Cultura exige explicaciones a Adif por derribar el cerramiento de Campo Grande pese a reconocer que carece de protección

Tres días después de que Adif retirase el cerramiento de la estación de trenes la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte lanza un comunicado para en el que "lamenta la pérdida de un elemento histórico vinculado durante más de un siglo a la imagen de la estación". "Por respeto al patrimonio y a los ciudadanos, considera imprescindible aclarar con rigor quién ha proyectado, autorizado y ejecutado esta actuación, evitando trasladar responsabilidades a una Administración que no ha participado en ninguna de esas decisiones", señala la nota en la que se reconoce que este elemento no estaba protegido ni bajo la figura BIC (Bien de Interés Cultural) ni en el catálogo del PGOU de Valladolid.

"La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte no proyectó el derribo, no lo autorizó y no lo ejecutó. Su intervención en estas obras se circunscribe a las competencias que legalmente le corresponden en materia de tutela arqueológica. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural está realizando ese seguimiento y, el pasado 11 de agosto, recibió de conformidad el informe parcial de control y documentación arqueológica presentado por ADIF, dejando expresamente establecido que las obras continúan sometidas a supervisión y que deberá presentarse la correspondiente memoria final", explica sobre el papel de la Junta en las obras.

Por ello, la Consejería señala que deber ser Adif quien explique "porqué optó por un diseño que implicaba la desaparición de un elemento histórico perfectamente reconocible del entorno de Campo Grande y porqué no contempló su conservación, integración o reutilización dentro de la nueva plaza".

"Lo sucedido tampoco puede analizarse de manera aislada. Es una consecuencia más de una política ferroviaria impuesta por el Ministerio de Transportes tras su renuncia al necesario soterramiento de las vías en Valladolid. El Gobierno de España decidió abandonar esa solución y sustituirla por un modelo de integración que está transformando profundamente el entorno de la estación. Y cuando se impone una actuación de esta envergadura frente a las aspiraciones de una ciudad, existe una obligación todavía mayor de medir cada decisión y valorar hasta sus últimas consecuencias su impacto urbano, histórico y patrimonial", expone el comunicado en el que pide explicaciones a Adif por la retirada del muro exterior.

La Consejería de Cultura va más allá y se mete de lleno en el debate de integración o soterramiento. "Su empeño en sacar adelante este modelo ferroviario (integración) no puede convertirse en una sucesión de hechos consumados que vaya alterando la fisonomía y la memoria de la ciudad sin la sensibilidad que merece. La desaparición de este cerramiento histórico es una seria advertencia de lo que puede ocurrir cuando la ejecución de una gran infraestructura prima sobre una visión integral del entorno en el que se interviene". 

Por eso todo ello, Cultura exigirá al Ministerio y a Adif "explicaciones, transparencia y, sobre todo, el máximo respeto al patrimonio en todas las actuaciones que todavía quedan por ejecutar."

De este modo, se pedirá la información relacionada con el "cerramiento la información gráfica previa a su retirada y el destino dado a los elementos pétreos conservables, especialmente los pilares y remates históricos. Asimismo, se solicitará su conservación con el objetivo de estudiar su posible recuperación e integración en la futura ordenación del entorno".

La Consejería de Alberto Díaz Pico reclamará,al Ayuntamiento de Valladolid la documentación correspondiente a las autorizaciones emitidas en el ámbito de sus competencias, "con el único propósito de disponer de toda la información y verificar que se han cumplido correctamente los procedimientos previstos en la legislación de patrimonio cultural".

Por otro lado, la Consejería lanza un mensaje "a quienes reclaman la apertura inmediata de expedientes sancionadores": "La defensa del patrimonio debe hacerse desde la ley y no desde la utilización política de la ley. No puede sancionarse una actuación por el mero hecho de que genere rechazo o controversia. La potestad sancionadora exige la existencia de una infracción legalmente tipificada y, con la información disponible hasta este momento, no existe fundamento jurídico para afirmar que se haya producido una infracción sancionable. Si del análisis de la documentación requerida surgiera cualquier irregularidad, la Consejería actuará con toda la contundencia que permita la legislación vigente".

Cultura afirma que quiere evitar que "situaciones semejantes puedan repetirse". Para ello "reforzará el seguimiento patrimonial de las siguientes fases de las obras de la estación, especialmente de aquellas que puedan afectar al edificio histórico y a su entorno, y se estudiará de oficio la protección de los elementos más relevantes del patrimonio ferroviario de Campo Grande mediante las figuras incorporadas a la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León".

Asimismo, la Consejería propondrá la puesta en marcha de mecanismos específicos de seguimiento y coordinación sobre el Conjunto Histórico y el patrimonio ferroviario e industrial de la ciudad: "Nuestro objetivo no es buscar excusas después de que desaparezca un elemento histórico, sino anticiparnos, identificar aquello que merece ser conservado y utilizar todos los instrumentos que ofrece la ley para protegerlo antes de que sea demasiado tarde".

Cultura lamenta la desaparición del cerramiento, rechaza "cualquier intento de atribuir a la Consejería una decisión que no tomó ni autorizó" y exigiría tanto al Ministerio como a Adif las "explicaciones correspondientes": "Utilizaremos nuestras competencias para reforzar la protección del patrimonio ferroviario que permanece".

"El patrimonio de Castilla y León se defiende con rigor, con responsabilidad y actuando. Y eso es exactamente lo que va a hacer esta Consejería", sentencia el comunicado.