Junta y Diputación invierten 22 millones en completar la depuración en los pueblos

Que las aguas de todos los núcleos de población de la provincia vuelvan depuradas a los cauces de los ríos en esta legislatura. Es el compromiso que puso ayer sobre la mesa el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Con ese objetivo, el consejero involucró a la Institución provincial para que contribuya a una estrategia, por valor de 22 millones de euros, que instalará 43 nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (Edar) para dar servicio a poblaciones de entre 500 y 2.000 habitantes. «La Junta ha invertido más de 75 millones en la anterior legislatura para acometer 40 actuaciones en municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes», recordó Suárez-Quiñones. «Ahora toca el turno a los de 500 a 2.000, y después continuaremos con una última fase para las localidades con menos de 500 habitantes».

Así lo explicó en una rueda de prensa en la que los responsables de ambas administraciones desvelaron los acuerdos alcanzados. «Se trata de una inversión que excede las posibilidades de la Junta, de la Diputación y los ayuntamientos, por eso planteamos que las tres partes contribuyan a financiar las actuaciones», añadió. Junta y Diputación aportarán el 40% cada una, mientras los municipios abonarán el 20% restante.

Para facilitar el pago, la Junta adelantará el 40% correspondiente a la Diputación, que lo sufragará en 10 años a razón de 658.000 euros anuales, mientras los Ayuntamientos podrán desembolsarlo en un plazo de 25 años, y además, a cuenta de la explotación de las distintas estaciones depuradoras por parte de Somacyl en ese plazo. «Por término medio serán 30.000 euros lo que llegue a pagar cada ayuntamiento», aseguró Suárez-Quiñones.

Paradigma

Cuando la siguiente fase, que arrancará a media legislatura, destinada a los pueblos más pequeños, haya terminado, «Castilla yLeón será un paradigma en la lucha contra el cambio climático, con cero aguas residuales en nuestros ríos», subrayó el consejero.

Además de la ampliación del programa ‘Rehabitare’, que pasará de 800.000 euros de inversión a 1,2 millones de euros para arreglar viviendas de propiedad municipal y destinarlas a alquiler social, Consejería y Diputación acordaron aportar fondos para conseguir que, a final de legislatura, la banda ancha de internet llegue a todos los pueblos.

Suárez-Quiñones aseguró que la banda ancha de más de 30 megas llega ya a más del 90% de la población, pero hay que hacer un esfuerzo para que llegue a todos los rincones. Por ello, las dos administraciones dedicarán dos millones de euros en el próximo ejercicio para ampliar la cobertura de banda ancha de alta capacidad.

Las dos instituciones aportarán el 50% de la inversión. A esos dos millones iniciales se unirán otros tres en los ejercicios 2022 y 2023, con el objetivo de que la red llegue a todos los ciudadanos de la provincia. El próximo año se alcanzará una extensión de internet de entre 30 y 100 megas en el 92,94% de la población de Valladolid. Tendrán acceso a ella 484.000 ciudadanos. Quedará pendiente el restante 7,02% de la población, unos 36.700 habitantes. Es a ellos a quienes se dirigen las nuevas fases de extensión de cobertura de la Junta y la Diputación.

Por su parte, Íscar mencionó otras cuestiones abordadas en el encuentro, como el transporte por carretera, refiriéndose concretamente a las actuaciones en la VA-610 entre Pollos y Castronuño, y el transporte ferroviario, asunto sobre el que el presidente de la Diputación solicitó el apoyo de la Junta para el corredor Medina del Campo-Valladolid-Palencia. En este sentido, mencionó la proposición que se debatirá en el orden del día del Pleno de la Institución que se celebrará mañana, en apoyo al transporte ferroviario y el Corredor Atlántico.

Asimismo, Íscar puso sobre la mesa el tratamiento de residuos considerados no domésticos, y las Normas Urbanísticas Territoriales que afectan a los municipios.

Por otro lado, en relación con otras medidas medioambientales, Suárez-Quiñones desveló que la Junta de Castilla y León ultima una estrategia sobre calidad del aire que se marcará como reto que en diez años no se sobrepasen los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son «los más rigurosos», y no sólo los límites de la normativa europea. Con ello, la Comunidad tratará de alcanzar «la excelencia», matizó el consejero de Fomento y Medio Ambiente.

Esta estrategia finalizará en un acuerdo del Gobierno autonómico, que está «próximo a tomar», afirmó el consejero, quien reiteró que la calidad del aire de la Comunidad de Castilla y León es «extraordinaria».