Archivada la causa de Ecologistas contra el alcalde de Aldeamayor

Nueva ‘vuelta a la tortilla’ en el asunto de la Ciudad de la Salud de Aldeamayor de San Martín, la ordenación urbanística de 300 hectáreas que terminó rechazando la Junta de Castilla y León. Por un lado, la Fiscalía ha archivado la denuncia de Ecologistas en Acción contra el alcalde y varios concejales. Por otro Metrovacesa, la inmobiliaria promotora del proyecto, ha demandado a la Junta de Castilla y León por considerarse perjudicada en un largo procedimiento salpicado de aprobaciones y denegaciones.

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín recibió la semana pasada la notificación del archivo por parte de Fiscalía, según confirmó ayer en respuesta a este periódico el alcalde, el socialista Fernando de la Cal. Ecologistas en Acción había presentado una denuncia penal por prevaricación contra el propio De la Cal y varios concejales del PP y del PSOE, además del secretario municipal, por aprobar provisionalmente el proyecto.

La entidad conservacionista consideraba que, con esa aprobación, el Ayuntamiento había obviado sentencias judiciales firmes, así como informes técnicos desfavorables del arquitecto municipal, y también del arquitecto de la Diputación Provincial de Valladolid. Ecologistas presentó su denuncia el pasado septiembre, ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid.

También consideraba Ecologistas en Acción que el alcalde, así como el portavoz del PP, Jacob Bermejo, y los ediles Juan Carlos Olmedo (PSOE) y Abilio Ojero (PP), podrían haber beneficiado con su voto a familiares directos. Estos familiares figuraban como propietarios de siete fincas rústicas, incluidas en el suelo de la Ciudad del Bienestar y la Salud, con una extensión total de doce hectáreas. Si el proyecto hubiera salido adelante, ese suelo habría podido alcanzar un valor superior a un millón de euros, según los cálculos de los denunciantes.

Aunque el archivo de la denuncia se ha comunicado hace pocos días, la Fiscalía Provincial la acordó en enero.

En los fundamentos de Derecho, el Ministerio Público argumenta que el artículo 320 del Código Penal, invocado por los conservacionistas en su escrito, detalla un tipo especial de prevaricación que debe cumplir también los supuestos del artículo 404, que es el que define la prevaricación genérica como la cometida por la autoridad o funcionario público «que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». El 320 se refiere a las prevaricaciones específicamente urbanísticas.

Según el Ministerio Público, no se dieron los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo penal. Uno de ellos es que la conducta penalmente reprochable haya ocasionado un resultado materialmente injusto «con lesión del bien jurídico protegido», lo que no se dio, puesto que el proyecto fue rechazado por la Junta de Castilla y León.

«A la vista de la resolución denegatoria de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, se considera que no se ha producido la afectación de la ordenación del territorio y el urbanismo protegidos por la norma penal, de forma que no resultan motivos suficientes para entender que los hechos integren el ilícito denunciado», reza la resolución de Fiscalía.

El propio De la Cal mostró ayer su satisfacción por el contenido de la notificación de Fiscalía: «Ya estábamos muy tranquilos, pero al tenerlo confirmado y en papel, pues mucho más», aseguró, en referencia a sí mismo y al resto de concejales y el secretario que habían sido denunciados.

El regidor de Aldeamayor confirmó también que la inmobiliaria Metrovacesa, principal promotora del proyecto –que contemplaba la construcción de 1.441 viviendas y hasta 26.000 plazas asistenciales en residencias y hospitales–, ha demandado a la Junta de Castilla y León por rechazar el expediente. La inmobiliaria considera que se ha visto perjudicada en una tramitación salpicada de resoluciones contrarias y favorables.