MEDIO AMBIENTE
Stop Biogás clama en Valladolid contra la construcción de plantas de biometano
Joaquín Antonio Pino expone que los profesionales del campo "tienen que formar parte de esta nueva cadena de valor y tienen que notar esos beneficios"

Las asociaciones y plataformas de Stop Biogás España se movilizan para denunciar el modelo de expansión del biogás y el biometano.
Stop Biogás clama en Valladolid contra la construcción de plantas de biometano. Coincidiendo con la celebración del sexto Congreso Internacional de Bioenergía que se celebra en Feria de Valladolid, la coordinadora STOP Biogás España convocó esta tarde una protesta que reunió vecinos de municipios afectados, agricultores, ganaderos, colectivos ambientales y asociaciones locales para mostrar su rechazo al actual modelo de despliegue industrial de plantas de biogás y biometano.
Desde la plataforma aclararon que el objetivo de la movilización no se dirige contra instalaciones aisladas, sino contra una dinámica de “implantación masiva” impulsada a escala nacional.
Valladolid
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Sonia Hurtado
Pino sentencia que la transición energética no puede hacerse contra el campo
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, aprovechó la inauguración del Congreso Internacional de Bioenergía, que se celebra este martes y miércoles en Valladolid, para sentenciar que la transición energética no puede hacer contra el campo y reclamó que las plantas de biogás y biometano sean rentables para el medio rural y beneficien a los agricultores y ganaderos y los vecinos de los pueblos de la Comunidad.
Pino aclaro que los profesionales del campo no pueden limitarse a proporcionar purín, estiércol, restos agrícolas o subproductos mientras otros concentran todo el valor añadido. “Tienen que formar parte de esta nueva cadena de valor y tienen que notar esos beneficios”, señaló. Para ello, apostó por que el purín o el estiércol dejen de ser únicamente un coste de gestión para convertirse en energía, nutrientes recuperado, fertilizantes y una posible fuente adicional de ingresos. Y es que aseguró que la valorización agronómica y energética de estos subproductos deben suponer una oportunidad para generar actividad, empleo y fijar población en Castilla y León. “La bioenergía debe ser también política agraria, política industrial y política de desarrollo rural”, manifestó.
En este sentido, el consejero reiteró que la transición energética solo tendrá sentido para el medio rural si sirve para resolver problemas, mejorar la competitividad de las explotaciones, generar nuevas rentas y crear actividad económica. A su juicio, la soberanía energética tampoco construirse contra la soberanía alimentaria, sino que tiene que reforzarla. “No queremos que el desarrollo energético desplace innecesariamente suelo agrario productivo ni compita con nuestra capacidad de producir alimentos, que es la función esencial del campo. Tampoco que el medio rural convertido en una simple plataforma en la que se extraen recursos para generar riqueza lejos de aquí”, añadió.
El consejero subrayó, según recogió la Agencia Ical, que Castilla y León desea inversión, empresas, innovación y aprovechar las “oportunidades” que ofrecen el biogás y el biometano. “Pero eso no significa aceptar cualquier proyecto ni de cualquier manera. Queremos proyectos, técnicamente, solventes, bien dimensionados, con una logística razonable, con una correcta gestión del digestato, con garantías para nuestros suelos y nuestras aguas, con seguridad jurídica, con transparencia y con una adecuada integración en el territorio. No se trata de desarrollar a cualquier precio, se trata de desarrollar bien”, aseveró.
Para ello, Joaquín Antonio Pino apostó por compatibilizar dos principios, que “algunos presentan equivocadamente como contrarios”: máximo rigor ambiental y máxima agilidad administrativa. En todo caso, aseguró que que simplificar no significa rebajar garantías pero, advirtió, que “proteger el medio ambiente tampoco puede significar procedimientos interminables, incertidumbre permanente o inversiones bloqueadas durante años sin una respuesta”.
Preguntado por las protestas en los pueblos contra las macroplantas proyectadas en Castilla y León, el consejero aseguró que las plataformas hablan de 500 en la Comunidad pero la realidad es esa cifra, tal vez, se alcance en “muchos” años. “En el plazo de uno o dos años, la Comunidad no va tener medio millar de industrias de este tipo. Ni mucho menos”, sentenció. No en vano, apuntó que estos proyectos son “largos y tediosos” en la tramitación pero que, además, requieren una inversión “muy alta” por lo que se tarda en ejecutarlos.
Joaquín Antonio Pino volvió a repetir que la Consejería tiene claro que lo primero que hay que analizar es la ubicación, para que sea buena y no moleste a ningún vecino del municipio ni a otros pueblos cercanos. “No queremos que echen a la gente del medio rural”, apuntó. Pero también apostó por que las plantas cuenten con las tecnologías y la innovación más modernas.
El titular de Agricultura también mencionó la “evidente” dimensión nacional por que cada unidad de energía que se produce con recursos propios en la Comunidad es una energía que deja de importar del país y, por tanto, reduce la dependencia exterior y aumenta la autonomía de España. Fue entonces cuando dijo que España no puede aspirar a ser fuerte si aumenta, simultáneamente, su dependencia exterior en alimentos, energía y fertilizantes.
Por último, se refirió al papel que debe jugar el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), una herramienta “extraordinaria” que trabaja desde hace años en digestión anaerobia, biogás, purines, tratamiento de digestatos y recuperación de nutrientes, además de desarrollar nueve proyectos de I+D+i directamente relacionados con estos ámbitos. “Pero la investigación tiene que salir del laboratorio, tiene que llegar a la explotación, tiene que reducir costes, mejorar procesos, generar ingresos y ayudar al profesional a producir más y mejor utilizando de forma más eficiente sus recursos”, explicó
Por su parte, el presidente de Avebiom (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa), Javier Díaz, apuntó que el sector está “muy animoso”, consciente de las grandes posibilidades que existen para implantar proyectos de gases renovables en el país y, en concreto, en Castilla y León.
Señaló que este congreso coincide en un momento con un repunte de los precios de la energía y los combustibles. De ahí la oportunidad que significa el biogás pero también el biometano, que tiene la misma molécula que el gas natural. Es decir, muchos proyectos de basan en inyectar el biometano producido en las redes de gas natural. Fue entonces cuando recordó, según Ical, que España tiene más de 100.000 kilómetros de redes de gas, que facilita que el biometano llegue a las industrias y los hogares, sin tener que modificar ninguna de sus instalaciones. “Vamos a rebajar la factura de importación de biocombustibles fósiles y vamos a utilizar algo que es nuestro, que deja el valor añadido y deja los empleos, los impuestos en nuestro país”, concluyó.

Las asociaciones y plataformas de Stop Biogás España se movilizan para denunciar el modelo de expansión del biogás y el biometano.
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