.

“Votaban de corrido lo que les presentaban”

El abogado de la acusación popular de IU, por su parte, relató que Monte de la Cruz, quien compareció antes que Varas y apenas estuvo diez minutos ante el juez, declaró que “asentían en los consejos de administración de Caja Segovia sin apenas información”. Así, “votaban de corrido todo lo que les presentaban sin conocer el alcance ni el origen de lo que estaban aprobando”, incluida “la asunción de una deuda que muy claramente no correspondía a Caja Segovia”.

Según López Villa, “el objetivo de Bankia” era “eximirse” de la deuda tributaria y adjudicársela a Caja Segovia para que la saldara concediéndole un préstamo que después no iba a poder devolver, “y por tanto, para quedarse en el futuro con el torreón de Lozoya y otros inmuebles de una manera indirecta”. ¿Y por qué aceptó esta operación Caja Segovia? Según el letrado de IU, “porque (en caso de impago a Hacienda) parece que podría derivarse una responsabilidad económica muy fuerte en administradores (de Navicoas), en personas físicas concretas como Manuel Agudíez, parece ser, y tal vez también Óscar Varas”.

“En Bankia debían de ser conscientes de que estaban dando un crédito a alguien que no podría pagarlo, pero con una garantía muy bonita y sustanciosa”, incidió López Villa, quien coincidió en sus planteamientos en buena medida con el abogado de UPyD Jorge Alexandre. Este último añadió que Monte de la Cruz declaró ante el juez que el Consejo autorizó al expresidente de Caja Segovia Atilano Soto a gestionar esta operación, pero sin haber sido informados previamente de la inclusión de garantías hipotecarias.

Respecto a la declaración de Óscar Varas, Alexandre aseguró que el exdirector de Riesgos apuntó que ninguno de los informes encargados por Bankia concluían de manera explícita que Caja Segovia se estuviera exponiendo a ningún tipo de responsabilidad subsidiaria si no pagaba la deuda tributaria de Navicoas. “Simplemente decían que había una posibilidad legal de que los administradores de hecho pudieran asumir las deudas de sus participadas”.

“El juego que intentan hacer las defensas es bastante conocido, el del mal menor”, reseñó el letrado de UPyD. En concreto, Caja Segovia, siguiendo instrucciones de Bankia, basada a su vez sobre todo en un informe del despacho de Garrigues, habría decidido pagar 6,8 millones en acta de conformidad con Hacienda en lugar de arriesgarse a pagar más de 60 millones si no se llegaba a un acuerdo. “Pero en realidad es un argumento falaz porque aquí lo que tiene que quedar claro es que Caja Segovia no tenía que haber pagado nada, debería haberse opuesto y haber dilucidado, incluso en los tribunales, si como parece no le correspondía esa deuda”, reiteró.

Precedentes

El caso se centra fundamentalmente en averiguar por qué el Consejo de Administración de Caja Segovia aprobó en julio de 2012 concertar un crédito con el Banco Financiero y de Ahorro (BFA)-Bankia para poder asumir los 6,8 millones de euros que acumulaba de deuda tributaria Navicoas Asturias. Una sociedad de la que participaba en un 50 por ciento y que en principio formaba parte de las cargas del traspaso de todo su negocio financiero precisamente a Bankia, dentro del proceso de integración. Para obtener aquel préstamo, además, la entidad segoviana incluyó como aval su buque insignia, el torreón de Lozoya (s. XV), entre otros inmuebles.

Para el juez Jesús Martínez Puras, según consta en su auto de diciembre de 2013, el Consejo de Administración de Caja Segovia “no actuó de la mejor de las formas a la hora de velar por los intereses de la caja, de sus socios y sus depositarios”. Por un lado, “porque se endeudó para solventar la deuda tributaria de una empresa que ya estaba declarada en concurso de acreedores, sin que la Agencia Tributaria hubiera dirigido responsabilidad subsidiaria alguna frente a Caja Segovia”; y por otro, “no está en modo claro que esa deuda, si es que se debía responder, no tuviera que hacerlo el Banco Financiero y de Ahorro S. A. o Bankia”.

Por ello, el titular de Primera Instancia e Instrucción 5 imputa “indiciariamente” un delito societario a todos los miembros del Consejo que, “sin una base legal sólida” y “en grave perjuicio” para la caja, aprobaron concertar dicho préstamo.

El expresidente y el exdirector general de Caja Segovia, Atilano Soto y Fernando Tapia, declararon el pasado 13 de junio que la extinta entidad “se tenía que fiar” de Bankia porque actuaba como su “asesor fiscal y jurídico”. Sin embargo, el abogado de UPyD Andrés Herzog, considera que Caja Segovia no debía seguir las indicaciones de Bankia porque ésta “defendía sus propios intereses” para no tener que cargar con esa deuda de 6,8 millones de euros dentro de la operación de integración.

Diez consejeros, los que presentaron la denuncia que propició la apertura de la causa a finales de 2012, sostienen que no fueron debidamente informados de lo que estaban aprobando, o dicho de otro modo, fueron “manipulados”, según sus declaraciones ante el juez de los días 5 y 6 de febrero; y otros como el exvicepresidente Manuel Agudíez y Elena García Gil, actualmente en el patronato de la fundación, aseguraron que todos eran plenamente conscientes y que se veló por los intereses de la entidad.