El arquitecto ve normal el sobrecoste de Meseta Ski

El carácter innovador del proyecto Meseta Ski; el cambio de material del tapiz inicial por otro mejor, y el incremento de longitud de la pista respecto al primer proyecto, hicieron «imprevisible» cuantificar a priori el encarecimiento de la obra. Ésa es, a grandes rasgos, la conclusión de la comparecencia protagonizada ayer por el arquitecto de la Sociedad para el Desarrollo de Valladolid (Sodeva), Valentín González, ante la comisión de investigación auspiciada por la Diputación.

González puso de manifiesto que la primera valoración, de 4 millones de euros (la intervención terminó costando más de 12), se efectuó sobre un proyecto básico. Ese tipo de informes «se resumen a los temas urbanísticos, y al final se establece una valoración aproximada pero no se entra a examinar en detalle».

La valoración «pudo basarse en los costes de una pista de esquí convencional», estimó el arquitecto. Pero para poner precio una pista de esquí seco «no había referencias. Eran técnicas novedosas, los precios estaban menos tasados». Ese carácter innovador llevó a la empresa y los técnicos de Sodeva a realizar una serie de viajes a pistas instaladas en otros países como Portugal, Francia o Gran Bretaña.

En todos esos viajes participó González, que dijo no saber quién en concreto los organizaba. Sólo un mes después de iniciado el proyecto, encontraron un material mejor para el tapiz, que «permitía utilizar la pista con esquíes normales en vez de otros especiales del material anterior, lo que facilitaba el acceso» y mejoraba las expectativas de afluencia de público. Ese material suponía incrementar el coste en tres millones de euros, lo que ya subió la ‘factura’ a siete.

Tierras

Otro factor que contribuyó al sobrecoste fue la prolongación de la pista, inicialmente limitada a 225 metros y después alargada a 300. «Esa extensión hizo que, ya en la fase de movimiento de tierras, los costes se incrementaran notablemente», explicó el arquitecto. Todo lo realizado hasta el momento cambiaba, incluso la ubicación de la edificación principal. Calcular el importe final se hacía otra vez más difícil.

Los miembros de la Comisión mantuvieron ayer discrepancias en cuanto a las fechas en las que se mantuvo parada la obra por orden judicial. La portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, preguntó cómo era posible que existiera una certificación de obra (la cuarta), de febrero de 2017 valorada en 4 millones de euros, y la siguiente certificación, de septiembre del mismo año, hubiera incrementado el presupuesto hasta los 9,6 millones, cuando en este periodo «la obra estuvo parada por orden judicial». El resto de los miembros de la comisión, y el técnico, discreparon en las fechas.

Tras González prestaron declaración otros tres técnicos: Rosario Herrero, María Jesús Jiménez y Luis Torroglosa. Todos ellos, según el PP, «dejaron claro que la Diputación de Valladolid actuó siempre amparada por licencias de otras administraciones». Además, acreditaron que el cambio del proyecto «estuvo motivado por las mejoras de la infraestructura de la pista».

Visión distinta manifestó la portavoz de la formación naranja, para quien los comparecientes echaron «balones fuera» y recurrieron al «manido ‘no sé nada’».

Parecida visión tuvo el portavoz de Toma la Palabra (IU-Equo), Salvador Arpa: «Me da la impresión de que la gran mayoría está desviando las responsabilidades hacia quien era el gerente de Sodeva, Luis Sánchez Valdepeñas», opinó. «Esto nos hace sospechar que éste no va a acudir a declarar, aunque quizá sea el que más pueda aclarar al respecto».