El Juzgado abre el plazo de consultas para un ERE de seis meses en Made

El Juzgado de los Mercantil nº 2 de La Coruña ha ordenado la apertura de un periodo de consultas de quince días naturales para negociar un expediente de regulación temporal de empleo de seis meses para los 94 trabajadores de la planta de Isowat Made de Medina del Campo.

La juez Marta Guillemet dictó el jueves una providencia en la que insta al administrador concursal y a los representantes de los trabajadores a que, en caso de acuerdo, determinen los días concretos de suspensión de contratos o reducción de jornada individualizados por cada uno de los trabajadores afectados. En el supuesto de reducción de la jornada, deberán precisar el porcentaje de disminución temporal y los periodos concretos.

Según ha podido saber este diario en fuentes judiciales, los contactos comenzarán a principios de la semana próxima.

Un día antes de que la jueza dictara la provincia, el administrador concursal pidió a la jueza la suspensión de la actividad empresarial en la fábrica de Medina del Campo. La precaria situación de las instalaciones es uno de los principales argumentos para solicitar esta medida judicial, que llega a afectar a la seguridad e integridad de la plantilla, según un directivo de la compañía. La falta de revisión de los sistemas contra incendios, el incumplimiento de medidas preventivas de mantenimiento de las instalaciones, la inexistencia de agua potable y de suministro eléctrico, y la existencia de enjambres de abejas se suman a otras de carácter económico-financiero: falta de liquidez, notable, creciente déficit entre ingresos y gastos, y el cese de actividad «de facto».

Un informe de la Inspección de Trabajo avala la falta de actividad de la compañía y llega a decir que se está provocando una situación de «desconsideración» a la «dignidad» de los trabajadores.

«Además, la maltrecha situación económica con la que la sociedad ha llegado al concurso provoca una manifiesta imposibilidad de acometer las acciones necesarias para la subsanación inmediata de las irregularidades descritas», lo que, «hace imposible mantener dentro de la legalidad la, ya de por sí, carente actividad que existía en el centro de trabajo».

El administrador concursal recuerda al Juzgado que el propietario, Roberto Díaz-Rincón, no ha aportado dato alguno para diseñar una propuesta de convenio con sus acreedores con el fin de dar viabilidad a la empresa. Al respecto, el administrador le ha emplazado a que fije un límite temporal, «necesariamente próximo», a las negociaciones con el inversor, en este caso con el grupo vasco Cunext.

Para el administrador concursal, la demora en el cese de actividad y en el ERE implicará seguir devengando salarios y cuotas de la Seguridad Social, lo que supone elevar las deudas con el perjuicio de los trabajadores y el resto de acreedores; los primeros porque los aleja de cobrar la prestación por desempleo. Además, este retraso, según explica el administrador a la juez, rebaja sustancialmente la posibilidad de obtener una oferta por parte de un inversor.