Visto para sentencia el juicio contra 'los 4 de Pucela': "De ser condenados, no vamos a recurrir por coherencia"

El juicio contra los cuatro activistas conocidos como 'los 4 de Pucela', acusados de irrumpir en el recorrido de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España a su paso por Valladolid para protestar contra la participación del equipo israelí, ha quedado visto para sentencia. La sesión celebrada este martes ha concluido con una rebaja de la petición de pena por parte del Ministerio Fiscal, que ha pasado de solicitar 21 meses de prisión a un año por el delito de desórdenes públicos para los cuatro encusados. Sin embargo, la acusación mantiene la petición de cuatro meses de cárcel por el delito de resistencia para dos de ellos; Jorge Lebrero, Javier Lázaro, que fueron detenidos tras la acción. Los cuatro, por su parte, reivindican su actuación y han anunciado "En caso de resultar condenados no vamos a recurrir la decisión por coherencia", explica uno de ellos ante la sala.

La jornada ha estado marcada por las declaraciones de los testigos, que han explicado la versión de lo que ocurrió durante el dia de la prueba deportiva  y de los acusados, que han explicado cómo organizaron la acción reivindicativa, los motivos por los que eligieron el punto de acceso al recorrido y la intervención policial que acabó con su salida del circuito. Javier Lázaro, Eva Minayo, Jorge Lebrero y Juan Carlos Gómez han defendido que su propósito era denunciar la situación en Palestina y mostrar su rechazo a la presencia del equipo israelí en la competición, sin poner en peligro la integridad de los corredores.

Los cuatro han reconocido que la protesta estaba planificada y que habían estudiado previamente el lugar en el que accederían al recorrido. Su intención era "conseguir la mayor visibilidad posible para trasladar su mensaje", en una jornada en la que "cientos de personas" se concentraron en la plaza de la Universidad con banderas palestinas. Los encausados han explicado que conocían la existencia de otras movilizaciones en favor de Palestina y que "no querían limitarse a permanecer como espectadores" de la prueba deportiva.

La finalidad de la acción era "conseguir la suspensión del evento deportivo" y de la participación del equipo israelí, Según ha explica Lebrero durante la declaración. Además, conocían los intervalos de paso de los ciclistas y accedieron a la calzada antes de que llegara un corredor de la formación israelí. La acción estaba preparada para durar "apenas unos segundos" y no pretendían provocar "una situación de peligro", ha sostenido .  La acción fue premeditada, "!intuía que podíamos acabar detenidos", aunque no esperaban que dos de los participantes fueran arrestados y otros dos no, ha reconocido.

En su relato sobre la intervención policial,  "los agentes no se identificaron" y que los participantes intentaron "mantenerse de pie para evitar caer al suelo", ha asegurado. Durante la acción "no opusieron resistencia activa" y que la actuación de los policías se produjo "de manera rápida",  asegura. También ha señalado que, si no se hubiera producido la intervención, probablemente habrían permanecido más tiempo en la calzada.

La elección del punto de acceso a la carrera tampoco fue casual. optaron por la zona de Arzobispo Gandásegui porque "consideraban que era el lugar menos peligroso", al tratarse de un "tramo recto y con una ligera subida" y una "curva que obligaban a los ciclistas a reducir la velocidad", manifiesta Juan Carlos Gómez .  Tras la acción tambien preveía que "era probable que acabaran detenidos", aunque ha asegurado que se quedó "completamente aturdido" después de que le lanzaran por encima de la valla, ha reconocido el acusado 

Durante su declaración ha rechazado considerarse "una persona de extrema izquierda" y ha insistido en que el objetivo de la acción era "mostrar su repulsa a Israel" y denunciar lo que consideran "un genocidio contra la población palestina". tras defender su trayectoria como "militante comunero durante más de 40 años", ha defendido Gómez  

"Apenas transcurrieron entre dos y cuatro segundos antes de que me lanzaran contra la acera", explica a ante la sala la activista Eva Minayo que  "saltó la valla con un pañuelo palestino". La intención era "permanecer más tiempo en la calzada y no abandona el lugar" porque no querían que otras personas "se sumaran a la protesta". Durante el testimonio, también ha denunciado que un ciudadano le propinó "una patada" durante los momentos de tensión.

Los cuatro organizaron una acción que no suponía "un riesgo para los corredores ni para los agentes ni ellos mismos" expone  Javier Lázaro. Reconoce que  "conocían que los ciclistas salían de la plaza de San Pablo con una diferencia aproximada de entre un minuto y un minuto y medio", explica. Los agentes "les empujaron contra la valla, les agarraron y les sacaron del recorrido en cuestión de segundos", según su versión. Además añade que "no pretendían oponer resistencia" y que nunca había sido detenido ni había tenido procedimientos judiciales anteriores.

Los acusados también han cuestionado la diferencia de trato respecto a otras personas que intentaron acceder al circuito por el paseo de Zorrilla. Una decena de participantes protagonizó otra acción en ese punto y sus integrantes únicamente recibieron sanciones administrativas, sin que se abriera contra ellos un procedimiento penal. La comparación ha sido uno de los argumentos utilizados durante la vista para defender que su actuación no debía tener una respuesta de carácter penal.

La defensa pide la absolución

Los cuatro han anunciado ante la magistrada que no recurrirán la sentencia, sea cual sea su contenido, y que tampoco solicitarán la suspensión de una posible pena de prisión inferior a dos años. Una decisión que han justificado por "coherencia personal" y por su compromiso con los motivos que les llevaron a participar en la protesta. "No tememos a la verdad, no tememos a la justicia, y a lo que tememos es al silencio y a la indiferencia", han manifestado en su alegato final. Los encausados han concluido que desean "una sentencia absolutoria", pero han asegurado que "están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos".

En el turno de conclusiones, el abogado de los cuatro encausados ha reclamado su libre absolución al considerar que no concurren los elementos necesarios para apreciar los delitos que se les atribuyen. El letrado ha centrado su argumentación en que la protesta "no generó un peligro concreto para la vida o la salud de los ciclistas, los motoristas de la organización o los agentes" que formaban parte del dispositivo de seguridad.

El letrado también ha puesto en duda que los hechos puedan considerarse una perturbación grave del orden público. Para ello, ha recurrido a la escasa duración de la protesta y al hecho de que la carrera continuara su desarrollo con normalidad. Respecto a los delitos de resistencia, el letrado ha sostenido que tampoco existió una oposición activa a la actuación policial. Se ha apoyado en las declaraciones de los agentes y en las imágenes de la intervención para defender que los participantes fueron empujados contra la valla y sacados del recorrido, sin que tuvieran posibilidad real de oponerse a la actuación de los policías.

Tras las declaraciones de los testigos, los encausados y las partes, en el turno de conclusiones, el Ministerio Fiscal modificó su petición de condena y rebajó de 21 meses a un año la pena de prisión que solicitaba para los cuatro acusados por un delito de desórdenes públicos. No obstante, mantuvo la petición de cuatro meses de cárcel por un delito de resistencia . Tras escuchar los informes finales de las partes y las últimas palabras de los encausados, la magistrada declaró el juicio visto para sentencia, por lo que ahora queda pendiente de conocer su resolución.