Pedrajas plantea el alquiler para ocupar 22 viviendas de protección
PP y PSOE firman una moción en el Consistorio para que Somacyl dé salida a estas casas vacías
Calle principal de las viviendas de protección-A.P
La urbanización de 22 viviendas de protección oficial (VPO) en Pedrajas de San Esteban parece haberse convertido en el proyecto de nunca acabar, después de largos y enrevesados capítulos hasta completar su construcción, pero con un desenlace aún incierto porque, resueltas las vicisitudes en torno a su edificación, el problema ahora es que no hay compradores interesados en ocupar unos chalés para los que se sentaron los cimientos hace una década.
Desde que el Ayuntamiento de la localidad vallisoletana firmara un convenio con la Junta de Castilla y León para la promoción de dos hileras de casas unifamiliares, allá por el año 2008, el escenario socio económico ha cambiado tanto que ni la ligera bajada del precio final, ni la financiación sin intereses del pago inicial ha conseguido atraer compradores, por lo que la corporación municipal busca nuevas alternativas y ha propuesto a Somacyl, la empresa pública encargada de la construcción y la venta de las viviendas, que recurra al alquiler con opción a compra como fórmula para desbloquear la situación.
En el último pleno municipal, celebrado el pasado mes de diciembre, los dos partidos con representación en el Ayuntamiento, PP y PSOE, presentaron una moción conjunta en la que instaban a Somacyl, y también a la Dirección General de Vivienda de la Junta de Castilla y León, a «considerar la posibilidad» de ofrecer los chalés en renta por un periodo de cinco años y después plantear su venta, con el objetivo de «facilitar la adquisición de una vivienda en el medio rural».
«Creemos que no sólo es una buena salida, sino también la única vía, porque en el pueblo no hay oferta de alquiler, pero sí existe demanda, y la situación económica para muchas familias no es tan buena como para hipotecarse», razonó el alcalde de Pedrajas de San Esteban, el popular Alfonso Romo.
En los mismos términos se expresó el actual portavoz del PSOE y regidor cuando se inició el proceso de construcción de las VPO, Sergio Ledo, indignado porque las viviendas están terminadas y perfectamente acondicionadas, pero cerradas a cal y canto. «La mayor queja de la población es que tienen que adelantar en torno a 25.000 euros y a mucha gente les resulta complicado pagar esa entrada».
Ante esta tesitura, y una vez que el Ayuntamiento otorgó la licencia de primera ocupación en primavera del pasado año, la solución aportada por la Junta para facilitar la adquisición fue ofrecer un crédito de 12.000 euros al uno por ciento de interés en un plazo de amortización de cinco años para poder sufragar una parte de la entrada. Sin embargo, transcurridos siete meses, apenas se han interesado tres personas, y ni siquiera han formalizado la operación, sostuvo Alfonso Romo.
Por eso los grupos políticos de Pedrajas tachan la medida de «insuficiente» e insisten en la idea de que si el cartel de ‘venta’ no resulta atractivo, mejor cambiarlo por el de ‘renta’. Por el momento Somacyl no parece dispuesto, explicaron los ediles de PP y PSOE, y la empresa pública dependiente de la Junta ha establecido un margen de dos años para estudiar la opción de alquiler con opción de compra que plantea el Ayuntamiento.
Pero en Pedrajas consideran que ya ha pasado demasiado tiempo desde que se comprometieran las 22 viviendas de protección oficial y no están dispuestos a alargar más los plazos, por lo que ambos grupos solicitarán una próxima reunión si de nuevo Somacyl rechaza la propuesta rubricada en pleno, en aras de buscar «medidas adicionales».
«Llevamos ya siete años esperando», espetó el alcalde, en referencia al tiempo transcurrido desde que se adjudicara la construcción de las viviendas unifamiliares adosadas en la calle Perú, de cien metros cuadrados distribuidos en dos plantas, gracias a la cesión de un terreno municipal junto al colegio Virgen de Sacedón. Y aunque se comenzaron a principios de 2012, ese mismo año la empresa entró en concurso de acreedores y hasta 2014 no se retomaron los trabajos.
En ese intervalo se subastaron los chalés entre los 113 solicitantes inscritos en el registro de demandantes de vivienda protegida pero la demora ha provocado que «los ciudadanos interesados en su día en estas viviendas buscaran otras opciones en el mercado libre», destacan los grupos en la exposición de motivos de la moción.
De hecho, sugieren también una nueva revisión de precios porque, a pesar de rebaja –de 110.000 euros iniciales a los aproximadamente 95.000 actuales–, consideran que las condiciones económicas de adquisición «siguen siendo inaccesibles para muchas familias del medio rural».