TLP defiende que la Iglesia pague su IBI y reabrirá el debate en la Diputación

La portavoz de Toma la Palabra (TLP) en la Diputación de Valladolid, Virginia Hernández, defenderá en el seno de la institución provincial que la Iglesia católica abone a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por las propiedades de las que es titular, tal y como hace «cualquier otro contribuyente».

La también alcaldesa de San Pelayo sostiene que la priroridad de las corporaciones locales es prestar servicios a sus vecinos y recuerda que estos se financian con impuestos. «Si todos tributamos por nuestras propiedades, la Iglesias también tiene sus edificios, con independencia del uso lucrativo o no que tengan, por lo que debe contribuir», asegura.

Hernández prefiere no concretar por ahora ni cúando ni cómo reabrirá este debate en la Diputación, que ha vuelto a la primera línea de la política en algunas instituciones, como el Ayuntamiento de Castellón, donde el tripartito de izquierdas que gobierna ha encargado un estudio que avale el cobro del IBI al Obispado.

«De momento, estamos aún configurando la estructura de la institución. Tendremos que ver qué tipo de iniciativa presentamos, si lo hacemos a través de alguna comisión y, sobre todo, qué predisposición tiene la nueva corporación a esta petición», argumenta la alcaldesa.

La posición de TLP en torno a este asunto recobra actualidad a propósito de la visita que ayer realizó el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, a San Pelayo. En el encuentro informal, Virginia Hernández tuvo ocasión de trasladar al prelado su deseo de que el Arzobispado autorice al Ayuntamiento el uso de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para actividades culturales.

La alcaldesa recuerda que este templo del siglo XVI apenas tiene uso entre noviembre (desde la festividad de Todos los Santos) y junio (cuando se celebran las fiestas patronales) y considera que podría prestar un buen servicio a los vecinos el resto del año si pudiera utilizarse como una infraestructura para iniciativas culturales, de la que el pueblo carece.

Lo que plantea la regidora de TLP es que la iglesia sea escenario de «conciertos corales» o «representaciones teatrales de grupos de la zona», cita a modo de ejemplo.

Hernández relata que el Ayuntamiento hace un esfuerzo económico importante en el mantenimiento del templo, además de haber aportado financiación –junto a la Diputación y al Arzobispado– para las obras de rehabilitación ejecutadas a finales de 2018 al amparo del convenio firmado entre las instituciones provincial y eclesiástica para la reparación de ermitas.

Por este motivo, la alcaldesa de San Pelayo considera justo que, si la Iglesia no costea íntegramente los gastos derivados de su patrimonio –objetivo por el que, dice, va a pelear– al menos los vecinos puedan beneficiarse del templo –entendido como recinto–, puesto que contribuyen a su conservación con sus impuestos.

PROGRAMA MARCO

En este sentido, la representante de TLP en la Diputación remite al programa marco provincial con el que su agrupación concurrió a las pasadas elecciones municipales.

«La provincia de Valladolid cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico de gran valor (...) Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para su conservación, pero también exigiremos a sus propietarios el compromiso económico para ello y en particular al Arzobispado de Valladolid, que tiene más propiedades de las que es capaz de mantener», señala el programa electoral, dentro del capítulo dedicado a la cultura.

Y añade: «En último caso, y si fuera imprescindible para garantizar la conservación del patrimonio, los Ayuntamientos que tuvieran que hacer alguna aportación en la restauración de iglesias o ermitas, deberían acordar con el Arzobispado su utilización posterior por parte del Ayuntamiento (conciertos, representaciones, etc…)».

La otra gran batalla que mantiene viva TLP es la recuperación de los inmuebles inmatriculados por la Iglesia «a su favor a pesar de carecer de título expreso de propiedad sobre los mismos».

«Elaboraremos un inventario de todos estos bienes, solicitando información al Registro de la Propiedad (nota simple), a los Ayuntamientos de la provincia y al Arzobispado de Valladolid. Se trasladará esta información al Ministerio de Justicia y a la Coordinadora Recuperando para reclamar las devoluciones que correspondan», incluye su programa marco. Una pretensión que ya intentó sin éxito la agrupación en octubre de 2018.