Rioseco complica la declaración de zona catastrófica por no activar un plan de riesgo

A Medina de Rioseco se le ha complicado obtener la declaración de ‘zona catastrófica’ que pidió al Gobierno central tras el reventón térmico del 31 de agosto, debido a un tropiezo burocrático. Si el Ayuntamiento del municipio afectado hubiera solicitado la activación de un plan de riesgo, o el propio servicio de Protección Civil –dependiente de la Junta– hubiera dado ese paso, las gestiones habrían tomado un camino mucho más rápido, casi automático, pero la ausencia de ese trámite está alargando el procedimiento y, por ende, su resolución.

La consecuencia es que las ayudas para afrontar los cuantiosos daños sufridos a causa de la intensa lluvia, el granizo y las fuertes rachas de viento –cifrados en 2,2 millones de euros sumando daños en patrimonio público y privado–, siguen ‘atascadas’ en una fase de análisis. Por eso la Ciudad de los Almirantes no aparece en el listado donde se enumeran las 176 emergencias ocurridas entre el 27 de febrero y el 14 de septiembre que el Consejo de Ministros sí declaró como ‘zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil’.

Será esta semana cuando, previsiblemente, la Delegación del Gobierno de Castilla y León eleve al Consejo de Ministros el ‘pack’ de expedientes que tiene sobre la mesa, del que no sólo forma parte Rioseco en la provincia de Valladolid, sino también Portillo, por la fuerte tormenta que registraron a finales de junio.

Tanto la localidad alfarera como la bañada por el Sequillo comparten el mismo problema a la hora de obtener la mencionada declaración, y es que en ninguno de los dos casos se activó el INUNcyl, el Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.

De haber ‘pulsado ese botón’, sus peticiones se habrían gestionado por una vía más rápida y ahora la Delegación no tendría que estar haciendo acopio de informes para justifiquen su tramitación administrativa. Prueba de ello es que Portillo sufrió el mismo episodio de lluvias que azotó Salamanca pero sólo la provincia charra consiguió la declaración de ‘zona catastrófica’ porque había activado el INUNcyl, mientras el enclave vallisoletano sigue pendiente porque allí no se hizo.

La ausencia de ese trámite, por tanto, evidencia un punto de inflexión para ser ‘zona catastrófica’ y bifurca el camino en dos alternativas: una más rápida y cómoda, y otra más larga y ardua. ¿Por qué entonces no se activa cuando hay un episodio meteorológico adverso? Porque realmente «no hay ninguna norma que obligue a la activación de un plan para optar a unas ayudas», aclaró la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés.

Según subrayó la responsable de la Agencia, «los planes se activan porque hay una situación de emergencia, no porque los ayuntamientos tengan que justificar después la petición de ayudas». «Condicionar las ayudas económicas a la activación de un plan me parece una aberración», añadió después de insistir en que la normativa no especifica que sea imprescindible y de considerar que se trata de un «filtro» para cribar el elevado número de solicitudes que reciben.

En el caso concreto de Rioseco, Cortés se preguntó a qué plan tendrían que haber recurrido. «¿Al INUNcyl aunque no fueron inundaciones? ¿Al PLANCAL ( Plan Territorial de protección civil de Castilla y León? ¿Con arreglo a qué? Los planes se activan con informes técnicos que los avalen, y un reventón térmico es algo sobrevenido», argumentó para razonar que no se pusiera en marcha.

De hecho, la directora de Protección Civil recordó que el aviso en la zona terracampina era amarillo por lluvia y «ni siquiera se pasó a naranja». «No había condicionantes técnicos que indicaran la necesidad de activar un plan», aunque sí se avisó a los alcaldes de la zona, afirmó Cortés, para que tuvieran limpias alcantarillas y canalones y procuraran que no hubiera vehículos cerca de los cauces.

Aunque la previsión meteorológica no permitiera prever con antelación el envite atmosférico y los destrozos causados, Protección Civil podía haber activado un plan de riesgo durante el episodio, o el alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, podía haberlo solicitado. Esa decisión es la que marcó después la deriva de unos trámites que ahora avanzan a ralentí.

«¿Se podía haber activado en ese momento? Sí. ¿Iba a conllevar alguna diferencia en las actuaciones que se estaban desarrollando? No, porque los medios estaban ya», añadió Irene Cortés para aclarar que priorizaron la atención de la emergencia que la activación de un trámite que ni siquiera es obligatorio porque «no hay ninguna norma que lo recoja».

En ese mismo argumento se refugió el alcalde de Medina de Rioseco para defender que la ausencia de ese trámite no debe impedir la recepción de las ayudas solicitadas.

Y no es que lo impida, pero sí frena su gestión. De nada sirvió que dos días después del reventón térmico el regidor convocara una junta local de seguridad con el objetivo de analizar lo ocurrido y que allí anunciara la intención de solicitar al Consejo de Ministros la declaración de Medina de Rioseco como ‘zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil’.

Tampoco sirve que ahora apremie al Ejecutivo central para que sea más ágil en la resolución de su caso y que considere que los plazos «van demasiado lentos» teniendo en cuenta que hay muchos «damnificados».

Igual que no sirven los recientes lamentos del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, diciendo que las administraciones están «mirando para otro lado», según expresó a principios de este mes en el programa La Quinta Esquina de La 8 de Valladolid.

Podía haber sido una aprobación automática y lo cierto es que, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno, tienen que recopilar informes para que Rioseco se acoja a la figura de ayudas. «La Delegación del Gobierno en Castilla y León está realizando todos los trámites posibles, en coordinación con la Dirección General de Protección Civil, para que finalmente se pueda incluir a este municipio, que ha quedado fuera de las ayudas como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, como consecuencia de aquellas inundaciones, para lo que se están añadiendo informes de la Unidad de Protección y de la AEMET que respalden la solicitud del Ayuntamiento», aclararon a petición de este periódico.

No porque la memoria técnica elaborada a nivel municipal para analizar las consecuencias de «una catástrofe de magnitudes inconcebibles, ilógicas, irracionales, improbables», fuera escueta (son 500 folios), sino porque el hecho de no haber activado un plan de riesgo obliga ahora a aportar más documentación.

En todo caso la negativa, por uno u otro camino, es una opción que no contemplan. «Ni el alcalde ni los vecinos entenderíamos que no se resolviese con la declaración solicitada», subrayó David Esteban antes de razonar que se trata de una petición «argumentada y trabajada».

«Esto no va de colores», añadió en referencia a que el bastón de mando de la localidad lo ostenta el Partido Popular, mientras el Gobierno de España está liderado bajo las siglas socialistas. También por eso optó por solicitar la declaración de ‘zona catastrófica’ por vía plenaria en vez de por decreto de Alcaldía, a pesar de que se trata de un mero formalismo, pues el trámite fundamental para acudir a la vía rápida se lo habían ‘saltado’.

Ahora toca esperar, bajo el yugo de la incertidumbre.

2,2 millones en destrozos

Aquella jornada de 31 de agosto, a partir de las 18.50 horas, las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora y llovieron 33 litros por metro cúbico. Entre 40 y 50 minutos de pánico en los que hubo calles convertidas en ríos, entornos cubiertos de blanco a causa del granizo y material volando debido a los desprendimientos.

Los daños se han cifrado en 2,2 millones de euros. En lo que se refiere a infraestructuras públicas, el informe enumera desperfectos en calles, parques y jardines, museos, centros educativos, centros culturales y turísticos, monumentos, el cementerio y la propia casa consistorial. 

Se trata de afecciones relacionadas con filtraciones, humedades, roturas de cristales, desprendimientos, materiales estropeados, árboles caídos, daños en sistemas de calefacción, líneas de alumbrado arrancadas o sepulturas rotas, con el pabellón polideportivo como lugar más afectado, con una reparación estimada en 225.000 euros. Le siguen por cuantía la reposición de la vegetación y la reparación del alumbrado. 

Además, se suman los daños en empresas, naves o explotaciones, y en viviendas, tanto en unifamiliares como en comunidades, sin olvidar los daños contabilizados en las iglesias y en vehículos. En total, casi 470.000 euros en daños de dominio privado, estimados a partir de las fotografías tomadas incluso con drones.