El informe jurídico obliga al alcalde de Valladolid a recular e incluir el término violencia de género en el protocolo de VIVA

El protocolo de acceso al programa de viviendas blancas de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), destinado a colectivos en situación de vulnerabilidad, tendrá que cambiar después de que el informe firmado por el secretario general del Ayuntamiento Jesús Mozo, y encargado por el alcalde Jesús Julio Carnero, considere que la redacción aprobada por la sociedad de vivienda el pasado 28 de mayo "no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género" y plantee introducir de forma expresa a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. La modificación deberá aplicarse, además, con carácter retroactivo desde la aprobación del procedimiento de baremación. 

El punto que ha provocado la polémica está en la forma en la que el protocolo recogía a las víctimas. El texto hacía referencia a la "situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar, terrorismo", pero no mencionaba de forma específica a las mujeres víctimas de violencia de género. Mozo establece en su informe que ambas situaciones no pueden recibir el mismo tratamiento y recuerda la protección que la legislación estatal y autonómica reconoce de forma específica a las víctimas de violencia de género.

La solución pasa por modificar el protocolo, el modelo de solicitud y el anexo correspondiente. La nueva redacción deberá incluir la condición de "mujer víctima de violencia de género", de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004 y la normativa de Castilla y León. El documento señala que estas mujeres deben tener la consideración de colectivo prioritario.

El Ayuntamiento asumirá el cambio. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, aseguró a través de un audio enviado a los medios de comunicación que el Gobierno municipal no tiene inconveniente en seguir las indicaciones de la Secretaría General. "Si esas recomendaciones tienen que ser y tienen que estar, no tenemos ningún inconveniente, sino todo lo contrario", afirmó. 

El edil dejó claro que, a juicio del Ayuntamiento, la modificación del protocolo no cambia su posición sobre la violencia de género. "Este Ayuntamiento con el alcalde al frente tiene claro absolutamente que la violencia de género debe de ser protegida", puntualizó antes de definir esta violencia como "una lacra social" y defender que "las administraciones deben hacer todo lo posible para ponerle solución"

Zarandona cuestionó, en cambio, que la polémica se haya producido meses después de la aprobación del protocolo. De hecho, recordó que el texto se aprobó a finales de mayo y señaló que "no ha habido ningún ruido ni ninguna alerta hasta finales de agosto". También apuntó que en el consejo de administración de VIVA estaban presentes representantes del PSOE y de Valladolid Toma la Palabra.

Una de las cuestiones que el concejal de Urbanismo y Vivienda quiso diferenciar es el funcionamiento de VIVA y la atención de los servicios sociales municipales. "VIVA no son servicios sociales del Ayuntamiento", explicó antes de añadir que los servicios sociales atienden las situaciones urgentes, incluida la violencia de género, mientras que la sociedad de vivienda gestiona un programa de viviendas al que se accede mediante un sistema de baremación.

El informe jurídico llega después de que Carnero encargara a la Secretaría General que analizara el protocolo para despejar las dudas planteadas en torno a su contenido. Ahora, el Gobierno municipal prepara una nueva redacción que deberá pasar por el Consejo de Administración de VIVA, que se celebrará este viernes. 

El PSOE considera que el resultado supone un revés para el Ayuntamiento. "Es una victoria de las mujeres y de todas las personas que tenemos claro que la violencia de género es un problema gravísimo en nuestra sociedad y que entre todos tenemos que acabar con él", aseguró Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

A su juicio, supone "una derrota jurídica y política que deja retratado a Carnero", al que acusa de haber intentado, "abrazado a sus socios de ultraderecha", discriminar a las víctimas. El portavoz socialista defendió que la polémica se enmarca en el debate sobre la aplicación de una ley orgánica contra la violencia de género que, según ha recordado, fue aprobada hace 22 años. "Nos quieren hacer retroceder, pero la respuesta y la movilización de los colectivos de mujeres han sido determinantes", añadió. 

Coordinadora de Mujeres: "Es una buena noticia"

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid celebró la decisión de Carnero de rectificar y recuperar de forma expresa el término 'violencia de género' en el protocolo y el baremo de acceso a la vivienda social de la VIVA.

La organización consideró que esta medida es "una buena noticia y un paso en la dirección correcta", ya que las mujeres víctimas de violencia de género deben figurar reconocidas explícitamente como colectivo de especial protección en las políticas públicas de vivienda, informa Europa Press. 

Yolanda Martín, portavoz de Coordinadora de Mujeres de Valladolid, calificó la decisión como "buena" cuando están en juego los derechos de las mujeres. En este sentido, subrayó que no entienden la rectificación como una derrota, sino como "una victoria de todas" las mujeres. En esta misma se expresó la también portavoz Paula Granado, quien destacó que nombrar la violencia de género supone "reconocerla y proteger a quienes la sufren". 

De igual manera, destacó la movilización feminista de la ciudad, que ha mantenido esta reivindicación "durante semanas" para conseguir que el asunto permaneciera en la agenda pública. 

Desde la Coordinadora recalcaron que la sustitución del término 'violencia de género' por 'violencia doméstica' no era un mero cambio terminológico, debido a que la 'violencia de género' "responde a una realidad específica con un reconocimiento propio en el ordenamiento jurídico".

Por ello, la entidad insistió en la importancia de que la modificación quede formalmente aprobada tras la convocatoria del Consejo de Administración de VIVA, con el fin de introducir los cambios fijados en el informe jurídico.

Del mismo modo, avanzó que se mantendrá atenta al proceso de modificación definitiva para garantizar que se mantengan la protección y la puntuación específicas. 

Redondo: "Es un triunfo del movimiento feminista"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su parte, consideró la decisión "un triunfo del movimiento feminista" frente a lo que calificó como "una ilegalidad" reconocida por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. También acusó a PP y VOX de intentar "desproteger a las víctimas de violencia de género" en el acceso a una vivienda social y defendió que este recurso es "un derecho indispensable" para que "muchas mujeres puedan salir de situaciones de violencia e iniciar una nueva vida". 

De igual manera, situó el caso de Valladolid en un contexto más amplio. A su juicio, la ciudad podría convertirse en el punto de partida de un "desmantelamiento" de la red de protección de las mujeres víctimas de violencia de género que después se extendiera a otros municipios y comunidades autónomas. "La igualdad no se toca y las víctimas de violencia de género se protegen", apostilló. 

Redondo reivindicó también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y defendió que la protección de las víctimas constituye "una política de Estado" que se ha construido durante los últimos 20 años.

VTLP: "Es una victoria de la movilización feminista"

Para la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTL), Rocío Anguita, la rectificación del Ayuntamiento supone "una victoria de la movilización feminista" y demuestra que "la presión social era necesaria". “Hoy tenemos una constatación muy importante: el propio informe jurídico del Ayuntamiento confirma que el protocolo aprobado por VIVA no se ajustaba a la legislación sobre violencia de género. Lo que llevábamos días reclamando no era una cuestión de interpretación política: era garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género estuvieran reconocidas y protegidas de manera específica en el acceso a la vivienda pública”.