De Santiago pide a Tordesillas que retome el nombre ‘Toro de la Vega’
El consejero de la Presidencia aconseja que vuelva a la tradición una vez proscrita la muerte de la res / El TC rechaza el recurso contra la prohibición de la Junta por «falta de fundamentación»
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, planteó ayer al Ayuntamiento de Tordesillas que recupere la denominación de Toro de la Vega para el festejo, tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) había rechazado por unanimidad el recurso en defensa de la autonomía local presentado por el Consistorio Tordesillano. El procedimiento se oponía a la prohibición de la institución regional de dar muerte al astado.
De Santiago-Juárez sostuvo, en declaraciones que recogió Ical, que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, tiene el «tiempo» necesario para rentabilizar las fiestas de Tordesillas y recomendó que se recupere la denominación de Toro de la Vega, ya que este año el festejo se celebró con el nombre de Toro de la Peña.
Este cambio, a su juicio, ha «roto» la tradición por lo que pidió ahora «mirar al futuro». «Hay mucho tiempo para preparar bien esas fiestas», dijo. Para el consejero no pueden «girar sólo en torno a la muerte y maltrato a un animal». Además, el titular de la Presidencia recordó que este año en septiembre, sin matar al toro, se registró una «gran afluencia».
El vicepresidente sostuvo que la Junta de Castilla y León nunca tuvo dudas sobre la legalidad del decreto ley, que posteriormente fue convalidado por las Cortes, y consideró que ahora el Constitucional, «en bloque», ha respaldado la constitucionalidad de la norma que, recordó, modificó una parte del festejo para «adaptar la tradición a la sensibilidad de la sociedad del siglo XXI».
Sin embargo, el TC tan sólo ha rechazado el recurso planteado por el Ayuntamiento por estar «infundado» y «mal fundamentado». Así lo explicó uno de los magistrados del Tribunal, Fernando Valdés, quien subrayó que el asunto planteado por el Ayuntamiento «no se corresponde con la vía elegida». El mismo Valdés confirmó que en caso de que en el futuro se plantee la cuestión en la forma y por la vía correctas, el TC lo analizará en una cuestión de inconstitucionalidad.
El pasado mes de julio el Pleno del Ayuntamiento de Tordesillas, con los votos a favor del PSOE y del PP, aprobó plantear al Constitucional un recurso en defensa de la autonomía local, basado en la supuesta invasión de competencias por parte de la Junta. Los servicios jurídicos municipales entendieron que la ley regional que prohíbe el alanceamiento y muerte del Toro de la Vega vulnera el autogobierno municipal, y además está dirigida sólo a Tordesillas, ya que sólo en esta localidad se daba muerte al toro.
Por su parte el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, aseguró en declaraciones a Europa Press que el Ayuntamiento no se pronunciará sobre el fallo del TC. El regidor lamentó la situación de «indefensión» que sufre la Administración municipal ante la filtración de un auto que aún no se le ha comunicado oficialmente. También evitó pronunciarse sobre la propuesta de De Santiago-Juárez.
También lamentó el regidor la decisión del grupo musical LaFuga de no actuar el próximo enero en la concentración Motauros. El grupo de rock cántabro había comunicado la noche anterior, en Facebook, la cancelación. La fundamenta en que «todo lo relacionado con dicho pueblo ahora mismo tiene un recalado importante en gran parte de la sociedad y hiere más de una sensibilidad».
La organización de Motauros cree «una locura» y una «paranoia» ese argumento, pues la cita motera no tiene relación con los toros, el Toro de la Vega ya no se celebra y se va a privar a más de 10.000 motoristas de la actuación. El presidente del Motoclub Tordesillas, Juan Carlos Ruiz, calificó como «un descalabro», la cancelación del concierto.
La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba), por su parte, se congratuló de la decisión del TC de no admitir el recurso del Ayuntamiento. Para el colectivo, esa decisión supone el «espaldarazo definitivo» a la larga batalla legal de los animalistas en general, y de Anpba en particular, contra el Toro de la Vega.
Anpba aprovechó la ocasión para recordar la reciente sentencia de 2 de noviembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, dando la razón al colectivo, anuló la orden que declaraba legal el Toro Enmaromado de Astudillo, dado que el Ayuntamiento de la villa palentina no pudo combatir con éxito las pruebas presentadas.