Diputación de Valladolid inicia un estudio industrial, con el 61% de los polígonos vacíos

La Diputación de Valladolid acaba de rubricar el contrato para la elaboración de un estudio industrial en la provincia que incluye la planificación de nuevas estrategias para, entre otras cosas, tratar de dar el empujón definitivo a las áreas empresariales desarrolladas por la institución en el territorio y que, en la actualidad, pese a cinco años de sustanciosas ayudas económicas para facilitar su venta, no llegan ni a la mitad de ocupación. De las 118 parcelas distribuidas en cuatro municipios, el 61% están vacías.

El panorama es similar al que había cuando se puso en marcha la línea de ayudas, pues en El Carpio sigue habiendo 26 solares libres y 11 con actividad, en Mayorga también continúa habiendo cuatro ocupadas frente a las 21 disponibles y únicamente en San Miguel del Arroyo se aprecian visos de recuperación, pues se han vendido diez terrenos, según datos facilitados por Sodeva, la Sociedad provincial de desarrollo dependiente de la Diputación que se encarga de la gestión de los polígonos. Villalón, como ya ocurría entonces, es el único que goza del cien por cien de ocupación.

Menos ‘estancados’ parecen estar los viveros de empresas aunque, a juzgar por las cifras, tampoco terminan de levantar el vuelo. Sin contar los de Olmedo y Peñafiel, colmatados pero donde no se puede aplicar la subvención porque las naves no se pueden comprar, y el de Villalón, que también está a pleno rendimiento desde el principio, de nuevo Carpio y Mayorga constatan las dificultades de asentamiento empresarial. Del conjunto de 15 naves y despachos que suman entre ambos viveros, sólo cinco tienen dueño.

Con esta radiografía arranca la Estrategia para la Industria y el Empleo, adjudicada el pasado 25 de enero a una consultoría con sede en Galicia, con el objetivo de establecer nuevas medidas que ayuden a favorecer el asentamiento empresarial, dado que la rebaja de precios no parece reclamo suficiente.

Así lo demuestran las cifras, pues la iniciativa, surgida en 2014, contemplaba una subvención del 40% del precio del suelo en los solares y del 20% en las naves pero, tres años después, se modificaron las bases para ampliar la cuantía al 50% y al 30%, respectivamente, y tampoco parece haber funcionado.

La escasez de solicitudes provocó que la Diputación reservara menores partidas económicas en los presupuestos y, si el plan nació con una dotación de 250.000 euros, los dos años siguientes se redujo a 50.000, en 2017 bajó a 20.000 y en 2018 se quedó en una cantidad simbólica de 10.000 euros.

Ahora, en las cuentas del presente año, la convocatoria de ayudas para incentivar la adquisición de parcelas y naves aún está pendiente de su publicación pero, según se acordó en la última Junta de Gobierno, vuelve a los 20.000 euros, la misma cuantía que se va a destinar, por ejemplo, a las asociaciones de danza tradicional castellana.

Queda patente, por tanto, que tampoco en 2019 las previsiones de venta de suelo y de naves son halagüeñas. «No está dando el resultado que se podía esperar pero el equipo de Gobierno se ha estancado en la medida», valoró el portavoz de Izquierda Unida-Toma la Palabra en la Diputación, Salvador Arpa. «Está claro que es un fracaso», apostilló el Grupo provincial Socialista.

Por eso, la bancada de la oposición lleva tiempo solicitando alternativas que vayan más allá de la rebaja de precios, pero el compromiso no llegó hasta el año pasado, cuando Ciudadanos exigió en el acuerdo de Presupuestos de 2018 que se reservara una partida de 25.000 euros para la elaboración de un estudio industrial «pormenorizado» que sirviera para analizar a nivel global la oferta de suelos, los precios o para valorar estrategias de atracción de inversores, incluyendo estos espacios.

Un informe que, destaca la formación naranja, sirva de base de trabajo y contribuya a «lograr el asentamiento de población de manera estable en la provincia» gracias a la generación de actividad empresarial.

Sin embargo, la Diputación ha apurado los plazos de este estudio industrial comprometido el año pasado y, según confirmó Ciudadanos, el proyecto no se sacó a licitación hasta octubre y, una vez valoradas las tres propuestas presentadas, la adjudicación no se ha producido hasta el 25 de enero.

«Como siempre el PP ha ido tarde y la enmienda se ha ejecutado con retraso», expresó la portavoz, Pilar Vicente, antes de añadir que estarán «vigilantes» y seguirán «defendiendo la importancia de la propuesta para revitalizar el medio rural, por medio de la generación de empleo, desarrollo económico y creación de oportunidades».

Según detalla el documento de valoración de ofertas, la empresa finalmente seleccionada, Implicatum S.L., destaca la importancia de fomentar la participación entre agentes del ecosistema industrial, empresas, universidades, asociaciones empresariales, sindicatos, técnicos de la Diputación, colegios profesionales o población de la zona, para formular los planes de acción.

Pero, a juicio del PSOE, este informe industrial que acaba de arrancar, no será suficiente para relanzar los polígonos impulsados por la institución provincial, pues estos necesitan un «estudio específico y concreto».

En el grupo socialista consideran que urgen nuevos planteamientos puesto que «la concesión de subvenciones no es un reclamo lo suficientemente atractivo como para establecer actividad empresarial» y sopesan la presentación de una proposición en pleno para crear una mesa de trabajo que comience a buscar alternativas. Por ejemplo, reparcelar los polígonos para vender porciones más pequeñas de terreno.

IU-Toma la Palabra, por su parte, insiste en la necesidad de «renovar» el «obsoleto» plan estratégico provincial elaborado en 2003 porque, dieciséis años después, la Diputación continúa considerando ese documento como referencia e «incidiendo en los mismos sectores» que entonces se consideraron estratégicos, como el enológico, sin haber considerado nuevas oportunidades.

«Es el momento de pensar en un estudio de fortalezas que no se están aprovechando, por ejemplo relacionadas con las energías renovables, pues tenemos muchas masas forestales y aquí no va a venir nadie a montar nada que no sea relacionado con una materia prima cercana. Sin embargo, se ha dejado morir a empresas que apostaron por la biomasa porque sólo estaban pendientes del vino», criticó el portavoz de IU en la Diputación, Salvador Arpa.

También el portavoz de Sí Se Puede, Héctor Gallego, se mostró crítico con esta línea basada «simplemente» en la rebaja de precios y consideró necesario mejorar los servicios auxiliares en estos entornos, así como garantizar una buena señal en las telecomunicaciones.

Además, aboga por impulsar programas de asesoramiento más directo y de seguimiento en el nacimiento de negocios iniciados, sobre todo, por jóvenes, más allá de la Oficina del Emprendedor que ya está en funcionamiento.

Alonso: «No soy pesimista; sí que hay dinamismo»

El presidente de Sodeva y vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, remarcó que sí que hay movimiento empresarial en los polígonos impulsados por la institución provincial y recordó que si cuesta más atraer actividad es precisamente porque se desarrollaron en zonas donde la llegada de inversión privada se antojaba más complicada.

«No quiero ser pesimista; estamos haciendo acciones globales donde la subvención para la adquisición de parcelas y naves es una medida más, y el polígono de San Miguel del Arroyo es ejemplo de que sí que hay dinamismo», destacó Alonso.

Además, el presidente de la Sociedad provincial de desarrollo recordó que recientemente se llevaron a cabo actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos en el vivero de empresas de Mayorga para que las naves «fueran más atractivas» y, gracias a dicha intervención, ya hay dos negocios en marcha, si bien aún hay tres naves vacías y los tres despachos disponibles tampoco se están utilizando.

Entre las últimas medidas adoptadas para incentivar la llegada de negocios destaca la modificación de las bases para mejorar las bonificaciones en los precios del alquiler de naves, y la rebaja de precios en El Carpio y Mayorga. Así, se descuenta el 50% del precio del alquiler durante los dos primeros años, para pagar una cuota que oscila entre los 266 euros en El Carpio y los 356 euros en Mayorga –los dos únicos con naves disponibles– y después el precio se sitúa en los 432 y los 448 euros respectivamente.

En cuanto a las operaciones de venta, las naves en El Carpio requieren un desembolso de 132.323 euros y en Mayorga de 167.243 euros, según datos facilitados por Sodeva. Para los solares, el metro cuadrado en el primer caso se sitúa en 21,29 euros y, en el segundo, en 25,26 euros. En San Miguel del Arroyo los precios van entre los 23,26 y los 43,75 euros, dependiendo de la edificabilidad.