El Gobierno bloquea la venta de Made al pedir a Imedexsa pagos a la Seguridad Social

La reflotación de Made en Medina del Campo (Valladolid) se retrasa y su reapertura para los 74 empleos salvados podría aplazarse hasta final de año. La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, bloquea ahora la formalización de la operación de venta a Industrias Mecánicas de Extremadura (Imedexsa).

La Tesorería, adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ha presentado un recurso de reposición en el que reclama a la jueza de lo Mercantil número 2 de La Coruña, Salomé Martínez, que revoque con otro auto el de autorización de la venta y obligue a la empresa compradora de las instalaciones de Medina del Campo a hacerse cargo de las deudas de la Seguridad Social de la empresa concursada.

El recurso al auto fechado el 26 de marzo fue presentado el martes pasado. La Seguridad Social, al frente de la cual está el socialista Octavio Granado, considera que la nueva redacción de la Ley Concursal considera que en este caso «existe sucesión de empresa» a efectos laborales y de Seguridad Social por lo que «el juez podrá acordar» que el comprador no se subrogue pagos de salarios pendientes, pero no así los de la Seguridad Social.

«Entendemos que este hecho lleva aparejada la subrogación del nuevo empleador en la totalidad de las obligaciones pendientes, laborales y de Seguridad Social», pues la norma afirma literalmente que «se considerará, a los efectos laborales y de seguridad social que existe sucesión de empresa», señala el letrado de la Tesorería en el recurso al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Lo cierto es que la jueza dejó claro en el auto que autorizó al administrador concursal la venta de Made que Imedexsa no se haría cargo de las deudas de la Seguridad Social. «El adquirente no se subroga en deudas pendientes del deudor de naturaleza concursal o contra la masa, tributaria, de Seguridad Social, ni en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial», precisó la resolución judicial de marzo.

Sin embargo, la oferta presentada en enero por Industrias Mecánicas de Extremadura prevé la opción de descontar del precio de 2,2 millones de euros las cotizaciones de la Seguridad Social, «tanto empresarial, como cuota obrera, incluidos recargos, que se hubiesen devengado con anterioridad a la firma de la escritura de compraventa de la unidad productiva, y que estén impagadas, incluida la parte proporcional de cotización del mes en que se formalice la venta en escritura».

No obstante, Imedexsa exige para la formalización de la venta un certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria «donde conste que la concursada no adeuda ninguna cantidad que sea exigible a la adjudicataria».

Sorprende ahora que mientras el Ministerio de Industria, que dirige la medinense Reyes Maroto, ha presumido de apoyar la reflotación de Made, sea ahora la de Empleo, ministerio al que está adscrita la Tesorería de la Seguridad Social, la que bloquea y retrasa la formalización del acuerdo y por lo tanto el reflotamiento de la compañía.

Fuentes cercanas a la operación consideran que el recurso de reposición podría tener el objetivo de no sentar precedentes ante situaciones similares, y su presentación podría responder a «una cuestión de imagen y un mero efecto de cara a terceros» para evitar una cadena de «condonaciones» de las cuota de la Seguridad Social en empresas que salen de la situación de concurso.

La deuda que reclamaría ahora la Seguridad Social al nuevo inversor rondaría los 500.000 euros, si bien las fuentes conocedoras de la operación aseguran a este diario que Imedexsa ya avisó de un ajuste del precio de la compra desde los 2,2 millones de euros, pensando en la posibilidad de que le tocara pagar esta deuda de la que la propia jueza le exime en el auto del mes pasado.

La Tesorería de la Seguridad Social enumera varios autos de juzgados y audiencias provinciales para avalar su tesis. Cita resoluciones de tribunales de Sevilla, Álava, Madrid y Valladolid. En concreto, reproduce una de la Audiencia Provincial de Valladolid, de abril de 2016, según la cual «excede de las atribuciones del juez del concurso exonerar al adquirente de la unidad productiva de la derivación de responsabilidad por deudas de la Seguridad Social», al tiempo que considera que «la exigencia de tal responsabilidad se habría de ventilar extramuros del concurso», en la vía contencioso-administrativa.

Y va más allá, al reproducir un fallo en este sentido del TSJ de Asturias de 2017, según el cual «la responsabilidad [del comprador] se extiende a todas las cuotas debidas de Seguridad Social que hayan sido generadas con anterioridad al hecho de la sucesión y no solo a las correspondientes a los trabajadores subrogados».

En ese sentido, sostiene que dicho pronunciamiento no es contrario a las previsiones de la directiva comunitaria y añade que los «pactos entre particulares» no pueden dispensar ni contrariar las leyes concursales a la hora de exigir al comprador el pago de estas deudas.

La titular del Juzgado de loMercantil de La Coruña deberá ahora aclarar si Imedexa está obligada a pagar los 2,2 millones por la fábrica de Medina o si de esta cantidad debe descontar los aproximadamente 500.000 que Made debe a la Seguridad Social. El hecho es que este recurso de la Tesorería retrasa la formalización de la venta y la reapertura. En el mejor de los casos sería «entre dos y tres semanas», pero los plazos son imprevisibles.

La empresa extremeña tendría que pagar como mínimo 1.403.417 euros y se comprometió a invertir 14 millones con el apoyo financiero de la Junta en un 90% de esta cantidad.

Para hacer posible la reapertura de esta planta vallisoletana, los trabajadores han tenido que asumir un expediente de suspensión de contratos durante ocho meses para 74 empleados, la extinción de dieciséis puestos de mayores de 60 años y una rebaja salarial. Con este nuevo recurso, es previsible que los plazos iniciales que poner en marcha la planta en la segunda quincena de octubre se alargen. La jueza tiene ahora la última palabra.