Del Villar no consigue que el juzgado le quite la multa

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid ha desestimado el recurso presentado por el presidente de Rueda, Pablo del Villar, en el que pedía la suspensión de la ejecutividad de la resolución de la Consejería de Agricultura yGanadería por el ‘caso de los catadores’ y ratifica la multa de 30.001 euros que le impuso la administración regional.

En una pieza del recurso contencioso interpuesto por Del Villar contra la Consejería, la juez desestima la suspensión del pago de la multa entendiendo que ésta no produce perjuicios de imposible reparación, «permitiendo su devolución a la parte afectada si a ello hubiere lugar».

La multa económica era uno de los puntos de la sanción impuesta por la Junta por el ‘caso de los catadores’. El origen de esta causa se remonta a junio de 2014, cuando Francisco Hurtado de Amézaga, responsable de Marqués de Riscal y vocal del consejo regulador de la DORueda, registró una denuncia ante la Junta por el «notable deterioro de la calidad media» de los vinos de Rueda. Y ligaba a esta percepción una serie de «hechos preocupantes» entre los que destacaba el que algunos miembros del comité de cata de la DO «con fama de rigurosos» habían sido apartados de esta función por emplazar muchos vinos (no aprobarlos como aptos para llevar contraetiqueta de Rueda), decisión que, según la denuncia, había sido adoptada por Pablo del Villar.

Esa denuncia dio origen al expediente sancionador ITA/01/2014 de fecha 19 de diciembre de 2014 contra el presidente de Rueda por «intromisión en la actividad del órgano de control de la DO mediante la suspensión de tres de sus catadores», una infracción administrativa «muy grave» e imponiéndole una multa de 30.001 euros, la más baja de las contempladas (podía ascender hasta 300.000 euros, según la Ley de la Viña y el Vino). Esta sanción advertía de que, una vez que la orden «adquiriese firmeza», Del Villar perdería su condición de vocal y de presidente.

El presidente de Rueda presentó un recurso ante el juzgado contencioso-administrativo de Valladolid contra esta resolución, solicitando la suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada y que en su parte económica ha sido desestimada.

Y la firmeza o no de la orden es lo que ha determinado los capítulos posteriores. El Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) se dirigió al pleno del consejo regulador el 24 de febrero instando a sus miembros a que cumplan el artículo 24.6 de su reglamento, el que fija que un vocal pierde su condición con una infracción muy grave con carácter firme. El pleno tuvo conocimiento el 2 de marzo en una reunión ordinaria que se suspendió, al entender el jurídico de la DO que la resolución no era firme por un recurso judicial de Del Villar, fallado en su contra el 20 de febrero.

Los letrados de la Junta consultaron al juzgado sobre la firmeza de la resolución, a lo que la juez contestó que «ha de entenderse referido a la firmeza en vía administrativa a efectos de su ejecutividad, si bien en el caso de autos la resolución sancionadora no resulta firme en vía jurisdiccional, al haberse interpuesto un recurso contencioso administrativo».

En base a esta aclaración, la directora del Itacyl, María Jesús Pascual, dirigió otro escrito al pleno de la DO el 26 de marzo en que señalaba que, una vez que la resolución era firme a nivel administrativo aunque no a nivel jurisdiccional, debía ejecutarse inmediatamente el artículo 24.6 del reglamento de la DO, con la pérdida de la condición de vocal y de presidente de la DO, e instaba al pleno a iniciar el procedimiento para elegir nuevo presidente.

El abogado de Del Villar niega que su representado tenga que abandonar su cargo ya que «el acto administrativo que pretenden ejecutar no es firme».