La Diputación pone la lupa en los gastos de kilometraje

El Grupo Socialista de la Diputación Provincial metió ayer el dedo en la llaga, preguntando en la sesión de Pleno sobre un posible comportamiento reprobable en las filas ‘populares’. El resultado fue que todos los diputados, también los de su formación, salieron escaldados. A partir de ahora, la Institución aplicará ‘tolerancia cero’ en el pago de los gastos de desplazamiento de sus señorías.

La portavoz del PSOE, Teresa López, interrogó por el presunto doble cobro de kilometrajes por parte del ex diputado provincial en la legislatura 2011-2015 y alcalde de El Carpio, Máximo Gómez. El Procurador del Común fue consultado por los desplazamientos que cobró el político a la Diputación y al Ayuntamiento, cuando posee una vivienda en el alfoz de Valladolid y podría no haber realizado esos viajes: «¿Tiene conocimiento la Diputación de la resolución del Procurador del Común?», preguntó López. ¿Se le va a pedir el reintegro de lo indebidamente cobrado?».

Como respuesta el diputado de Personal, Agapito Hernández, destacó la «diligencia» de la Institución en la colaboración con el Procurador del Común «para aclarar la situación». Hizo hincapié en que se han aceptado «las recomendaciones que ha planteado». Desde Tesorería de la Institución se ha elaborado un cuestionario «para aclarar todos los diputados su residencia y otros puntos, para determinar de una forma más clara los criterios a aplicar».

Así, todos los miembros de la Institución serán fiscalizados en este asunto a partir de ahora. «En ningún momento la resolución (del Procurador del Común) dice que se haya producido un abono indebido de cantidades. Lo que dice es que se valore ‘una normativa provincial’ para pagar esos gastos de kilometraje, acomodando la normativa que hay a nivel estatal», añadió Hernández.

Con el fin de «dar cumplimiento esta recomendación» se va a crear un grupo de trabajo que consiga «mejorar, profundizar en la regulación que ahora existe en materia de gastos de viaje», concluyó el diputado. Ese grupo estará integrado por todos los grupos políticos de la Corporación provincial.

El propio Máximo Gómez envió durante la mañana un comunicado en el que mostró su «satisfacción» por la resolución del Procurador del Común, en la que «se despeja toda duda sobre las acusaciones de haber cobrado ‘dobles dietas’» durante el periodo en que compaginó su labor de primer edil con la de diputado provincial. La resolución subraya que las retribuciones salariales del primer edil «no ofrecen ninguna duda de legalidad».

En otro orden de cosas, el Pleno aprobó por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Socialista instando al Gobierno de la Nación y a la Junta de Castilla y León a ceder viviendas de las que son titulares a los Ayuntamientos donde están ubicadas, para que éstos las gestionen y las destinen a las familias con necesidades.

La moción, defendida por Carlos Mangas, persigue «garantizar el acceso a familias con menos recursos económicos, ya que en los pequeños municipios no hay bolsas de viviendas como sucede en las grandes ciudades», explicó el diputado. «Las provincias de Castilla y León, especialmente Valladolid, tienen viviendas de titularidad pública, muchas veces deshabitadas y sin mantenimiento».

Por su parte, la Diputación de Valladolid asumió por unanimidad el compromiso de hacer otro tanto con las viviendas de su propiedad ubicadas en la provincia. Para ello elaborará un censo de los inmuebles de su propiedad actualmente sin uso alguno, donde además se haga constar su ubicación y estado de conservación. En cualquier caso se valorará, en todas ellas, el coste de su recuperación para hacerlas habitables.