El 46% de las VPO rurales siguen vacías pese al impulso del alquiler

El estruendo provocado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria todavía retumba en la provincia vallisoletana, donde casi la mitad de las viviendas de protección oficial que se construyeron en los años de crisis continúan vacías, pese a que la Junta de Castilla y León, encargada de su impulso, rebajó los precios, incluyó nuevas subvenciones y recurrió al alquiler como fórmula alternativa –eso sí, de manera temporal– para ‘dar salida’ a las promociones fantasma.

En total, 80 casas edificadas en seis municipios (Pozaldez, Traspinedo, Fresno el Viejo, Castroponce, Íscar y Pedrajas de San Esteban) gracias a un desembolso de 8,3 millones de euros. De ellas, únicamente en nueve se ha materializado la venta frente a las 37 que no han encontrado ocupante, lo que supone que el 46,25% del parque de vivienda pública de la provincia no ha logrado captar el interés de los compradores.

El grueso de esos inmuebles ‘sin morador’ se concentra en las dos localidades de Tierra de Pinares, las últimas donde se culminó el proceso de construcción –en concreto, en el año 2016– y donde no se ha recurrido al arrendamiento, por ahora, a la espera de ver cómo evolucionan las ventas antes de determinar si pasan al programa de alquiler.

Así, del bloque de Íscar, con viviendas de entre 73 y 83 metros cuadrados, se han vendido dos de la veintena disponible y hay tres más en trámites, según aclararon fuentes de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl. En Pedrajas de San Esteban, por su parte, de los 22 chalés con 88 metros cuadrados útiles y garaje, cuatro se han vendido y el resto no están habitados.

En el primer caso, el precio media de venta se cifra en 77.000 euros y, en el segundo, asciende a 91.000 euros (IVA incluido), después de que la sociedad dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y encargada de las promociones, aprobase una reducción del 20% sobre la tasación realizada inicialmente.

Pero la rebaja de precios no parece haber sido reclamo suficiente para acallar los ecos del estallido del mercado inmobiliario. Las consecuencias se siguen padeciendo en el resto de enclaves de la provincia donde se impulsaron promociones de vivienda pública, a tenor de la radiografía actual.

En Pozaldez, Traspinedo, Fresno el Viejo y Castroponce de Valderaduey, Somacyl tuvo que recurrir al alquiler para facilitar la ocupación, después de cuatro años de ‘sequía’ en las subastas, pues sólo se vendieron tres viviendas en el primero de los casos, de las 38 que suman estos cuatro ejemplos. La construcción en todos ellos finalizó en 2012 y en 2016 se optó por firmar protocolos para favorecer el arrendamiento.

Gracias a la nueva opción, se ha logrado alquilar las 13 de Pozaldez que aún no habían levantado las persianas, las ocho edificadas en Traspinedo, las doce de Fresno el Viejo y una en Castroponce –la otra está vacía–. En todos los casos, el precio que pagan los inquilinos se cifra en 110 euros al mes, incluido el IVA.

Se trata de contratos de arrendamiento con opción a compra por un periodo de cinco años y, transcurrido ese tiempo, los ocupantes tienen la posibilidad de adquirir el inmueble y de restar las cuotas que hayan abonado a lo largo de su estancia.

En caso de que finalmente no adquieran la vivienda, tendrían que desalojarla al agotar el plazo máximo de cinco años para ejercer el derecho, es decir, quienes rubricaran el contrato de alquiler en el primer año de su puesta en práctica, en 2016, tienen de margen hasta 2021.

Los precios varían en cada localidad, según los datos albergados en la web, si bien el precio es similar y ronda los 93.000 euros de desembolso, después de que la Junta aplicara una reducción del 20% sobre el precio previsto inicialmente. Además, en el caso de Pozaldez, se aplicaría una subvención adicional del 20%, explicó Somacyl.

Para optar a este tipo de casas, añadió la Sociedad dependiente de Fomento y Medio Ambiente «los interesados deben estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de la Junta de Castilla y León, solicitando vivienda en el municipio, tener unos ingresos en 2017 de entre 1 y 6,5 veces el IPREM y no disponer de otra vivienda en propiedad». Además, «es imprescindible vivir de forma habitual y permanente en la vivienda».

Todas las promociones se construyeron gracias a la cesión gratuita de terrenos por parte de los Ayuntamientos, con el compromiso de que, si no se construían viviendas en un plazo máximo de cinco años, la propiedad de los solares revertía de nuevo en los Consistorios.

Pero la crisis, unido al elevado precio de venta que se estableció, según consideran algunos alcaldes consultados, truncó el asentamiento de población y todavía ahora, transcurridos varios años, las consecuencias son visibles.